Por Fernando Salinas
La semana pasada, casualmente justo un día antes del 5 de octubre, el Tribunal de la Libre Competencia dio luz verde a la compra del 24% de SQM por parte de Tianqi, una empresa china, y por lo tanto, bajo la estricta supervisión del Estado chino. Previamente, la Fiscalía Nacional Económica también había validado la intención de compra. Todo fluyó de manera expedita. Como consecuencia de esta operación el Estado chino va a poder decidir sobre el futuro de nuestro litio, al mismo tiempo que va a controlar el mercado mundial de este preciado mineral junto a su socia, la empresa norteamericana Albemarle. ¿Cómo es posible que estas instituciones del Estado de Chile permitan la creación de un cartel internacional con nuestros recursos naturales? Pero la pregunta relevante es: ¿Por qué el gobierno lo ha permitido? Corfo ha sido un mero espectador y nadie del gobierno ha expresado un mínimo de preocupación. De ello no queda más que concluir que la razón de fondo de esta permisividad es que el gobierno está de acuerdo con esta transacción.
Una explicación formal sobre la indiferencia del gobierno sería la premisa de que el Estado no debe interferir en las transacciones que se realizan en el mercado, y la explotación y comercialización del litio no debería ser diferente, ya que se trata de un acuerdo entre privados. Ello es totalmente consistente con la ideología neoliberal, sin embargo es necesario analizar más en profundidad esta posición a la luz de otras consideraciones.
En primer lugar, el litio se ha transformado en un mineral estratégico para enfrentar el cambio climático, cuya apreciación ha cambiado diametralmente después de que este pasado lunes se dio a conocer el informe del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC, en sus siglas en inglés) –que se publica cada 4 años- donde se manifiesta que la situación está llegando al límite de lo abordable y si la humanidad no realiza cambios drásticos en la función de producción y la forma de vida de las personas en los próximos 12 años, las consecuencias serán catastróficas. Por lo anterior, la transformación de los medios de transporte debe migrar, ahora de manera urgente, desde los motores a combustión de hidrocarburos a la electromovilidad. Además, se van a requerir grandes acumuladores de electricidad para abastecer ciudades y reconvertir complejos industriales. En ambas situaciones, entre otras más, el litio va a ser fundamental. El ingreso de Tianqi a SQM permitirá que el Estado chino cumpla sus objetivos estratégicos, mientras que en Chile carecemos de un plan integral sobre la explotación y uso de nuestros recursos naturales y dejamos que nuestra estrategia de desarrollo la definan las interacciones económicas de los privados en el mercado o, lo que sería peor, otros Estados como el chino. Ya hemos tenido la mala experiencia de un controlador inescrupuloso como Julio Ponce Lerou que no cumplió los contratos de explotación que había suscrito con Corfo, ni respetó a las comunidades que viven en el entorno del Salar de Atacama produciendo enormes daños ecológicos. Hoy, Ponce Lerou se alza en contra de Tianqi, no precisamente por amor a Chile, sino por sus propios intereses. Ni lo uno (China) ni lo otro (Ponce Lerou), el litio debe ser controlado totalmente por el Estado de Chile.
Por otra parte, es necesario ahondar en la evidente contradicción (o abandono de deberes) en que han caído nuestras instituciones. ¿No se supone que están para protegernos de las prácticas que distorsionan el normal funcionamiento del mercado? ¿Por qué se aceptan operaciones que atentan groseramente contra la libre competencia, la cual es la base de la economía de mercado que ellos mismos propician? ¿Por qué se ha decidido beneficiar y darle el poder total sobre el litio a China sabiendo que ello perjudicará la soberanía del pueblo chileno, afectando así su futuro desarrollo? Son respuestas que tarde o temprano tendrán que dar los responsables de esta aberración, aunque tengo la duda si ello les produce alguna preocupación.
Por último, los ciudadanos tenemos el legítimo derecho de fiscalizar a nuestras autoridades y a exigir transparencia, pero sobre todo asegurarnos que quienes tomen las decisiones que afectan la calidad de vida de todo un país lo hagan en base al interés general y no particular. Esto es especialmente válido para el Presidente de la República y sus ministros. Sabemos que Sebastián Piñera tiene gran parte de su fortuna invertida en el extranjero, evidenciando que su prioridad es la maximización de su beneficio individual, algo totalmente concordante con la visión neoliberal. Lo mismo sucede con el Ministro de Economía, José Ramón Valente, quien lo reconoció expresamente en un programa de televisión. El problema es que el Presidente Piñera, cuando asumió el gobierno, dejó fuera del fideicomiso ciego todas las inversiones que tiene en el extranjero a través de sus hijos y nietos que, al menos hace un tiempo atrás, era cerca del 80%. Por lo tanto, sobre esas inversiones tiene absoluto control y no está obligado a darle explicaciones a nadie. Desde luego, el gran mercado chino es una atractiva opción para empresarios e inversionistas, incluyendo, por cierto, a Sebastián Piñera. No sabemos si hoy tiene o no inversiones es ese país o si pretende tenerlas en el futuro. Lo que sí parece evidente es que detener, en su calidad de Presidente, las pretensiones estratégicas de China de controlar el mercado mundial del litio, es arriesgar su potencial de negocios en este gigante mercado. El régimen Chino es totalitario y ejerce su poder de manera explícita.
Alguno podrá pensar que estoy hilando demasiado fino, pero hay demasiada historia que valida la frenética tendencia de Sebastián Piñera por la ganancia especulativa. Jamás se va a enemistar con países grandes como China y Estados Unidos (basta recordar la situación de la bandera), sus inversiones siempre han estado en primer lugar, al menos así ha sido hasta ahora.
