Declaraciones institucionales con motivo de los pronunciamientos de la Fiscalía General del Estado y la Abogacía del Estado hacia los presos políticos

Presidente del Parlament de Catalunya, Roger Torrent i Ramió

La petición de penas que han hecho hoy la Fiscalía y la Abogacía del Estado en el escrito de acusación contra los procesados en relación con el referéndum del 1 de octubre del 2017 nos lleva a pronunciarnos conjuntamente.

Hoy en el escrito de acusación presentado contra los legítimos representantes del pueblo de Catalunya, líderes de la sociedad civil, mandos policiales, a ellos la Fiscalía les pide penas que suman más de 200 años de prisión. 200 años contra demócratas, contra gente de paz, con quienes se puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero que en ningún caso han cometido ningún delito. Es inaceptable.

Es inaceptable que personas que han demostrado su compromiso con la democracia y las vías pacifias de actuación política, sean acusados de delitos como la rebelión, la sedición, la desobediencia o la malversación.

Se trata de políticos y dirigentes sociales honorables, que actuaron siempre de acuerdo con los principios de la libertad de expresión, la libertad de participación y contra todo tipo de violencia, viniera de donde viniera.

El escrito de la Fiscalía se presenta formalmente contra 22 personas, pero en la práctica se acusa a la inmensa mayoría de los ciudadanos de este país. Una mayoría que sabe que el conflicto entre Catalunya y el estado tiene que resolverse políticamente. Porque en este proceso no se persiguen personas, se persiguen ideas. Pero aquellos que lo hacen no saben que las ideas no se pueden encarcelar. No saben que no renunciaremos nunca a decidir democráticamente nuestro futuro. No saben que no claudicaremos ante la represión.

El escrito de acusación se construye sobre una ficción perversa que pretende criminalizar el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales por parte de los ciudadanos y las ciudadanas de Catalunya. No lo permitiremos.

Organizar un referéndum no es delito. Poner las urnas nunca puede ser un delito en democracia. Es por eso que consideramos que la Fiscalía del Estado Español en este proceso judicial no actúa con un anhelo de justicia, sino de venganza hacia funcionarios, altos cargos, diputados, miembros del Govern y de la mesa y hacia la presidenta del Parlament de Catalunya.

Recordamos también que las euro-ordenes contra los exiliados fueron rechazadas por tratarse de un conflicto político, no criminal ordinario. Es por eso que el juez Llarena las retiró y son ahora ciudadanos libres en todo el mundo menos en el Estado Español.

Mostramos también nuestra preocupación por la carencia de condiciones de defensa de los procesados en el juicio a consecuencia de su condición de presos preventivos. Y es esta prisión preventiva, que ya supera el año en buena parte de los encausados, una condena avanzada y absolutamente injustificada que demuestra que la causa está más inspirada en la venganza que en el sentido de justicia.

Presidente de la Generalitat de Catalunya, QuimTorra

No hay rebelión, no hay ningún delito. No lo decimos sólo el presidente del Govern, el presidente del Parlament, los consejeros y consejeras y una mayoría de diputados y diputadas de esta Cámara. Lo sostienen más de un centenar de catedráticos y doctores penalistas de todo el Estado, ninguno de ellos sospechoso de ser independentista. Y también los países europeos, negando las euro-ordenes del juez Llarena. Incluso el ex-ministro de Hacienda ha dejado claro que no hay malversación.

La inmensa mayoría de la sociedad catalana sabe que no hay delito, porque todos y todas los que vivimos lo que sucedió el octubre pasado sabemos que la única violencia que hubo fue la de la policía nacional y la guardia civil pegando gente pacífica que únicamente quería votar.

De hecho, la Fiscalía esta criminalizando a los más de 2 millones de personas que el primero de octubre defendieron la democracia con su propio cuerpo. Y ante estas evidencias el presidente Sánchez ha decidido no actuar, lo que es lo mismo que ser cómplice de la represión. Y no, que la Abogacía del Estado acuse de sedición en vez de rebelión, no es un gesto, es un desprecio absoluto a los demócratas encarcelados.

Hoy el gobierno español ha perdido una oportunidad de oro para sacar de los tribunales el conflicto que se vive en Catalunya y volverlo a la política, que es donde tiene que estar.

