Por Juan Paz y Miño
Rebelión
Existe amplia información sobre los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) (véase: https://goo.gl/images/bVWZnv). Pero cabe destacar el estudio que realizó CAITISA, publicado en mayo 2017 por el IAEN (https://bit.ly/2oTQWzy), algunos de cuyos datos centrales voy a utilizar.
Es conocido que durante las décadas finales del siglo XX se afirmaron en Ecuador el modelo empresarial y la ideología neoliberal. Bajo esas condiciones, mientras los intereses privados y de las cámaras de la producción fueron privilegiados, no solo que se achicó el tamaño del Estado, sino que fueron recortadas las inversiones estatales, colapsaron los servicios públicos, se consolidaron las privatizaciones y se debilitó la institucionalidad nacional.
En ese marco, entre 1990 y 2002 Ecuador suscribió 28 TBI y, por cierto, 16 de ellos se suscribieron durante el gobierno de Sixto Durán Ballén (1992-1996), quien, además, expidió decretos, logró reformas legales, sancionó leyes y adoptó regulaciones administrativas encaminadas a buscar el ingreso de inversiones extranjeras directas (IED) y también a favorecer a las transnacionales petroleras y a los bancos. El gobierno de Durán Ballen es uno de los mayores responsables históricos en otorgar privilegios a los intereses privados frente a los intereses nacionales.
Pero esa situación no se modificó en los años posteriores, pues los gobernantes entre 1996 y 2006 nada hicieron por denunciar los TBI, exigir responsabilidades a las petroleras que destruyeron medios ambientales en la Amazonía y perseguir a las autoridades responsables de perjudicar al Estado. Todo lo contrario, entre 1983 hasta 2003 incluso se acordaron 16 Cartas de Intención con el FMI, de modo que durante la época de gobiernos constitucionales más larga en la historia nacional, el modelo económico empresarial, ocasionó perjuicios al Estado y grandes atracos privados, como la sucretización de las deudas (1983), la resucretización (1987), los “salvatajes” bancarios (desde 1996), el feriado bancario (1999) y la dolarización (2000).
Los TBI son acuerdos entre Estados para proteger a las inversiones extranjeras y someter las controversias ante árbitros internacionales. En las condiciones latinoamericanas de la década de 1990, cuando se debilitaron las capacidades estatales e institucionales, todos los TBI que suscribió el Ecuador tuvieron una serie de limitaciones para el Estado y la sociedad: no se sujetaron estrictamente a las leyes y sus procedimientos, algunos chocaron abiertamente con la Constitución, otorgaron trato preferencial a las empresas extranjeras, exclusivamente responsabilizaban al Estado sin contemplar perjuicios que podrían ocasionar las mismas empresas, y sometieron las controversias al CIADI y a árbitros internacionales, que notoriamente actúan con inclinación, sesgo y favoritismo a las corporaciones transnacionales.
Fue el gobierno de Rafael Correa (2007-2017) el que, por primera vez en la historia contemporánea del Ecuador y en concordancia con lo que en materia económica dispone la Constitución de 2008, decidió encarar tanto el problema de la deuda externa, como el de los TBI. Planteó la auditoría de la deuda externa, que sirvió para determinar los tramos de la deuda ilegítima que Ecuador, por tanto, no reconocería; y, además, creó la CAITISA, una comisión ciudadana especial y técnica, para examinar lo relativo a los TBI y los arbitrajes, heredados de los gobiernos anteriores.
Pero Ecuador no fue el único que cuestionó los TBI. Otros países tanto latinoamericanos como de otros continentes, revisaron esos convenios. Además, en estudios realizados por la UNCTAD y la Cepal quedó en claro que la IED no crecía a pesar de los TBI y que era necesario revisar los sistemas de protección privilegiada a esas inversiones. Las demandas empresariales igualmente podían someterse al centro de solución de controversias de UNASUR. Durante la pasada década, por tanto, existió un ambiente nacional, latinoamericanista e internacional favorable a la restauración de las capacidades estatales, al papel soberano de las legislaciones nacionales y a la necesidad de acabar con los privilegios empresariales que los gobiernos neoliberales del pasado crearon en perjuicio del Estado.
Desde luego, a partir de la posición asumida por el gobierno de Correa, según el informe de la CAITISA se han sucedido las demandas contra el Ecuador. El 50% de ellas corresponde al área petrolera, 19% a electricidad y 12% a minería. De los 26 casos en conflicto vigentes, 16 han concluido y quedan 10 pendientes, por un valor reclamado contra el país que asciende a U$ 11.188´966.571. Hasta abril de 2017 Ecuador ha tenido que pagar U$ 1.342´115.969 por los litigios concluidos, ante árbitros que hicieron interpretaciones legales extensivas y parcializadas contra el Estado. Además, se ha gastado U$ 155´929.417 en abogados internacionales, para la defensa nacional.
