A 526 años de la llegada del colonialismo español a América, se mantiene la violación de los derechos indígenas y la avanzada empresaria-gubernamental. Pero la lucha de las comunidades continúa. Diez días de caminata en Jujuy, parlamento mapuche en Chubut y defensa del territorio.
Diez días de caminata por el agua, la vida y en defensa de los territorios indígenas. Es la acción de lucha de pueblos originarios de Jujuy que finalizó este jueves 11 y apuntó de lleno a las políticas impulsadas por el gobernador Gerardo Morales. En Chubut, mapuches-tehuelches denuncian la violación de derechos y ratifican la lucha contra la megaminería.
De norte a sur, los pueblos originarios enfrentan a empresas extractivas, gobiernos (provinciales y nacional) y ratifican la defensa de sus territorios. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) resumió el mal que aqueja a los pueblos indígenas: “racismo sistemático”. Otro 12 de octubre sin nada que festejar.
Caminata
La Asamblea de Comunidades Indígenas Libres de Jujuy inició el martes 2 de octubre la “caminata por el agua y por la vida”, desde la Laguna de los Pozuelos hasta San Salvador de Jujuy.
En los más de 380 kilómetros recorridos a pie pasaron por Cieneguillas, La Quiaca , Abra Pampa, Humahuaca, Tilcara y Volcán, entre otras localidades. En cada lugar, fueron recibidas por comunidades locales que adhirieron a los reclamos y algunos de sus referentes se sumaron a la larga caminata.
Exigen que se respeten los derechos de los pueblos indígenas (vigentes en leyes, Constitución Nacional y tratados internacionales que Argentina suscribió), que obligan a obtener el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades ante cualquier actividad que pudiera afectarlas. Ninguna empresa puede ingresar a territorio indígenas sin el consentimiento de la comunidad afectada. Los gobiernos y el Poder Judicial debe hacer cumplir esas leyes.
“Marchamos las comunidades indígenas que defendemos a la Pacha, que luchamos contra la voracidad minera. Invitamos a los hermanos que hoy están al lado del gobernador Morales a reflexionar y si son indígenas a defender la pacha y denunciar a aquellos que atacan a la Madre Tierra y no ser cómplices con su silencio del gobierno de Jujuy y de las mineras”, reclamó Raúl Sajama, uno de los voceros de la marcha.
Sajama afirmó que la Asamblea de Comunidades Libres está compuesta por más de cien comunidades indígenas, denunció la avanzada de la minería de litio (con complicidad de Nación, Provincia y sectores científicos del Conicet) y recordó que reclaman la derogación de la Ley 5.915 (provincial) de servidumbre sobre territorios comunitarios y contraria a los derechos indígenas.
Otro emprendimiento minero que tiene total apoyo del gobernador Gerardo Morales, y viola los derechos indígenas, es el proyecto de plata Chinchillas, de la canadiense Silver Standard, que está en cercanías de la conocida Laguna de Los Pozuelos.
Buenos Aires, 12 de octubre 2018. Foto Reinaldo Ortega
El 8 de octubre, durante una de las paradas de los marchantes, dieron a conocer la “Declaración de Tilcara”, donde puntualizaron algunos de los conflictos más urgentes.
- Comunidad La Quiaca Vieja (departamento de Yavi): intento de despojo territorial por la instalación de una zona franca.
- Comunidad Piedra Negra: instalación de paneles solares sin aprobación de comunidades.
- Comunidad de Huichaira de Tilcara (frente al empresario Alejandro Nieva): denuncian que el gobierno provincial intenta desviar aguas del Cerro Collamboy para beneficiar a las mineras en la explotación de litio en el Salar de Olaroz.
En la Declaración unen el pasado y el presente: “Los pueblos indígenas sufrimos injusticias históricas como resultado, entre otras cosas, de la colonización y enajenación de nuestra Pachamama, tierras, territorios y recursos, lo que nos ha impedido ejercer en particular el derecho al desarrollo de conformidad con nuestros conocimientos, técnicas y prácticas ancestrales, necesidades, deseos e intereses”.
La caminata finaliza hoy 12 de octubre al mediodía en San Salvador de Jujuy.
Trawn Mapuche
En Chubut se da una de las mayores avanzadas mineras del gobierno nacional y provincial, en beneficio de la multinacional Pan American Silver (la mayor multinacional de plata del mundo) con el proyecto llamado “Navidad” (en la meseta, centro geográfico de la provincia).
En la provincia patagónica está vigente la Ley 5.001, nacida en el marco de la lucha de Esquel (2002-2003) que prohíbe la actividad minera con uso de cianuro.
Desde la asunción de Mauricio Macri se redobló la presión para habilitar la minería en Chubut. Las asambleas socioambientales y los pueblos indígenas de toda la provincia están movilizadas para defender la Ley 5.001 y rechazar la megaminería.
Buenos Aires, 12 de octubre 2018. Foto Reinaldo Ortega
El 29 y 30 de septiembre se realizó en la meseta de Chubut un Trawn (parlamento) Mapuche-Tehuelche. “Tierra y territorio fueron las palabras claves de toda la conversación. La memoria del despojo está muy cercana, la acumulación terrateniente está presente. Las tierras ’aptas y suficientes para el desarrollo humano’ de las que hablan las Constituciones Nacional y Provincial siguen ausentes de la política pública y del reconocimiento real de los derechos indígenas”, cuestiona el documento de las comunidades indígenas.
