Por Amanda Andrades/CTXT
La Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW por sus siglas en inglés) nació en 1994. Mujeres migrantes, estudiantes y trabajadoras que vivían en Holanda se unieron para analizar sus distintas vivencias. Las interpelaba entender las realidades del proceso migratorio y el papel que sus diferentes situaciones de partida jugaban a la hora de convertirse en trabajadoras sexuales sin papeles o estudiantes con documentos. De ahí fue brotando la urgencia de vincular las cuestiones migratorias con la trata de personas. Y de ahí a la necesidad de constituirse como una alianza de ámbito internacional que pusiese el foco en los derechos de las mujeres y el apoyo a las organizaciones de lucha contra la trata. A la hora de decidir dónde abrir su sede, optaron por Bangkok. Muchas de ellas provenían de Tailandia y entre este país y Holanda prefirieron plantar las raíces en el Sur Global.
Chus Álvarez (Ávila, 1979) forma parte del equipo de GAATW y ha participado en una de los últimos estudios realizado por esta red, una investigación en siete países acerca de cómo la organización de las mujeres trabajadoras sexuales puede mejorar sus condiciones de vida y luchar contra la trata de personas. Los sietes países elegidos representan posiciones, estrategias y políticas dispares en el abordaje de la prostitución, desde la despenalización hasta la criminalización total.
CTXT aprovechó una visita de Álvarez a Madrid a principios de año para intentar profundizar en conceptos como la trata y el tráfico de personas y abordar las principales conclusiones del informe.
–¿Por qué las mujeres migrantes que crean GAATW deciden centrarse en la trata?
–Su realidad migratoria les permitió entender que la migración y la trata van unidas, se entrecruzan, aunque las políticas globales y de migración las separen. Mientras hay un discurso de protección a las víctimas de trata y de defensa de sus derechos, también existen unas políticas migratorias cada vez más restrictivas que cierran las fronteras y dificultan el movimiento de personas. Una de nuestras principales líneas de acción para combatir la trata es trabajar por una migración segura, con derechos. Este es uno de los modos más realistas de luchar contra la trata.
–¿Cuántas organizaciones forman parte de la Alianza y qué características tienen?
–Somos más de 80 organizaciones. Estamos en América Latina, Norteamérica, Europa y Asia, principalmente. Son todas organizaciones autónomas, muy diferentes entre sí. Las hay centradas en personas migrantes, atención a personas en situación de trata, de infancia, asociaciones de trabajadoras sexuales o del hogar… No definimos cómo tienen que actuar, pero sí unos principios con los que las entidades han de comprometerse: trabajar desde un enfoque de derechos humanos; poner en el centro a las personas a las que se está atendiendo; y que, aunque no se definan sobre la cuestión del trabajo sexual, no participen en actividades en contra de la prostitución.
–¿Qué es la trata?
–La definición de Palermo [Protocolo contra la trata de Naciones Unidas] establece que para que haya trata tiene que haber un traslado de una persona, que ese traslado se haga bajo engaño y que el fin último de éste sea la explotación. Se comete un crimen contra una persona.
–¿Y el tráfico?
–El tráfico es básicamente facilitar la entrada de un país a otro de manera irregular. Es un crimen contra el Estado. Las políticas migratorias restrictivas ponen muros a ciertas personas, físicos o en forma de visados imposibles, pero eso no para los movimientos migratorios, los hace más peligrosos. Esas vías alternativas e irregulares son lo que llamamos tráfico de personas. Hay varios problemas con la identificación que se está haciendo de tráfico con trata. Por una parte, muchos de los fondos que se dicen destinados a la trata en realidad se están destinando a fortalecer las fronteras. Y, por otro lado, hace que muchas organizaciones de la sociedad civil se suban al carro para luchar contra el tráfico, entendiendo que es una manera de proteger los derechos de las personas migrantes, cuando lo que están haciendo es apoyar a los gobiernos a criminalizar la migración irregular.
–¿En las situaciones de tráfico no se puede dar también explotación? ¿Cuál es la línea de separación entre trata y tráfico?
