El presidente Piñera dice en El Mercurio que nuestra democracia no término por muerte súbita el 11 de septiembre de 1973, ya que venía enferma desde mucho antes. Sus pilares valóricos y de convivencia se venían deteriorando desde los años sesenta. Ello culminó en “la grave crisis a la que nos condujo el gobierno de la Unidad Popular”. Y agrega que muy pocos creían en la posibilidad de una salida democrática a la crisis que afectaba a nuestro país.

El discutible contexto de Piñera sobre una supuesta “catastrófica” vida política en los años sesenta, y el gobierno de la Unidad Popular, sólo apuntan a justificar el golpe de estado. Por tanto, sus palabras de rechazo a las violaciones de los derechos humanos resultan superfluas, poco convincentes.

Sus palabras son agresivas con quienes sufrieron exilio, tortura y muerte y, muy especialmente, no ayudan a los familiares de los desaparecidos. Palabras también injustas para la memoria del presidente Allende, quien anunciaría un plebiscito el día posterior al golpe militar, salida democrática que no desconocían los cabecillas del derrocamiento. Eso lo olvidó Piñera.

El Chile de los años sesenta no era catastrófico. Por el contrario. Los “proyectos fundacionales”, que según Piñera justificarían el golpe, comenzaron con la Alianza para el Progreso del presidente Kennedy, quien propuso reformas significativas para enfrentar las crecientes demandas insatisfechas de las mayorías pobres de América Latina.

El presidente demócrata cristiano, Frei Montalva, lo entendió bien. Impulsó la reforma agraria, la chilenización del cobre y la promoción popular. Ideas que se correspondían con su propia concepción humanista cristiana, las que se materializaron en leyes, con un consenso mayoritario de la sociedad, que sólo rechazaría la extrema derecha.

Las políticas del presidente Frei, en los años sesenta, no buscaban erosionar la convivencia ni la democracia, sino precisamente fortalecerlas, mediante la inclusión de los campesinos y pobladores de las ciudades, históricamente marginados de la vida social y política en nuestro país.

El presidente Allende no hizo más que profundizar un camino que ya estaba abierto, y que intentaba superar “el contexto” de explotación, violencia y exclusión que la clase dominante había impuesto en nuestro país, desde la instalación de la República.

Ese contexto es el que olvida el presidente Piñera. Le falta también decir, con todas sus letras que, tanto el gobierno de los Estados Unidos, como la extrema derecha chilena, rechazaron la decisión democrática del pueblo chileno. Y, desde la primera hora, incluso antes que Allende asumiera, el 4 de noviembre de 1970, provocaron una crisis institucional con el asesinato del comandante en jefe del Ejército, el general René Schneider.

Esa acción, y tantas otras de organizaciones armadas, como Patria y Libertad y el Comando Rolando Matus, sí que eran violencia. Violencia de verdad. No la del Partido Socialista, y de otras organizaciones de izquierda, que no tuvieron ninguna capacidad para defender al presidente Allende. Su soledad en la Moneda, frente al masivo ataque de tanques, aviones y metralla de los militares es la mayor prueba que la violencia estaba en el bando militar, con la derecha aplaudiendo desde sus escritorios.

Presidente Piñera. No responsabilice sólo a los militares y a un contexto generado por la izquierda. Estaban los civiles de derecha. Por eso hay que hablar de golpe y dictadura civil-militar. Porque los civiles no fueron “cómplices pasivos”, como usted dijo hace cinco años, para hacer cierta concesión a los que sufrieron agresiones de derechos humanos.

Los civiles fueron activos en la planificación y orquestación del golpe de Estado. Elaboraron durante todo el año previo al golpe el programa económico, “El Ladrillo”, fundamento de lo que sería el sistema de desigualdades, que vienen sufriendo la mayoría de los chilenos desde hace 40 años.

También los civiles, encabezados por Jaime Guzmán, redactaron la Constitución de 1980, que consagra un régimen político, lleno de restricciones, que impide una efectiva representación ciudadana y que asegura una economía de mercado, con estado mínimo.

Economistas bien conocidos fueron parte del gobierno de Pinochet. Ellos junto a figuras políticas de la vieja y nueva derecha fueron los ministros y posteriormente parlamentarios en la transición binominal. Ellos no fueron “cómplices pasivos”. Fueron cómplices activos en instalar el régimen político de injusticias y el modelo económico de desigualdades. Su única pasividad fue negar los crímenes o justificarlos con simples excesos.

Son esos civiles de derecha los siguen defendiendo a Pinochet y “su legado”. Porque les sirve para proteger sus negocios: las privatizaciones truchas, que les permitieron enriquecerse, y los inventos expoliadores de las AFP, las ISAPRES, el Código del Trabajo y el lucro en la educación.

Todo esto le falta en su nota en El Mercurio al presidente Piñera. Y este contexto es el que defiende, sin ninguna vergüenza, Carlos Cáceres, ministro del Interior de Pinochet, al señalar que “el bombardeo a La Moneda fue necesario”. Y se felicita del legado de le dictadura,

“Dos aspectos constituyen, a mi juicio, el legado más significativo de las FF.AA. y de Orden: la formulación de una nueva política económica y el establecimiento de un nuevo orden constitucional.” (La Tercera, 09-09-18)

Carlos Cáceres, más allá de su falta de moral, revela el verdadero fondo del golpe de Estado, con su secuela de crímenes. La destrucción de La Moneda servía para arrasar con la historia de la república. No se trataba sólo de terminar con Salvador Allende, sino había que aniquilar una democracia política y un modelo económico que ya no servía a sus intereses.

En efecto, los avances sociales, y el elevado grado de organización de obreros, campesinos y estudiantes, sólo adquirieron su máxima expresión en el gobierno de Salvador Allende. A la clase dominante le resultaba cada vez más difícil la explotación de los trabajadores y el control del estudiantado. Con Pinochet se propuso terminar no sólo el gobierno de la Unidad Popular, sino lo que habían sido las conquistas progresistas durante la segunda mitad del siglo XX.

La nota del presidente Piñera en El Mercurio resulta demasiado banal en la explicación del golpe de Estado. Por una parte, los elementos de contexto que utiliza son muy cuestionables y, por otra parte, nunca una crisis política debiera dar origen a una dictadura militar y al aplastamiento de los derechos humanos.