Un nuevo informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz nos permite hacernos un panorama de lo que significan los acuerdos anunciados por la titular del Fondo Monetario Internacional con el Estado argentino, previos a la ratificación que debe realizar el Congreso de la Nación Argentina.
El nuevo acuerdo con el FMI
A 4 meses de firmarse el primer acuerdo stand-by con el FMI, el gobierno debió solicitar un pedido de waiver al incumplir las metas de reservas y de inflación que habían sido pactadas con el organismo. La inviabilidad de las metas fijadas en el primer acuerdo y la inevitable renegociación del mismo habían sido anticipadas por el CESO en su informe de junio titulado “Rumbo al formal waiver”.
El nuevo acuerdo implicó una renegociación del monto de los créditos, el cronograma de entregas y del manejo de la política monetaria y cambiaria. A cambio, el gobierno implementó un brusco ajuste de las cuentas públicas que incluyó el cierre de 10 ministerios y la elaboración de un proyecto de presupuesto con déficit cero para 2019.
El crédito tomado con el FMI se eleva a USD57.000 millones, de los cuáles casi USD52.000 M serán otorgados a la actual administración, dejando un sobrante de apenas algo más de USD5.000 M a quien la reemplace. En cuanto al cronograma de entregas, este año se sumarán unos USD13.400 M a los USD15.000 M otorgados en mayo. El próximo año se otorgarán algo menos de USD23.000 M.
Los USD7.000 M agregados al acuerdo inicial intentan despejar las dudas de un posible default, al cerrar el faltante para cubrir el cronograma de compromisos de deuda que debe enfrentar el Estado hasta el final del mandato de Mauricio Macri. Sin embargo, y tal como advertimos en el informe pasado titulado “¿Hay riesgo de default?”, no toma en cuenta el déficit externo del sector privado que, en una estimación conservadora, requiere unos USD50.000 M adicionales de acá hasta diciembre de 2019.
La nueva tablita cambiaria
Respecto a la nueva política cambiaria, el establecimiento de bandas móviles donde la única relevante es la banda superior, implica el establecimiento de una “tablita cambiaria” similar a la implementada por Martínez de Hoz en tiempos de la última dictadura militar. La evolución del dólar sería en torno a los $44 pesos en septiembre, $45,32 en octubre, $46,68 en noviembre hasta los $48 hacia fin de año. La evolución en 2019 dependerá de si se mantiene la tasa de devaluación del 3% mensual proyectada para este año.
El establecimiento de un límite a la devaluación diaria y mensual, busca dar una mayor certidumbre al rendimiento que generan las inversiones en pesos a los inversores internacionales. Así, si una LECAP tiene un rendimiento del 4% mensual, quien la suscribe tendría asegurado un rendimiento en dólares de, por lo menos, el 1% mensual. El objetivo de dicha política cambiaria es disminuir el ritmo de la corrida cambiaria, al incentivar las inversiones financieras en pesos tanto de los locales como de los fondos de inversión internacionales.
Para mantener la tasa de depreciación en torno al 3% mensual, el BCRA pone a disposición del mercado unos USD150 M. La cifra luce baja en relación a los USD250 M diarios que viene perdiendo en promedio el BCRA desde que el FMI desembolsó el primer tramo del crédito. De esa manera, la tablita cambiaria parece sostenerse en bases endebles que difícilmente puedan restablecer la bicicleta financiera y aminorar el ritmo de la corrida cambiaria.
Riesgo de default político
El pedido de adelanto de fondos al FMI fue respondido con una solicitud de adelantar el ajuste del déficit primario inicialmente pactado para 2020. Así renace la política de “déficit cero”, plasmada en el proyecto de presupuesto 2019 que debe ser aprobado en el congreso donde el oficialismo no tiene mayoría.
De esa manera, el acuerdo con el FMI pone al gobierno en riesgo de caer en un doble default político. Por un lado, de no conseguir los votos suficientes para aprobar el presupuesto 2019, la señal de falta de apoyo político al ajuste derrumbaría el acuerdo con el FMI. Por el otro, si logra su aprobación parlamentaria, el previsible costo social de los fuertes recortes de gastos planteados por el presupuesto, le restan chances al oficialismo de lograr la reelección de Mauricio Macri en 2019. La perspectiva de un gobierno en retirada, no es halagadora para contener la fuga de capitales propia de la fase descendente de los programas liberales de endeudamiento externo.
El proyecto de presupuesto 2019 prevé ingreses que crecen casi 16 p.p. por encima del gasto primario (ingresos crecen 5 pp.en términos reales y el gasto primario cae 10 pp. en términos reales). Por el lado de los ingresos, se destaca la mayor recaudación por la implementación de retenciones. Debido a ello, y al efecto de la inflación, se espera que genere ingresos tributarios adicionales por 3,4% del PBI ($627.469 millones extra, +45% i.a.). Por el lado de los gastos, se espera reducir los subsidios económicos (transporte) en 0,7% del PBI ($ 128.900 millones, -18% i.a.) mediante el traspaso de los subsidios a las provincias (BS AS y CABA principalmente), los gastos de capital caen 0,5% del PBI ($ 92.076 millones,-7,2% i.a.) a la espera de que repunten los Proyectos de inversión Público-Privada (PPP), la quita de subsidios energéticos y el mayor aumento tarifario representan 0,3% del PBI ($ 55.246 millones, 1,3% i.a.), y se prevé recortar otro 0,3% del PBI ($55.246 millones, -17,5% i.a.) en transferencias corrientes a las provincias.
