Por Adrián Torres John

Cada vez falta menos para las elecciones municipales y regionales en el Perú, y con ello, la carrera de campañas promocionales es cada vez más notoria. Desde la avenida Javier Prado, en Lima, llena de carteles y banderolas, hasta el incansable seguimiento por parte de los periódicos nacionales, las inversiones publicitarias de los postulantes formarán parte del paisaje en las calles limeñas hasta el día 7 de octubre, fecha programada para la votación. No obstante, en medio de dicho contexto, surgió un dato interesante y, al mismo tiempo, un tanto previsible a estas alturas. Como se reveló el mes pasado, las cifras publicadas por Datum Internacional (que a su vez fueron difundidas por diferentes medios, tales como el diario “Perú21” o “El Comercio”) señalan que un 63% de la población nacional, es decir, aproximadamente veinte millones de peruanos, no confía en los partidos políticos, siendo que un 28% tiene poca o nula fe en ellos. Especulaciones sobre cómo y en qué medida afectará esto al resultado final de las elecciones habrá muchas. Sin embargo, este último resultado invita a reflexionar sobre lo siguiente: ¿cuáles fueron los principales factores que propiciaron tal apoteósica falta de credibilidad en los partidos políticos nacionales? A continuación, se profundizará en las principales causas que, según sostengo, han sido las bases del resultado anteriormente citado.

En primer lugar, con el paso del tiempo, la idea de los candidatos políticos como personas instruidas, con ideales y propósitos marcados, con una adhesión sólida a determinado plan de gobierno y con una preparación especial para desempeñarse de manera honesta y efectiva, se ha diluido paulatinamente. En contraste, lo que impera es una imagen generalizada de los postulantes como personajes oportunistas y de valores ambiguos, quienes únicamente buscan llegar a obtener algún cargo en las altas esferas de gobierno para, luego, una vez habiéndose asentado allí, despreocuparse y enfocarse en satisfacer los intereses de un grupo reducido de personas (si es que no solamente los de ellos mismos). Esto se debe a múltiples factores. Por un lado, es posible señalar el poco cumplimiento de la gran mayoría de propuestas con las que los postulantes se lanzan a las elecciones, dando a entender que estas, más que ser una clara demostración de la posesión de ideales sólidos y planes de gobierno firmes y bien elaborados, podrían ser calificadas como artimañas o métodos maquiavélicos de capturar la confianza de una población deseosa de cambios, o simplemente de un período gubernamental transparente y honesto. Ejemplos de lo anteriormente mencionado hay en demasía: la promesa de reforma educativa de Ollanta Humala, el aumento de sueldos a profesores de Alan García, la reducción del precio del gas, etc. Existe el argumento de que, más que una responsabilidad atribuible a los candidatos, es el mismo congreso quien crea interminables trabas para la realización de dichas propuestas. Si bien eso es cierto, tampoco se debe olvidar que, en muchos casos, los candidatos han sido conscientes de la inviabilidad de sus supuestas ideas desde un inicio. Por ejemplo, la pena de muerte, la cual fue abolida en el año 1979 en el Perú, no puede volver a ser restituida debido a que ello significaría una reforma casi completa en el sistema de justicia nacional, a la par de que conllevaría al quebrantamiento del Pacto de San José, documento anexado a la Constitución Americana sobre Derechos humanos. A pesar de ello, Alan García, durante su postulación en las elecciones del año 2006 (en las cuales finalmente triunfaría frente a su contendiente durante la segunda vuelta, Ollanta Humala), incluyó la restitución de la máxima pena en su plan de gobierno.

Por otra parte, existe otra forma de identificar el elemento oportunista en una buena parte de los candidatos: la facilidad con que múltiples personajes del ambiente político pueden cambiar de postura e ideología. Quizá el caso más gráfico de lo anteriormente mencionado sería el radical contraste del infame expresidente de la nación Alberto Fujimori, quien, antes de ganar las elecciones presidenciales frente al candidato de “FREDEMO”, Mario Vargas Llosa, se presentaba a sí mismo y a su partido político, “Cambio 90”, como una alternativa frente a la derecha imperante en aquel tiempo. Fue por ello que no sólo recibió apoyo de una buena parte de la población peruana, sino de los partidos de izquierda, tales como el APRA. No obstante, una vez en el poder, Fujimori, junto con sus ya conocidas medidas drásticas aplicadas sin previo aviso (siendo la más conocida la disolución del congreso), aplicó medidas liberalistas en la economía peruana. Naturalmente, hoy es sabido que dichas disposiciones propiciaban el enriquecimiento elitista y desigual, favoreciendo enormemente al sector anónimo que lo apoyaba por intermedio de Vladimiro Montesinos, como los altos mandos militares o familias con grandes fuentes de recursos económicos.