–En el papel la separación es muy clara. Pero en la realidad hay casos de tráfico en los que una persona arregla con otra cómo va a entrar a un país y todo sale tal y como es acordado y otros que terminan siendo trata porque cuando llega al país le retiran el pasaporte, no se puede mover ni denunciar y otra persona obtiene un beneficio económico de dicha situación. En otros casos la explotación puede ocurrir únicamente durante el traslado de un país a otro, por lo que no sería trata, pero sí habría habido explotación. El problema es que cuando estos casos llegan a la justicia estas personas son criminalizadas, porque han incurrido en un crimen contra el Estado al haber entrado en el país de manera irregular. Entonces, aunque hayas sufrido explotación hay veces que no quieres denunciar porque vas a acabar criminalizada y deportada en lugar de ser asistida. Es muy común.
–¿Hay fondos y medidas que se dicen destinados a la lucha contra la trata y en realidad la favorecen?
–Sí. En GAATW hemos documentado cómo las políticas de lucha contra la trata perjudican mucho a quienes migran, especialmente a las personas más vulnerables. El problema es que la cuestión de la trata no es tan sencilla como nos quieren vender, que hay un tipo malvado o una mafia que mete a una persona en un país donde hay otro tipo que la explota. Por lo tanto, las medidas para abordarla tampoco deberían simplificarse. Hay un montón de situaciones económicas, políticas, sociales, históricas que están provocando migraciones en situaciones de mucha vulnerabilidad y es esta vulnerabilidad creada la que favorece los casos de trata. Crear políticas contra la trata destinadas principalmente a fortalecer las fronteras solo dificulta la migración y la hace más peligrosa.
–¿Qué consecuencias tiene la asociación sistemática de trata y tráfico? ¿Deberían abordarse por separado?
–Sí. El tráfico es un crimen contra el Estado, pero es la única opción que las políticas migratorias restrictivas dejan a ciertas personas que quieren migrar. No es que pensemos que el tráfico es algo paradisíaco, en muchas ocasiones también se dan situaciones de explotación, pero son esas situaciones las que se deberían criminalizar. En la trata está clarísimo que hay una situación de explotación. Y eso es un crimen contra las personas. En ambos casos la prioridad debería ser la protección y garantía de los derechos humanos.
–¿Y qué políticas serían más adecuadas a la realidad que ven ustedes y las asociaciones con las que trabajan?
Por un lado, existe la necesidad de fortalecer a las personas trabajadoras para defender sus derechos laborales. Romper con la precariedad y la explotación que se está aceptando como norma, ya seas nacional o migrante. Por otro lado, están las políticas migratorias. Habría que tratar de hacer políticas que no cierren las puertas, sino que las abran y organicen esa migración, que se vea cómo pueden entrar esas personas sin estar en continuo peligro, sin vivir en la necesidad de aceptar condiciones de explotación porque lo que les puede pasar si no las aceptan es peor, y en muchas ocasiones implica ser deportadas.
Como temas concretos, por ejemplo, durante la realización del informe, vimos que, en algunos países, como Nueva Zelanda, la policía que trabaja contra la trata y con trabajadoras sexuales no está también intentando localizar a personas sin documentación. Esta es una de las medidas que se reclama en España. Si no tengo documentos y la policía, que supuestamente me tiene que proteger y en la que tengo que confiar para denunciar un caso de explotación, es la misma que me puede deportar, no va a haber denuncia porque no se me va a proteger. Hay una falta administrativa que se pone por encima de los derechos humanos de la persona a la que se está atendiendo.
En la GAATW trabajamos con las organizaciones para que las personas cuando migran tengan el mayor número de herramientas para poder defenderse de situaciones de explotación, que conozcan sus derechos, la realidad del país al que van a emigrar, las organizaciones con las que pueden contar, las situaciones con las que se pueden encontrar y cuál es la red que puede tener en su país de origen o de destino.
–Cuando se habla de trata, se suele hablar de trata asociada a la prostitución o con fines de explotación sexual. ¿Hay diferencia entre la prostitución y la trata?