Respecto a los servicios sociales, se destacan las variaciones negativas en términos reales (por debajo de la inflación) de Agua Potable y Alcantarillado (+21% nominal), Vivienda y Urbanismo (-17%), Trabajo (+12%), Ciencia y Técnica (+30%), Educación y Cultura (+13%), y Promoción y Asistencia Social (17%). A fines comparativos, es de destacar el aumento de los servicios de deuda que crecen un 84% y representan el 184% del total de todas las partidas citadas.
Riesgo de default productivo y social
El ajuste presupuestario en el marco de un programa de contracción productiva, deriva en un deterioro de la situación económica y social. Desde el inicio de la corrida cambiaria a mediados de abril, la situación de la mayor parte de los sectores productivos comenzó a deteriorarse. Para colmo, los sectores primarios exportadores que podrían amortiguar el efecto de un programa económico que reduce el mercado interno, fueron golpeados por la sequía que afectó a la cosecha de soja.
Meses atrás ya podían observarse el deterioro productivo. En junio el indicador general de actividad (EMAE) cayó 6%, y en julio el indicador de actividad industrial (EMI) mostró una baja del 5,7%. La construcción frenó su racha de alto crecimiento para estancarse (0,7% interanual en julio), con perspectivas de comenzar a caer ante la debacle de la construcción tanto privada (por incertidumbre cambiaria y deterioro de los créditos hipotecarios indexados ante el resurgir inflacionario) como pública (por el recorte de la obra pública previsto en el presupuesto).
Al deterioro económico lo acompaña un deterioro de la situación social. El desempleo en los 31 aglomerados urbanos nacionales alcanzó 9,6%, según información del INDEC en el segundo trimestre de 2018. De este modo, se estima que en el segundo trimestre de 2017 alrededor de 1.236.600 personas buscaron trabajo y no lo encontraron. De acuerdo al detalle de los aglomerados urbanos, la mayor tasa de desempleo se registró en las grandes ciudades. Entre ellas el primer lugar lo ocupan los municipios del Gran Buenos Aires (partidos GBA) con el 12,4%, seguido por Rawson-Trelew (Chubut) con el 11,7%, Santa Rosa (La Pampa) con el 11,1%, Gran Córdoba con el 10,8% y Salta con el 10%.
En el detalle de los partidos del Gran Buenos Aires la situación es muy delicada para el sector jóvenes, especialmente mujeres. En el detalle para este grupo, se observa que la desocupación juvenil es del doble de la del promedio para el aglomerado. En la comparación con el I-trim-2015, aunque no exista información detallada para este grupo, el desempleo de GBA era del 8%, pudiendo suponerse un desempleo juvenil del 16% por ese entonces. En tres años, esta cifra se duplicó. Y aún faltan por delante los meses más difíciles en términos de impacto económico de la “versión dos” de la corrida cambiaria.
En cuanto a los ingresos de la población, la aceleración de la inflación por la brusca devaluación del peso prevé un marcado deterioro de su poder de compra. El 3,9% mensual de suba de precios en agosto va camino a ser ampliamente superado en septiembre, donde la medición de precios de supermercados del CESO registra incrementos por encima del 7% mensual. El establecimiento de una pauta de devaluación del 3% mensual, hace prever que la elevada inflación continuará al calor de la suba del dólar. Las recetas ortodoxas de corte monetarista, no mecharán una inflación inercial que se mueve al pulso de los tarifazos y devaluaciones.
De esa manera, es previsible una importante merma en el poder adquisitivo de los salarios, jubilación y AUH (amortiguada en ésta última por los pagos extra de $1.200 de septiembre y $1.500 en diciembre). El salario mínimo de $10.000 tuvo una caída real del 6% en el mes de agosto-18 respecto al mismo mes del año pasado. Las jubilaciones y la AUH nominales mantuvieron disminuyeron su poder adquisitivo un 3,8% respecto a julio y un 5,7% respecto a agosto del año pasado. El último dato disponible de salarios es en junio, donde el impacto de la corrida cambiaria recién comenzaba, registrando ya en ese entonces una baja del 5% en su poder adquisitivo respecto al mismo mes del año pasado.
El deterioro acelerado del empleo y los ingresos de la población en una fecha sensible como es la de los finales de año, marcan un elevado riesgo de default social al programa económico pactado con el FMI. El reciente paro general de las centrales obreras, son una muestra de la creciente resistencia social que generan las políticas en curso. La tradición argentina de coronar el derrumbe de los programas liberales de endeudamiento externo con estallidos sociales y salidas anticipadas de gobiernos, no parece haber sido tomada debidamente en cuenta por los tecnócratas que diseñaron el actual programa de política económica.