El oportunismo, empero, no termina con el asentamiento del candidato en el poder gubernamental. Por el contrario, tal elemento se mantiene durante toda la estancia en el puesto. No obstante, a partir de aquí comienza a manifestarse de una forma distinta. Es posible señalar la existencia de una red de contactos y relaciones de “amistad” (la cual responde más a una conveniencia propia de cada personalidad política que a un verdadero vínculo), que provee de diversos beneficios a las partes involucradas. Naturalmente, estas “ayudas” proveídas por los nexos previamente mencionados siempre se llevan a cabo de manera no visible para la población nacional. Sobre ello, cabe destacar que, a pesar de la evidente presencia de dichas redes de ayuda, en la actualidad se poseen pruebas contundentes de su existencia, siendo las más mediáticas los audios o videos filtrados. Una de estas maniobras más recientes que puede ser señalada con firmeza es la sospechosa liberación del personaje anteriormente mencionado, Alberto Fujimori, el 24 de diciembre del año pasado, a tan solo días de que la solicitud de vacancia contra el actualmente expresidente, Pedro Pablo Kuczynski, fuese denegada tras una votación en el Congreso de la República, fruto de un acalorado debate de más de nueve horas. El factor que determinó dicho resultado fue la abstención de una buena parte de los candidatos del grupo político de Kenji Fujimori, hijo de Alberto. Todo ello esclarece la realización de un previo acuerdo entre Kuczynski y Kenji, en el cual este último habría accedido a pedir la abstención de sus miembros, poniendo como requisito la inmediata liberación de su padre. Como ahora se sabe, el alivio no le duraría mucho a Kuczynski, quien actualmente está siendo investigado por sus presuntos nexos con la empresa Odebrecht y, junto con ello, pocos días después de su supuesta victoria, se vio obligado a dejar el máximo cargo de la nación en manos de su vicepresidente, Martín Vizcarra Cornejo. Otro ejemplo menos apoteósico, pero no por ello menos llamativo, fue la publicación de un nefasto audio, en el cual los protagonistas fueron César Hinostroza, actualmente suspendido juez supremo, y Antonio Tamayo, un notable empresario. En dicho material, ambos personajes hicieron alusión a un “favor” que les haría el presidente de la Federación Peruana de Futbol, Edwin Oviedo, quien reservaría para ellos un par de asientos de lujo en la pasada final del mundial Rusia 2018.

En segundo lugar, otro aspecto que desemboca en la difundida falta de confianza en la política nacional es la sensación de ciertas personalidades del ámbito público como “intocables”; es decir, a pesar de haber sido acusados por diversas faltas graves o del descubrimiento de actos ilícitos en sus historiales, una buena parte de estos casos no recibirán sanción alguna, principalmente debido a la inmensa cantidad de instituciones y demás personajes con cierto poder que respaldan a los acusados.  Tal es el caso de Rodolfo de Orellana Rengifo, abogado y empresario que, actualmente, se encuentra preso en el penal de Challapalca, en Tacna. Orellana había sido acusado de múltiples cargos, entre los cuales destaca el encabezar un grupo clandestino de lavado de activos y tráfico de terrenos. Hasta hace algunas semanas, el abogado se encontraba ejerciendo su profesión en el mismo penal, habiendo elaborado una oficina provisoria y atendiendo los casos de los reos vecinos, entre los que se encontraba el infame Gerson Gálvez Calle, también conocido como “Caracol”. Transcurrieron varias semanas hasta que el Colegio de Abogados de Lima, luego de una “ardua reflexión”, decidiese inhabilitar la colegiatura de Orellana. Un ejemplo de mayor alcance nacional es el del actualmente suspendido juez de la nación, Pedro Chávarry, a quien, por medio de determinados audios que se han obtenido recientemente y por su relación cercana con el empresario Walter Ríos Camayo, se le acusa de formar parte de “Los Cuellos Blancos”, un grupo delincuencial del Callao señalado como autor de acciones como corrupción de funcionarios públicos y organización criminal. No obstante, lo increíble de este asunto es que, más allá de la suspensión, no se han tomado mayores acciones contra Chávarry, y esto se debe, principalmente, a dos razones. De un lado, dicho personaje cuenta con el respaldo de los partidos “Fuerza Popular” y “APRA”, quienes, frente a diversos congresistas que pedían la salida definitiva del fiscal de la nación, se negaron a firmar dicha solicitud. De la mano con ello, las investigaciones sobre las acusaciones contra Chávarry se retrasan cada vez más, ya que como él sigue siendo el fiscal de la nación, no se puede “auto–investigar”.

