Hace poco menos de dos semanas, la India deportó a siete hombres de la minoría islámica Rohingya a Myanmar. Tratemos de analizar las motivaciones de este gesto y los efectos de las reacciones de la comunidad internacional.
En primer lugar, hay que señalar la situación de la minoría rohingya en la India: la legislación india simplemente los considera inmigrantes irregulares y, por lo tanto, parece ignorar por completo su situación de éxodo forzado, resultante de la reciente campaña de limpieza étnica -así ha definido las Naciones Unidas la escalada de violencia en el Estado de Rakhine- perpetrada por Tatmadaw (el ejército birmano) contra ellos. En consecuencia, no disfrutan de ninguno de los derechos de los que podrían y deberían beneficiarse: de este marco jurídico surge, por lo tanto, la disposición de su repatriación. Esta decisión fue fuertemente atacada por la comunidad internacional y, en particular, por Tenday Achiume, Relator Especial de la ONU sobre el racismo. Entrevistado por Al Jazeera, no sólo subrayó la gravedad de la operación desde el punto de vista humanitario, sino que también declaró que, al no reconocerles la condición de refugiados, la India podría ser objeto de sanciones porque estaría violando las obligaciones jurídicas contraídas en virtud del derecho internacional.
En los últimos días, el Gobierno de la India también ha reiterado su intención, ya expresada en agosto del año pasado, de repatriar a todos los inmigrantes rohingya en el país. Sería una operación aparatosa dado que en la India hay unos 40.000 rohingya, todos ellos reconocidos oficialmente como refugiados por la ONU, de los cuales 18.000 están en posesión de un documento oficial de identidad, proporcionado directamente por las Naciones Unidas para evitar soluciones drásticas como las que se han adoptado recientemente. A este respecto, algunos corresponsales de Al Jazeera entrevistaron a algunos de estos refugiados, obteniendo declaraciones nada menos que emblemáticas; un ejemplo es el testimonio de Jafir Alam, quien dice: «En lugar de repatriarnos a Myanmar, mátennos directamente aquí en la India». Esto demuestra que, hasta la fecha, el destino de un rohingya deportado a Myanmar ya está escrito.
En respuesta a los recientes acontecimientos, la Unión Europea ha propuesto aumentar tanto las sanciones económicas como el embargo de armas que ya existe contra el país asiático. Esto iría acompañado de nuevas sanciones que limitarían la libertad de acción comercial de Myanmar. En artículos anteriores sobre el tema, ya hemos señalado que era necesario que la comunidad internacional tomara medidas concretas para poner fin a las atrocidades cometidas en el país. En nuestra opinión, cuando estalló la cuestión de Rohingya, la respuesta de los órganos competentes fue demasiado lenta y débil para provocar reacciones concretas del Gobierno de Aung San Suu Kyi. Sin embargo, ante la situación actual, estamos obligados a reconocer que ni siquiera las últimas medidas han tenido el efecto deseado. Por esta razón, creemos que un endurecimiento de las sanciones sólo servirá para demostrar el no inmovilismo en «apariencia» de la comunidad, pero sin provocar ningún cambio real en las estrategias políticas del país.
La pregunta que debemos hacernos es simple: ¿por qué las sanciones mencionadas no ponen a Myanmar de rodillas? Tratamos de plantear una hipótesis. Aunque las Naciones Unidas han condenado repetidamente las acciones del ejército birmano, no toda la comunidad internacional ha seguido las directrices establecidas por la más alta organización internacional entre las naciones. Dos ejemplos clave de esto son, sin duda, Australia, a la que ya hemos mencionado en un artículo anterior, y China. Especialmente con respecto a esta última, Myanmar es un elemento importante de sus estrategias políticas y económicas para el futuro próximo. Las ya de por sí buenas relaciones entre los dos países se verán reforzadas por las enormes inversiones que China hará tras la realización del proyecto faraónico llamado «One Belt, One Road», la «nueva ruta de la seda». El capital extranjero que no provenga de Occidente se verá compensado por los cientos de millones de dólares que invertirá el gobierno de Xi Jinping, que tiene todo el interés en mantener buenas relaciones con Naypyidaw. Este otro poderoso aliado es sin duda un importante garante económico para Myanmar, que tiene relativamente «la espalda cubierta», y puede seguir sobreviviendo a pesar de las sanciones occidentales.
Traducido del italiano por María Cristina Sánchez