–La Alianza reconoce que la prostitución es un trabajo y por lo tanto si hay una explotación, es una explotación laboral. Evidentemente sabemos que hay situaciones de trata y explotación dentro de la industria del sexo. Pero no tiene ningún sentido que se identifique prostitución con trata y que se considere que erradicando la primera se termina con la segunda. La trata y la explotación tiene causas más complejas. Para erradicar la trata hay que abordar esas causas. Cuando se persigue y criminaliza el trabajo sexual, lo único que haces es perseguir y criminalizar a quienes lo ejercen y amenazar su fuente de recursos económicos. Otra de las consecuencias de identificar una cosa con la otra es que se invisibilizan los casos de trata que se dan en otros sectores. Además, se hacen políticas y actividades que no abordan el problema. En España, por ejemplo, mucho del dinero que debería ser para luchar contra la trata y atender a las personas que han sido explotadas se gasta en hacer campañas de sensibilización contra la prostitución.
–¿Cuáles son esos otros sectores más desconocidos en los que se dan casos de trata?
–El sector textil, por ejemplo, es muy común en Asia y América Latina. En la agricultura, donde al pasar lejos de las grandes ciudades es más difícil de ver, también ocurre aquí en España. En los barcos pesqueros también hay bastantes casos. En el trabajo doméstico. La GAATW trabaja con muchas asociaciones en Asia y Oriente Medio que detectan muchísimos casos de trabajadoras del hogar que están yendo a países como Líbano, Qatar o Emiratos donde se dan situaciones muy muy duras.
–Se habla sobre todo de trata de mujeres, ¿hay trata de hombres o de niños?
–Esa es otra gran frase que se repite, que la mayoría de las víctimas de trata son mujeres. Y no es así. Los datos estadísticos bailan un poco y, a veces, no hay datos muy fiables, pero el informe de la OIT del 2012 muestra un número muy igualado entre mujeres (55%) y hombres (45%). Un 90% del total serían explotadas por personas o empresas, de estas el 22%, con fines de explotación sexual y el 68%, con fines de explotación laboral. El 10% restante serían personas en trabajo forzoso impuesto por el gobierno o estados militares. Lo que ocurre es que, dentro de los casos de trata con fines de explotación sexual, la mayoría son mujeres. Respecto al número de mujeres en prostitución que son víctimas de trata, también estas cifras bailan. Por ejemplo, te metes a buscar en internet y se repiten cifras altísimas, pero ninguna tiene una base, una fuente fiable. La más fiable sería la del informe de 2010 sobre trata, de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito: aproximadamente el 14%.
–A lo largo del año pasado llevasteis a cabo un informe en siete países acerca del papel que puede jugar la autoorganización de las trabajadoras sexuales en la lucha contra la trata. ¿Cuáles son las principales conclusiones?
–Nada de lo que decimos es, en realidad, novedoso. Ya lo han dicho antes las organizaciones de trabajadoras del sexo, pero no se quiere escuchar. Una de las conclusiones es que el discurso popular sobre la trata de personas y el trabajo sexual funde los dos conceptos e intenta abordar las dos realidades como si fueran una sola. Esto perjudica tanto a las personas que ejercen el trabajo sexual como a las que son objeto de trata. En todos los países que hemos investigado las trabajadoras sexuales hacen una diferencia clara entre las situaciones de trata, que conocían y que reconocían claramente como un crimen, y el discurso contra la trata, políticas y afirmaciones que les han afectado directamente, influyendo en sus condiciones laborales, en la imagen que los medios muestran de ellas, etc.
Otra de las conclusiones es que las trabajadoras están unidas contra todas las formas de violencia, coacción y explotación que existan en el trabajo sexual, bien sea trata, un abuso de un cliente o de alguien que regenta un local, o incluso un conflicto entre ellas mismas. Esto es importante porque el imaginario que se construye alrededor de la trata de personas invisibiliza y desoye el resto de situaciones precarias y de explotación que pueden darse en el sector.
También se destaca que hay una contribución de las organizaciones de trabajadoras sexuales que no se está teniendo en cuenta. No se las está escuchando ni se las está invitando a las mesas donde se negocian políticas públicas o estrategias contra la trata. Así que por una parte muchas voces generalizadas dicen que la trata es solo prostitución, pero cuando tienen que decidir sobre estrategias para abordarla no cuentan con las organizaciones de trabajadoras sexuales. En otros sectores como el textil o de trabajadoras del hogar se trata de incluir a las personas que trabajan en él, pero esto no ocurre con el trabajo sexual. Sin embargo, estas organizaciones ya están utilizando estrategias para luchar contra la explotación que están funcionando. En nuestra investigación veíamos, por ejemplo, que todas estas organizaciones coinciden en que lo principal es escuchar a las personas, ver qué está pasando y qué deciden y apoyarlas. Y, sin embargo, eso no se está haciendo. Hay muchísimas políticas contra la trata que se centran en el denunciar, denunciar, denunciar, para poder entrar dentro de los procesos de protección, cuando, aunque denuncien, las mujeres en situación de trata no están teniendo protección. Es más una cuestión de pillar a un criminal que de proteger derechos.