Exigieron que se cumpla la Ley 26.160 (que frena los desalojos y ordena relevar los territorios indígenas) y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que insta a consultar a las comunidades por cualquier actividad que pudiera afectarlas. Todas las comunidades rechazaron la actividad minera.
“Lo más profundo, propio y esencial que las comunidades originarias tenemos es la Mapu (tierra), que defenderemos porque ahí están la identidad y el futuro. Lucharemos con la fuerza de los ancestros, con la claridad y orientación de los ancianos, con la valentía de los jóvenes y con el empuje de las mujeres”, afirma el comunicado del Trawn Mapuche-Tehuelche realizado en la comunidad Yala Laubat.
INAI
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) es el ámbito específico que refiere a pueblos originarios, que debiera dar respuesta a más de mil comunidades de 35 pueblos originarios.
En enero de 2016 el gobierno nacional cumplió con su promesa de trasladarlo del Ministerio de Desarrollo Social al de Justicia y Derechos Humanos. Fue la única promesa que cumplió el Gobierno en materia indígena.
“En febrero de ese año despidieron 28 trabajadores, mientras el entonces presidente Raúl Ruidiaz -cuñado y socio del secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj- pasaba sus vacaciones en Aspen (Estados Unidos), les trabajadores del INAI comenzaron a sufrir una situación laboral precaria, afrontando la paralización general del organismo y sus políticas, lo que repercutió directamente en los derechos de las comunidades indígenas de nuestro país. El INAI estuvo administrativamente paralizado durante todo 2016”, afirmó Lisandro Arijón, delegado gremial de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
Explicó que también se desmanteló la estructura territorial del Instituto, “dejando a les trabajadores que cumplen sus funciones en las provincias en absoluto abandono, sin lugares físicos de trabajo, sin viáticos, computadoras o teléfonos que les permitan el contacto con las comunidades”.
En 2017, Ruidiaz fue reemplazado por Jimena Psathakis, de la Fundación Cambio Democrática, conocida por sus “mesas de diálogo” referidas al extractivismo pero siempre con intereses comunes con las empresas.
Buenos Aires, 12 de octubre 2018. Foto Reinaldo Ortega
“Psathakis tiene un largo currículum dedicado al trabajo en distintas corporaciones mineras, y muy conocida en la ciudad de Esquel por haber representado en mesas de negociación a las mineras en contra de comunidades originarias de la zona”, recordó Arijón.
Desde ATE aseguran que en diciembre de 2016 ya estaba claro el desfinanciamiento del INAI. “Ya se dejaba ver claramente la decisión de correr del territorio la presencia de organismos como el INAI, la Secretaría de Agricultura Familiar y el INTA, entre otros, para dar curso a la llegada de fuerzas represivas como Gendarmería Nacional o Prefectura Naval”, denunció.
Los trabajadores del INAI alertaron que, desfinanciamento mediante, el organismo está al borde del “vaciamiento total”. Y alertan por posibles despidos.
Racismo sistemático
“El sector privado actúa en complicidad con los gobiernos para desplazar a los pueblos indígenas de sus tierras por cualquier medio necesario para dar paso a proyectos de infraestructura, agricultura, minería y de extracción”, denunció la ONU mediante una carta púbica de la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas Victoria Tauli-Corpuz.
La carta de Naciones Unidas afirma que “en la raíz de esta crisis mundial está el racismo sistemático y la incapacidad de los gobiernos para reconocer y respetar los derechos indígenas territoriales”.
La experta de la ONU remarcó que ante la avanzada extractiva, la complicidad judicial y política “se está desarrollando una crisis global” que afecta a los pueblos indígenas y sus territorios.
“La rápida expansión de proyectos de desarrollo sin su consentimiento previo está impulsando un drástico aumento de la violencia y el acoso legal contra los pueblos indígenas”, alertó Tauli-Corpuz en su carta titulada “Deberían haberlo sabido”.
Explicó que una herramienta fundamental para el despojo de los territorios indígenas es la “criminalización en casi todos los rincones” del mundo. “Estos ataques, ya sean físicos o legales, son un intento de silenciar a los pueblos indígenas que se oponen a proyectos que amenazan sus medios de subsistencia y sus culturas”, denunció la especialista de Naciones Unidas.
Jose Luis Zurita, 40 días detenido en una carcel de maxima seguridad por tenencia de hoja de coca. Foto Reinaldo Ortega en Buenos Aires, 12 de octubre 2018.
También alertó que el primer paso contra los pueblos indígenas implica “campañas de difamación y discursos de odio que caracterizan a los pueblos indígenas como ’obstáculos para el desarrollo’, o en el peor de los casos, como ’terroristas’ o ’matones’”. Luego siguen amenazas, órdenes de arresto, militarismo, legislación antiterrorista, violencia, represiones y asesinatos.
Sobre el rol del Poder Judicial, Tauli-Corpuz no tienen dudas: “Los sistemas de justicia se utilizan como ’armas’ contra los pueblos indígenas que defienden sus derechos”.
A pesar de la violación de derechos indígenas y la violencia que sufren, la Relatora de Naciones Unidas afirmó que “los pueblos indígenas siguen levantando sus voces, continúan defendiendo sus formas de vida, sus comunidades y las tierras y bosques de los que depende toda la humanidad”.
