Solo en 2018, existe constancia de la muerte o desaparición de 518 personas intentando llegar a España, aunque según la OIM, por cada muerte confirmada hay dos por confirmar.

Las personas muertas y desaparecidas son resultado de verdaderas políticas racistas y asesinas

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha lamentado la inacción de los Gobiernos españoles y europeos, a pesar de la “sangría cotidiana e insoportable que vivimos en la Frontera Sur del Estado español”, donde existe constancia de que casi 8.000 personas han perdido la vida desde que hoy hace 30 años, naufragara la primera patera en nuestra costas.

Era el 1 de noviembre de 1988 cuando el fotógrafo Ildefonso Sena inmortalizó en la playa de Los Lances de Tarifa, el cuerpo sobre la arena de la primera persona que murió en el naufragio de una patera con 23 migrantes marroquíes, en la que murieron ahogadas 18 personas.

Tras ese 1 de noviembre, poco se ha hecho para impedir que estas muertes se sigan produciendo y mucho para hacer de “la represión, el encierro y las expulsiones, la única política de gestión de los flujos migratorios”, asegura la organización. Se trata de una verdadera política racista, afirma, de “un racismo institucionalizado que tiene como consecuencia que las personas pierdan su vida durante las migraciones”.

Desde el año 2000 a 2018 la Secretaría de Estado de Seguridad afirma haber destinado 249 millones de euros (datos adjuntos) al Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), que es el encargado de vigilar la Frontera Sur. Los miles de millones de euros dedicados a levantar vallas, alambradas, concertinas, patrulleras, externalización de fronteras y alta tecnología para reforzar las fronteras hacen que las personas cada vez se vean obligadas a migrar por rutas más peligrosas.

Solo en 2018, existe constancia de la muerte 239 personas y de la desaparición de 279, 518 en total, en realidad esta cifra de víctimas es muy superior. Los expertos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), estiman que por cada persona que se ha comprobado su fallecimiento otras dos no su supo nunca de ellas. Esta estimación llevaría a triplicar el número de personas que pierden la vida intentando llegar a España.

Las personas muertas y desaparecidas son resultado de verdaderas políticas racistas y asesinas en estos últimos 30 años, denuncian. “Nos indigna tan solo recordar las decenas de cadáveres en las playas de Rotaen el año 2003, la persecución de los vecinos y vecinas que ayudaban a estas personas, la muerte impune de 14 personas[1] a ambos lados de la frontera de Ceuta y Melilla en 2005, el sonido de las pelotas de goma y los botes de humo contra los migrantes que intentaron llegar a la playa de El Tarajal en Ceuta el 6 de febrero de 2014. 15 personas murieron”, relata la asociación.

España alcanza “una siniestra media anual aproximada de más de 260 personas muertas”, llegó a su máxima histórica en el año 2006, con 1.167 personas coincidiendo con la que se llamó la “crisis de los cayucos”.

El resultado está a la vista, explican, son políticas fracasadas alimentadas por el negocio de la xenofobia, que no consiguen cumplir sus objetivos declarados de control y rechazo. Pero que, por el contrario, provocan enormes sufrimientos y, como se ve, miles y miles de muertos.

“La sociedad europea va por delante de nuestros gobernantes, insensibles y crueles, supeditados a intereses inconfesables y miedosos ante el futuro. Tenemos que seguir preguntando cuánto tiempo más vamos a tener que seguir siendo testigos de esta barbarie”, reclaman.

La Asociación Pro Derechos Humanos afirma que va a seguir cuestionando todas las medidas que se establezcan bajo una falsa hipocresía de protección y seguridad y exigiendo cambios en las políticas migratorias y de asilo que prioricen de forma absoluta el respeto y garantía de los derechos humanos por encima de oscuros intereses económicos o dependencias ideológicas.