Las trabajadoras sexuales ya están contribuyendo a la lucha contra la trata, a la prevención y a la protección frente a esta, mediante la autoorganización y por eso es clave apoyarlas en ese proceso.
–¿Cómo ocurre esto?
–Como en cualquier otro sector laboral, cuando las personas trabajadoras están organizadas tienen mucha más fuerza para protegerse frente a abusos. En todas las entrevistas que hemos hecho con las asociaciones lo que hemos ido viendo es que todas las trabajadoras sexuales que se han organizado con otras son mucho más fuertes ante situaciones de explotación. Esto no significa que sean inmunes a los abusos, sino que tienen más herramientas para prevenirlos, verlos venir y, si suceden, poder enfrentarlos con sus compañeras.
Cuando las organizaciones nos contaban los servicios que ofrecen, hablaban de asistencia u orientación. El dar esa información de lo que sí se puede o no hacer, el informar de los derechos que tienen, del entorno laboral en el que están, de las políticas públicas y las leyes que pueden afectarles, el explicarles que pueden negociar y que son ellas las que tienen el poder, eso es fortalecer a una persona para enfrentar una situación de explotación que, a veces, no es tan fácil de identificar. El crear un espacio donde las trabajadoras sexuales puedan organizarse, hablar, compartir, las fortalece y las hace más conscientes de cuáles son sus derechos y de cuándo no se están respetando. Eso es otra forma de luchar contra la explotación.
–¿Algo más a destacar?
–En el informe se señala también que las etiquetas no tienen ningún sentido. Todo el rato se intenta ver en qué casillas encajas, si eres una víctima de trata, si eres una víctima de tráfico, si eres una prostituta. En vez de centrarse en qué le pasa a esa persona, qué está demandando, qué derechos han sido violados… Las etiquetas no tienen ningún sentido, porque además se cruzan. Por ejemplo, en el estudio hay un ejemplo de Sudáfrica, donde muchas mujeres habían sido objeto de trata, pero ellas no lo identificaban así. Tras saldar la deuda, ya no tenían que seguir ejerciendo el trabajo sexual y sin embargo decidían hacerlo frente a otras opciones. Es decir, que vivas una situación de trata no significa que te quedes siempre en ella, es un proceso, puedes comenzar en una situación de tráfico, caer luego en una de trata, salir de esta situación, caer después en otra situación de explotación. No tiene mucho sentido intentar poner etiquetas para decidir qué tipo de atención darles en vez de escuchar atentamente lo que esas personas dicen.
–¿Hasta qué punto esas etiquetas estigmatizan y nos hacen mirar a las mujeres de determinadas zonas siempre como víctimas de trata y por lo tanto como prostitutas?
–Sí, estigmatizan muchísimo. Las trabajadoras sexuales nos contaban cómo les afecta la imagen que los medios dan de lo que significa ser una víctima de trata: una mujer atada a una cama, que no tiene ningún derecho, abusada sexualmente… Es otra forma de estigmatización. Por una parte, hace creer que todas las personas ejerciendo el trabajo sexual están siendo explotadas y a la vez crea un imaginario sobre lo que significa explotación que impide a las trabajadoras sexuales y a quienes pretenden apoyarlas identificar abusos más cotidianos. Como decía una de las trabajadoras sexuales, todo lo demás que nos pasa, las largas horas de trabajo, si se quedan con nuestro dinero o nos están sisando una parte, a nadie le interesa. Lo único que interesa es si estoy siendo agarrada por el cuello o si estoy siendo violada o se está yendo en contra de mi voluntad, todas las demás cosas que me pasan y que también son explotación a nadie le importan. La etiqueta se ha puesto tan alta que todas las otras situaciones de explotación que están por debajo se invisibilizan.
