Por Wambi Michael
Todavía no se sabe nada del procesamiento de los soldados que hace un mes propinaron una dura golpiza al fotógrafo James Akena, de Reuters, en Uganda.
En agosto circuló en las redes sociales el horrible video en el que se ve cómo miembros de la Fuerza de Defensa del Pueblo de Uganda golpeaban al fotógrafo mientras él levanta las manos en señal de entrega; estaba desarmado y solo sostenía su cámara.
Akena sufrió cortes profundos en la cabeza y heridas en manos, cuello y dedos que lo dejaron en el hospital, y todavía no ha podido reintegrarse al trabajo.
Un mes después del episodio de tortura, se desconoce si los agresores fueron procesados, a pesar de un comunicado del ejército condenando la conducta poco profesional y anunciando su detención, así como las garantías de que serían castigados.
Se tomaron acciones contra los soldados, aseguró el jefe de la Fuerza de Defensa, general David Muhoozi, en entrevista con IPS.
“No necesitamos que nadie nos recuerde que tenemos que castigar a quienes torturan. Tomaremos medidas contra los agresores del periodista”, indicó.
“Fueron detenidos; está en nuestro ADN luchar contra quienes hacen el mal”, apuntó.
Akena tomaba fotos de los manifestantes que protestan contra la detención y las torturas sufridas por el músico popular devenido político, Robert Kyangulanyi, conocido como Bobi Wine.
Akena tomaba fotos como testimonio de denuncia de la conducta brutal del ejército y de la policía en la represión de manifestaciones.
Una semana después, el presidente Yoweri Museveni dijo a los legisladores de su partido, el Movimiento de Resistencia Nacional, que su seguridad había confundido a Akena con un ladrón que trataba de aprovecharse del desorden de la manifestación.
Pero la violencia contra los periodistas continúa a pesar de las garantías ofrecidas por las fuerzas del orden, se lamentó el director ejecutivo de la Red de Derechos Humanos para los Periodistas, de Uganda, Robert Sempala.
Alrededor de 30 profesionales fueron agredidos por el ejército entre el 20 de agosto y el 22 de septiembre.
“Insisten en que ya detuvieron a esos soldados, pero el ejército no ha dado a su identidad. Todavía esperamos ver que los castiguen o buscaremos otros remedios, incluso acciones legales”, aseguró Sempala.
Maria Burnett, directora adjunta de Human Rights Watch en África oriental, duda de que la detención de los responsables de las agresiones contra Akena implique una mejoría de las condiciones de trabajo para los periodistas.
“Las fuerzas de seguridad han golpeado a periodistas sin grandes consecuencias durante años en Uganda. Otros órganos estatales han censurado las coberturas sobre la violencia a manos del ejército”, recordó Burnett.
“Golpear periodistas tiene dos propósitos: atemorizar a los que cubren acontecimientos políticos sensibles y, a veces, impide que las pruebas de soldados golpeando o hasta matando civiles, salgan a la luz”, explicó.
Las amenazas y las intimidaciones contra los profesionales de la prensa restringen el acceso a la información, que podría servir a cuestionar al gobierno.
“Con el mayor número de cámaras disponibles, golpear y censurar al mensajero a la larga ya no es factible”, acotó Burnett.
“No hará más que alimentar el periodismo ciudadano y plantear más preguntas sobre por qué el gobierno recurre a la violencia frente a las críticas”, añadió.
Por su parte, Peter Mwesige, académico y director del Centro Africano para la Excelencia de los Medios, opinó: “Esto es inaceptable. Urgimos al gobierno a que detenga a los integrantes de las fuerzas armadas responsables de la erosión de la libertad de prensa y de expresión en Uganda”.
“Como ya dijimos, la libertad de prensa y de expresión no se trata solo del derecho de los periodistas y de los medios a recibir y difundir información”, precisó.
Impedir que los profesionales cubran manifestaciones y episodios de violencia impide que la ciudadanía se entere de lo que ocurre en el país, puntualizó.
“No hay grado de imperfección de nuestros medios que justifique el abuso deliberado de las fuerzas de seguridad contra los periodistas”, subrayó Mwesige.
La directora ejecutiva adjunta del Centro para la Gobernanza Constitucional, Sarah Bireete, dijo a IPS que la violencia contra los periodistas forma parte del menguante espacio cívico en Uganda.
Hubo intentos de silenciar a las organizaciones de la sociedad civil que trabajaban en el ámbito de la gobernanza y la rendición de cuentas, apuntó.
“Esos abusos se siguen extendiendo a otros sectores, como los periodistas y activistas, quienes desempeñan un papel clave exigiendo responsabilidad a los gobiernos y organismos estatales”, indicó Bireete.
El gobierno ugandés recurre a las leyes nacionales para acusar a los profesionales de la prensa y revocar licencias de radiodifusión sin respetar el debido proceso, además de recurrir a otras formas de represión.
La Comisión de Comunicaciones de Uganda utilizó sus potestades no controladas y mal definidas para regular a los medios.
Por ejemplo, el 19 de septiembre ordenó a las emisoras de radio y televisión que no cubrieran el regreso de Kyangulanyi al país. El legislador regresaba de Estados Unidos, donde recibió tratamiento por las torturas sufridas a manos del ejército. La mayoría de los medios siguió la directiva.
El gobierno incluso llegó a restringir la libertad de prensa al reducir el número de corresponsales en el país.
La Asociación de Corresponsales Extranjeros de Uganda (FCAU) divulgó el 12 de septiembre un comunicado llamando al gobierno a dejar de impedir que los periodistas tramitaran la acreditación necesaria para trabajar.
Por lo menos 10 periodistas no consiguieron los documentos necesarios, a pesar de cumplir con todos los requisitos.
“Impedir que los periodistas extranjeros trabajen en Uganda se suma a los últimos episodios de intimidación y violencia que estos soportan. E impedir que algunos medios internacionales se instalen legalmente en Uganda es otro intento de amordazar a la prensa”, reza el comunicado.
El artículo 29 de la Ley de Prensa y Periodistas estipula que todos los periodistas extranjeros que deseen trabajar en Uganda deberán tramitar una acreditación ante el Consejo de Medios a través del Centro de Medios.
Los profesionales de la prensa deben abonar el costo no reembolsable de la acreditación, de acuerdo a la duración de su permanencia en el país.
IPS conoce a varios profesionales que se fueron del país por no haber conseguido la documentación necesaria para trabajar en Uganda.
El director del Centro de Medios, Ofwono Opondo, dijo a IPS que el gobierno no interrumpió la entrega de acreditaciones a los periodistas extranjeros, sino que revisa la reglamentación.
“No hace mucho fue deportado el periodista de la BBC, Will Ross”, recordó Magelah Peter Gwayaka, abogado de derechos humanos de la organización no gubernamental Chapter Four, dedicada a defender los derechos humanos y civiles.
La consecuencia es que obliga a los periodistas a acobardarse, a dejar de reclamar que las autoridades se hagan responsables, así como todo lo que hace que una democracia funcione”, apuntó.
“Si el ejército va a frenar a los manifestantes y golpea a los periodistas, como vimos el otro día, ¿ninguna organización puede reclamar que rinda cuentas ni que detenga a los responsables?”, se preguntó.
Traducción: Verónica Firme