El informe de CAITISA también dice lo siguiente:
«La excompañía Texaco, adquirida por Chevron, procedió con irresponsabilidad e irrespeto, con tecnologías anticuadas, provocando derrames de más de 26,000 barriles de crudo hacia importantes ríos: Aguarico, Quijos y Shiripuno, y a numerosos esteros, también vertió́ 18,000 galones de agua de formación, más tóxica que el mismo crudo, provocando todo ello la muerte de peces, ganado y animales salvajes. Texaco abrió 916 piscinas, cuyas filtraciones han causado la toxicidad de tierras y la contaminación del agua y del aire. En comunicación escrita entre ejecutivos de la empresa, se dispone que los derrames serán informados sólo cuando “atraigan la atención de la prensa y/o de las autoridades regulatorias…”. Por el alto nivel de contaminación, la salud de la población se vio muy afectada. En una encuesta realizada a 1064 familias se encontraron 306 casos de cáncer, pero se presume un daño mayor, en vista de que no se registraba esta causa de muerte, por desconocimiento de la enfermedad».
El “caso Chevron” se inició en 1993, cuando las comunidades amazónicas demandaron a esa compañía (que adquirió los activos de Texaco, que operaba en Ecuador desde 1964) el pago de U$ 9.500 millones por los daños ambientales en su territorio. La Corte de Lago Agrio sentenció contra la compañía y a favor de los pobladores; sin embargo, en el marco de los TBI, Chevron acudió a la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. El pasado 7 de septiembre se conoció la sentencia de La Haya, que desconoce el fallo de la Corte ecuatoriana y obliga al Estado a pagar a Chevron, por haber denegado justicia a la petrolera y porque la sentencia en Ecuador fue obtenida a través de “fraude, sobornos y corrupción” (https://bit.ly/2NYdslR).
La sentencia de La Haya llega en una coyuntura nacional distinta a la de la última década, pues se ha revivido el modelo empresarial, las elites económicas recuperaron influencia y poder en el Estado, se reorienta el país a favor de las IED, se privilegia al alto empresariado con inéditas regulaciones y perdones tributarios, se restan capacidades estatales e institucionales, y se convierte a la “descorreización” en justificativo para todo.
En esas condiciones, la primera reacción en esferas gubernamentales ha sido la de sostener que hay un posible “perjuicio” al Estado, que el gobierno anterior contrató por 6.4 millones con la empresa MQ Square para pagar a celebridades internacionales como Mia Farrow (U$ 188.000) o Danny Glover (U$ 330.000 dólares), para la campaña “La mano sucia de Chevron” con la cual, dicen, se “manipuló a la opinión pública nacional e internacional”; que las empresas para la defensa de los derechos del país, “no estuvieron a la altura que el caso requería, a sabiendas que este tipo de arbitrajes podrían desencadenar en sentencias contrarias”; y que, por tanto, se ha solicitado al Procurador General del Estado para que ejerza el derecho de repetición contra los funcionarios del anterior régimen (https://bit.ly/2COxBd9). En definitiva, se culpa a Correa de no haber defendido los intereses nacionales y se podrá interponer contra él y sus funcionarios, la acción de cobro del dinero que el Estado tendría que cancelar a Chevron.
Al parecer, no ha habido alguien que sugiriera que lo primero que había que hacer es referirse a los gobiernos que, contrariando el interés nacional, suscribieron los TBI para favorecer a las empresas extranjeras; que por lo menos debía señalarse al gobierno de Jamil Mahuad (1998-2000) y a sus funcionarios por no haber exigido las remediaciones ambientales necesarias a la compañía petrolera que destruyó territorios amazónicos; que algún pronunciamiento había que tener frente al Tribunal Arbitral Internacional de La Haya por su fallo a favor de Chevron; que había que salir en defensa de las comunidades indígenas afectadas; que, aunque sea en palabras, debía decirse que el país llevaría adelante todas las acciones internacionales que correspondan para defender al Estado ecuatoriano; y que la soberanía patria, la dignidad nacional, la seguridad de nuestro territorio, son los valores que, de acuerdo con la Constitución de 2008, orientan las políticas gubernamentales.
Alguien debió decir al interior del gobierno que el tema de fondo son los TBI; que existe un informe de la CAITISA al respecto; y que, si no se quería creer en él, se contaba con los amplios estudios de la Cepal sobre esos tratados (https://bit.ly/2x1BFQO). Que, además, sobre la destrucción del medio ambiente amazónico podía tenerse como base para la defensa del Ecuador a la tesis doctoral de Fander Falconí, actual ministro de Educación, quien orgullosamente sostiene (https://bit.ly/2CLdKeS): “Los graves daños de Chevron en contra de nuestra población y ecosistemas son evidentes. Mi tesis doctoral (2001) documenta los daños sociales y ambientales. Debemos condenar el laudo arbitral y a los responsables, su contenido atenta contra los derechos de los habitantes Amazonía”.
Cabe esperar, por tanto, que el presidente Lenín Moreno ofrezca al Ecuador una posición nacional y soberana. Porque lo que a los ecuatorianos nos interesa es que en materia internacional se defienda el decoro nacional, el interés público, los derechos de los ciudadanos, contra los intereses privados y de cualquier empresa extranjera capaz de burlarse del Ecuador a través de aquellos TBI que se amañaron para defender el interés empresarial contra el interés del Estado.