–Pero si se elimina la etiqueta, ¿cómo se puede ayudar a estas mujeres a nivel judicial si no tienes un delito identificado?
–Lo que nosotras vemos en nuestro trabajo es que hay muchas organizaciones que están dando esa asistencia sin entrar a adjudicar la etiqueta de víctima de trata. Están dando asistencia a esas personas por las situaciones que han vivido, por la violación de derechos. Desde ahí es de donde debería empezar la asistencia a las víctimas, empezar por restituir derechos. Es cierto que a nivel judicial es necesario tener un delito que perseguir, pero existe una confusión terminológica (e ideológica) que no ayuda mucho. En este tema siempre se está haciendo una simplificación: o eres una trabajadora sexual súper empoderada y no te pasa nada malo o eres una víctima de trata a la que le pasa todo lo malo y sin capacidad alguna de acción. Estos dos extremos no representan la amalgama de situaciones que hay en el medio y a las que hay que dar respuesta.
–¿Cuándo vinculamos siempre trata con prostitución se está victimizando a las mujeres que ejercen esta de manera voluntaria? ¿Se las está desempoderando?
–Sí, está identificación las está afectando, pero a todas, a las víctimas de trata y a las trabajadoras sexuales. Se ofrecen medidas a las trabajadoras sexuales que no necesitan. Ellas necesitan una promoción de sus derechos, romper con el estigma, poder ejercer su profesión en libertad, sin ser juzgadas ni estigmatizadas. Y a mujeres en situación de trata se les están ofreciendo opciones que no tienen en cuenta su situación personal porque se están centrando únicamente en “sacarlas” de la prostitución. Por ejemplo, en el grupo de discusión que hicimos en Madrid una de las trabajadoras sexuales nos comentaba que había estado asistiendo a unos cursos ofrecidos por organizaciones contra la trata y que la opción laboral que les ofrecían eran camareras de piso, cuando en España este es uno de los entornos laborales donde más explotación existe. ¿Cuál es el problema entonces con la prostitución? ¿Es una cuestión de explotación o de moral? Tenemos que empezar a hablar más claro y ver cuál es el debate que tenemos. No se pueden poner los derechos de las personas por debajo de nuestra moralidad, de nuestra ideología. Al final estás dando alternativas que llevan a condiciones muy precarias, a condiciones de explotación. Si el problema con la prostitución es que explota a las mujeres, entonces la solución propuesta no cuadra. Es hipócrita.
En el estudio han abordado siete países con situaciones diferenciadas en cuanto al abordaje de la prostitución. ¿Han analizado cómo estas diferentes realidades contribuyen o no a la lucha contra la trata?
Sí, por ejemplo, en Nueva Zelanda hay despenalización. Lo que sale durante toda la investigación es que las condiciones de vida y laborales de las trabajadoras sexuales eran mejores. En los servicios sociales, en los de salud o en la policía el estigma pesa menos a la hora de hablar con una trabajadora sexual y así pueden obtener información clave para abordar casos de explotación. Y, sin embargo, es muy llamativo lo que ocurre con las mujeres migrantes. Como medida de prevención contra la trata, dicen, las mujeres migrantes en Nueva Zelanda no pueden ejercer el trabajo sexual legalmente. Así que siguen haciéndolo, pero sin estar protegidas por el marco legal de aquellas que son nacionales. Esto es muy significativo y nos ha permitido ver cómo los problemas identificados por las trabajadoras sexuales en otros países donde se criminaliza el trabajo sexual, en Nueva Zelanda solo afectan a las mujeres migrantes.
–¿Estas mujeres migrantes podrían caer en situaciones de trata, pero al mismo tiempo la justificación para excluirlas es evitar la trata?
Sí, se basa en que si pudieran legalizar su situación mediante el trabajo sexual, esto abriría las puertas a la trata y a la explotación cuando luego la evidencia lo que dice es justo lo contrario. Por eso insistimos en cómo se utilizan políticamente los diferentes conceptos. Los gobiernos no están siendo sinceros con lo que quieren hacer con las leyes. Al final, y esto es lo que sale en el informe, se trata de racismo y de una ley migratoria xenófoba en la que se las deja fuera para no incluirlas en la sociedad neozelandesa.