Finalmente, la tercera razón es, quizá, la más evidente de todas: la situación en la que se encuentra una cantidad notoria de expresidentes, estando muchos de ellos asociados a crímenes o enfrentando sanciones judiciales. Tal es el caso del recientemente vacado Pedro Pablo Kuczynski, quien está siendo investigado por una presunta conexión con la empresa brasilera Odebrecht, conocida por financiar ilícitamente a distintas personalidades políticas durante campañas presidenciales. Debido a ello, Kuczynski no puede salir del país. Otro a quien se le acusa de sostener vínculos ilegales con la empresa Odebrecht es Alejandro Toledo, quien actualmente se encuentra fugado en Estados Unidos junto con su esposa, Eliane Karp. Al aumentar el nivel de gravedad a niveles exorbitantes, es ineludible la cita de Alberto Fujimori, presidente desde el año 1990 hasta el 2001, quien, hasta hace algún tiempo (habiendo sido liberado en circunstancias extrañas), cumplía una condena de 25 años debido a decisiones propias de un autoritarismo pseudo fascista en el Perú, llegando a disolver el congreso sin plática previa, de la mano con una serie de actos de lesa humanidad durante la nefasta época del conflicto armado que atravesó la nación. Casos como estos han sido la plataforma de creación de una imagen de las personalidades políticas como seres deshonestos y falsos, quienes tarde o temprano terminarían siendo completamente distintos a como se mostraron en un inicio, dando a conocer sus verdaderos rostros codiciosos y mentalidades sin moral alguna.

A pesar de la evidente crisis de valores en una buena parte de personajes políticos, es menester observar la otra cara de la moneda. Toda situación crítica tiene dos perspectivas. Por un lado, se evidencia el escenario desalentador y todas las vicisitudes que se presentan para alcanzar un gobierno justo y el transparente accionar de las entidades públicas. Sin embargo, no se debe olvidar que toda crisis es el pilar fundamental de la realización de un cambio verdadero y de la toma de acciones firmes. Para ejemplificar lo anteriormente dicho, es útil trazar una analogía con una época que, a primera vista, parece lo más alejado posible al contexto actual peruano; no obstante, es posible rescatar un factor que, indistintamente del lugar geográfico en el que ocurra, se mantiene constante. Durante los siglos VII y VI A.C., en la Grecia Arcaica, Atenas se encontraba gobernada por una fuertemente arraigada aristocracia, la cual sostenía su posición privilegiada en base a una serie de instituciones y la repartición desigual de tierras en la sociedad de dicha mítica polis. Explicándolo de forma superficial, se trataba de una sociedad completamente diferenciada y estamental, donde se identificaba a un reducido grupo de personas, poseedor de una gran cantidad de poder económico y político, mientras que la mayor parte de la sociedad estaba sujeta a tributos muy altos y a una completa incapacidad de voz o participación política, debido a que, por un lado, los sectores populares no conocían las leyes, y, asimismo, tampoco tenía la potestad de opinar en las asambleas. No obstante, fue en estas circunstancias cuando comenzó a gestarse el primer prototipo de democracia. Naturalmente, fue un proceso largo y lento, desde la publicación general de las leyes generales por Dracón, pasando por el primer cambio de sistema político elaborado por Solón, quien creó el Consejo de los 400 (que posteriormente sería conocido como el Consejo de los 500), llegando hasta Pericles, personaje que terminó de perfeccionar el sistema democrático ateniense en tiempos contemporáneos a la Guerra del Peloponeso (conflicto que enfrentó a la polis de Atenas y la espartana). Es decir, frente a la necesidad, surge la resolución que hace falta para la consecución de un cambio duradero y sólido. En el presente de la nación peruana, el contexto es muy similar y, frente a distintas manifestaciones de la sociedad, tales como las marchas (siendo “Ni una menos” la más grande hasta ahora), las cuales dan a entender que la población se encuentra más activa que nunca, no es muy difícil imaginar el inicio de un proceso de reforma no sólo a nivel institucional, sino en lo referente a valores y moral. Posiblemente, el discurso presidencial de Martín Vizcarra y las medidas que anunció el 28 de julio último con tanta convicción sean el primer paso al cambio. No es difícil soñar.