Quizás cree que así ganará unos cuántos votos, pero lo que está haciendo es profundizar en una injusticia democrática, que afecta no sólo a los independentistas, sino sobre todo a la propia democracia española. ¿Porque, cuánta represión puede aguantar la democracia española? ¿Cuántos demócratas pueden aceptar que se retenga Catalunya por la fuerza? ¿Alguien cree que pidiendo 200 años de prisión para los líderes independentistas desaparecerán los más de 2 millones de personas que quieren una República Catalana? ¿Alguien cree que con más represión se acabarán las ansias de libertad de la mayoría de la sociedad catalana? Al contrario. Cada vez nos hemos levantado siendo más fuertes, siendo más, estando más determinados. Y por eso persistiremos, como lo hacen todos los presos políticos y exiliados, como lo hacen todas las presas políticas y exiliadas. Cómo lo hacen los más de mil represaliados que hay en el país.

Compartimos con todos los catalanes y las catalanas la inmensa indignación al ver la petición de penas interminables a gente buena, a gente de paz. Pero trabajamos y trabajaremos sin descanso para convertir toda esta indignación en energía positiva, para encarar con fuerza, determinación y unidad estos momentos graves. Y nos necesitamos a todos.

Apelamos al espíritu del 3 de octubre, porque instituciones, sindicatos, entidades y ciudadanía avanzamos sin descanso alrededor de los grandes consensos que nos unen: fin de la represión, libertad por los presos políticos y libre regreso de los exiliados, y una solución democrática al conflicto en Catalunya ejerciendo el derecho efectivo en la autodeterminación.

Convocar un referéndum no es ningún delito; es democracia. Y no pararemos hasta que los presos no sean libres, los exiliados vuelvan a casa, y se acabe la represión contra todos aquellos que ayudaron a dar voz al pueblo.

Ex-presidente de la Generalitat de Catalunya en el exilio, Carles Puigdemont

Cuando se cumple un año del encarcelamiento de parte del Gobierno de Cataluña, justamente hoy, los poderes del Estado Español acaban de hacer pública la petición de prisión por los delitos de rebelión y de malversación contra la mayoría de ellos. Y también contra la cúpula del departamento de interior del Govern de Catalunya.

El estado en su conjunto, desde el rey hasta la fiscalía, continúan ejerciendo de hecho una venganza contra un Gobierno, contra un Parlamento y contra una buena parte de la población que les dijo “¡Así, no! ¡Así no queremos continuar formando parte de este estado!”.

Y se lo dijimos de manera democrática, a través de las urnas, y también de manera pacífica, a través de un muy claro compromiso, un compromiso irrenunciable con la no-violencia.

Hoy, en el Estado Español, poner urnas se ha convertido en el peor crimen que se puede cometer.

El estado de derecho se resiente desde el momento en que personas como Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Balsa, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez son encarceladas sin haber cometido ningún crimen. Personas que han militado y que militan en el pacifismo y la convivencia, que se han puesto al servicio de los ciudadanos para poder contribuir a hacer posibles los anhelos a los que estos ciudadanos tienen derecho, convencidos que esto es, de hecho, el propósito de un sistema democrático.

Personas, que con su actitud, como el resto de políticos en el exilio, y también la de los ciudadanos perseguidos por haber participado en las protestas, todas ellas han contribuido a la paz y a la no-violencia durante todo el tiempo que tuvieron responsabilidades o acción.

No se puede decir lo mismo de los poderes del estado.

Pero quiénes serán juzgados bajo las peores acusaciones serán los que previnieron toda violencia y quien los acaba acusando es un estado que hizo de la violencia policial y judicial el único camino para evitar la independencia de Catalunya.

Ante esto, queridos conciudadanos y conciudadanas, tenemos que dirigir nuestra voz al mundo. Y tenemos que dirigirla a Europa en particular y, aún más, de forma más concreta, a los demócratas del Estado Español. Vuestra voz es más necesaria que nunca. Os necesitamos, os queremos sentir en un momento en el que el estado de derecho peligra. En el qué Europa corre el riesgo de perder credibilidad como espacio que protege a las libertades y los derechos civiles y políticos de todo el mundo.

Tener presos políticos es una vergüenza! Hacer un juicio político, perseguir y condenar personas por su acción política es traspasar todas las líneas rojas.

Europa no se puede hacer cómplice, con su silencio, de este abuso.

A nosotros nos tocará persistir en la denuncia de esta regresión democrática que se produce en el Estado Español. Hecho que es uno de los motivos por los cuales queremos vivir en una república libre y sin ningún tipo de miedo. Una república en que la cabeza del estado lo elijamos entre todos y en qué nadie vaya a prisión por defender y ejercer derechos que de hecho están contemplados y protegidos, o tendrían que estarlo, en la carta de las Naciones Unidas.

Continuaremos la lucha, todavía con más determinación, por todos los presos y las presas. Por todos los ciudadanos que desean vivir en libertad.

Alcaldesa de Barcelona, Ada Colau

declaraciones del 2 de noviembre de 2017