–Otro de los países estudiados es Canadá. Este, al estilo sueco, criminaliza al cliente. ¿Cuáles han sido las conclusiones en cuanto a las condiciones de las trabajadoras sexuales y las víctimas de trata?
–Los resultados han sido muy parecidos a lo que ha salido en todos los otros países en los que existen políticas que criminalizan al cliente. Al final esto siempre afecta a las trabajadoras sexuales. La situación se parece mucho a la de España, donde las multas les están provocando una mordida importante en sus ingresos por lo que tienen que trabajar más horas e incluso hacer servicios más peligrosos, pero mejor pagados. Además tienen menos tiempo para negociar con los clientes los servicios y cómo se van a hacer porque estos tienen miedo de que les pillen o tienen que ir a lugares más alejados para realizar los servicios, lo que las coloca en una situación de mayor vulnerabilidad.
–¿Entonces los modelos que penalizan al cliente están teniendo un efecto positivo contra la trata con fines de explotación sexual, están logrando disminuir esta o están provocando situaciones de mayor ocultamiento y, por tanto, de mayor vulnerabilidad?
–El tema con esto es que dependiendo de la información que quieras obtener puedes obtenerla. ¿Qué quiero decir? Que hay muy pocos estudios objetivos y amplios. El nuestro, por ejemplo, es muy reducido y lo sabemos, es una muestra muy limitada. Estudios más amplios y que sean serios sobre esto que me estás preguntando no existen. Por ejemplo, Suecia tiene unas relaciones públicas maravillosas que te dirán que todo su proceso está funcionando genial y que los de todos los demás países, como aquellos que despenalizan, están funcionando muy mal. Para nosotras lo importante es poder hablar con las personas a las que, de verdad, afecta, las que están al final de la cadena. Sabemos que estas políticas de modelo sueco están afectando negativamente a las trabajadoras sexuales y tampoco tenemos tan claro que estén beneficiando a las víctimas de trata. En Tailandia, por ejemplo, donde está criminalizada completamente la prostitución, hay un montón de organizaciones internacionales que van con una capa de superhéroes a “salvar” a las mujeres, y se están realizando un montón de lo que llaman rescates. El año pasado, en una de estas redadas se detuvo a entre 80 y 90 trabajadoras sexuales. Estaban haciendo una redada para identificar a víctimas de trata, pero al final lo que hicieron fue detener a trabajadoras a las que ni siquiera permitieron cambiarse de ropa ni comunicarse con sus familiares. Su única comunicación fue con Empower, la organización de trabajadoras sexuales con la que realizamos la investigación. Al final no se identificó a ninguna víctima de trata entre las detenidas, pero deportaron a las que no eran nacionales y publicaron fotos en los medios sin ningún tipo de respeto por la privacidad. Esta situación se está repitiendo en muchísimos países. La experiencia y los datos que nos van dando las entidades nos indica que el daño que se está haciendo es muchísimo mayor que el beneficio.
–¿Cuándo se hacen con este tipo de redadas qué pasa con las víctimas?
–En muchos casos las mujeres son deportadas a sus países de origen. A veces, esto implica ser devueltas a situaciones de las que en principio también se las quería proteger, situaciones de explotación que pueden pasar en su hogar o en su comunidad. Las organizaciones de trabajadoras sexuales ponen siempre el foco en la cuestión de la asistencia. Nos cuentan que apenas hay servicios que atiendan a las mujeres y que estén dándoles lo que necesitan. A nivel global se está poniendo siempre el foco en el aspecto criminal de la trata. Se utiliza mucho a las víctimas para poder perseguir a los criminales o a las organizaciones criminales. A eso se le presta mucho interés, pero no hemos escuchado de políticas públicas que, de verdad, están protegiendo los derechos de las personas en situación de trata. Estas son atendidas por organizaciones de la sociedad civil.
–En muchos países la protección de las víctimas pasa por la denuncia, ¿qué pensáis de esto?
–Sí, así es. Afortunadamente las organizaciones de la sociedad civil están peleando para cambiar eso. En Colombia la Ley contra la Trata exigía que la persona objeto de trata denunciara para ser atendida. Sin embargo, el año pasado, la sociedad civil organizada consiguió eliminar ese requisito.
Los gobiernos son responsables de proteger los derechos humanos, independientemente de que exista una denuncia o no.
