La cartografía de la corrupción abarcaría a todas las Comunidades Autónomas estando los políticos presuntamente implicados en casos de corrupción, nepotismo y tráfico de influencias protegidos en un primer estadio por el status de “aforado” y en segunda estancia por la benignidad de los magistrados del Supremo a la hora dictar sentencias condenatorias, de lo que sería paradigma el llamado “Master Casado”. Asistiríamos pues a la escenificación de una lucha enconada entre un Tribunal Supremo, devenido en garante y tabla de salvación de las élites político-financieras del establishment inmersas en el top-ten de la corrupción, el nepotismo y el tráfico de influencias y el Tribunal Constitucional convertido en el último reducto de la resistencia democrática ante la progresiva implementación del nuevo Estado Tardofranquista.
El Tardofranquismo sería hijo del Tejerazo o golpe blando de 1981 en el que los líderes políticos confinados en el Congreso fueron “invitados” a aceptar un acuerdo tácito por el que se declaraban intocables el establishment asociado al sistema monárquico, al sistema político bipartidista y a la “unidad indisoluble de la nación española” y estaría plasmado en la todavía vigente Constitución de 1978, Carta Magna que estaría blindada ante cualquier cambio institucional que se pueda producir en el Estado español con lo que se cumpliría una vez más la profecía : “Todo está atado y bien atado”. Dicho Tardofranquismo sería un anacronismo político que bebería de las fuentes del centralismo jacobino francés y del paternalismo de las dictaduras blandas y que incluirá en su cartografía la llamada “Doctrina Aznar”, distopía que tendría como ejes principales la culminación de la “derrota institucional de ETA para impedir que el terrorismo encuentre en sus socios políticos el oxígeno que le permita sobrevivir a su derrota operativa” y el mantenimiento de la “unidad indisoluble de España “.
Sin embargo, la agudización de la crisis económica, la desafección política de la sociedad española motivada por los sangrantes casos de corrupción de la élite político-económica y el endemismo de una Cataluña invertebrada, harán revisar la vigencia de la Constitución del 78 en la que se sustenta el actual status quo y tras un proceso que se antoja inevitable de catarsis y posterior metanoia colectiva en el conjunto del Estado español, no sería descartable la instauración de la III República en el horizonte del 2021, escenario en el que se procederá al diseño de una nueva cartografía del Estado español con la implementación de un Estado Confederal.