Publicamos acá la intervención en la Sala de la Cámara, del Diputado humanista del Frente Amplio Tomás Hirsch respecto de la Acusación Constitucional en contra de ministros de la Corte Suprema, que fuera rechazada por 73 votos contra 64 a favor:
«Señora Presidenta,
Formulamos esta acusación constitucional porque tenemos la convicción que los jueces de la segunda sala de la corte suprema cometieron un notable abandono de deberes al otorgarle la libertad condicional a genocidas que cometieron delitos de lesa humanidad. No estamos aquí por la libertad de quien cometió un delito común, tampoco lo estamos para evaluar la trayectoria de los mencionados jueces ni para modificar el fallo en cuestión. Estamos aquí porque con su fallo, Chile mismo le está negando justicia a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos. Y si en 28 años de democracia, no se ha querido legislar en torno a las libertades condicionales para los criminales de lesa humanidad, eso no nos exime de cumplir con nuestro mandato constitucional, aun cuando esta constitución de la dictadura no nos gusta en absoluto.
Son muchas las personas que en nuestro país han luchado por justicia y verdad, también son muchas las victimas a quienes el estado debió haber protegido en los momentos de mayor oscuridad y que hoy nuestra sociedad tiene el deber de reparar el daño causado. Me refiero a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, a la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, a los abogados y Organizaciones de Derechos Humanos que han querido llevar justicia a estas familias, a los miles que fueron torturados, exiliados, encarcelados y perseguidos, y especialmente a la abogada, y hoy Diputada, Carmen Hertz, a quien aprovecho de rendir un merecido homenaje por su incansable y muchas veces incomprendida lucha.
Hoy, quienes hemos firmado y apoyamos esta acusación constitucional lo hacemos con el imperativo ético de acabar con la impunidad a los crímenes de lesa humanidad y lo hacemos justamente para proteger y hacer valer el Estado de Derecho.
¿Por qué firmamos esta acusación, y por qué sostenemos esta acusación el día de hoy? La acusación constitucional tiene su base en el artículo 52, N°2 letra c) de la Constitución, en donde establece la causal del notable abandono de deberes. Por tanto, habría que preguntarse, ¿qué deberes se han incumplido? El primero es el deber del ejercicio de control de convencionalidad, el cual cautela que los derechos humanos de las personas sometidas a su jurisdicción no sean vulnerados, debiendo observar la legislación interna y los tratados internacionales que el Estado ha firmado. Los ministros al no cumplir con el control de convencionalidad prescinden del Estatuto aplicable a los crímenes de lesa humanidad, como lo es el Estatuto de Roma y al no observar este Tratado, se configura el segundo deber incumplido, es decir, facilitar la impunidad de tales delitos. Finalmente, el tercer deber incumplido es que el Estado de Chile sea responsabilizado por la Comunidad Internacional al facilitar la impunidad y no cumplir con los tratados que ha firmado. Por tanto, cuando los ministros reiteradamente tratan crímenes de lesa humanidad como si fueran simples delitos configuran la causal de notable abandono de deberes.
Dicho en otras palabras, los tres ministros que hoy acusamos han pretendido favorecer a criminales de lesa humanidad como si se trataran de simples delincuentes, dejando de lado el mandato constitucional de impartir justicia mediante la aplicación de la Constitución y las leyes, y omitiendo uno de los principios fundamentales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, como lo es el control de convencionalidad. Esto ha llevado a la clara configuración del notable abandono de deberes, al no haber aplicado los tratados internacionales que ha suscrito Chile, y que nuestra Carta Fundamental mandata, en su artículo 5° inciso segundo, vulnerando con esto flagrantemente el Estatuto de Roma.
Por otro lado, en todos los días previos y a través de una intensa campaña mediática, a los diputados firmantes de esta acusación se nos han acusado falsamente de atentar en contra del estado de derecho, comparando – incluso – esta legítima acción con el Golpe de Estado del año 1973!!!.
Pero en verdad a través de esta acusación constitucional lo que estamos haciendo es justamente lo contrario: estamos fortaleciendo el Estado de Derecho. Se hace necesario aclarar que las llamadas “separación y autonomía de los poderes del estado”, no significa que estos poderes puedan hacer lo que quieran pues el Estado de Derecho es la correcta administración de gobierno por parte del Ejecutivo, la correcta dictación de leyes justas por parte del Legislativo, y la correcta dictación de justicia por parte del Poder Judicial. Entonces, cuando uno de los poderes actúa fuera de su mandato legal, negando la justicia real y perpetuando la impunidad, es deber de los otros poderes hacer uso de sus prerrogativas para recuperar el imperio de la ley.
En esta acusación no estamos solamente hablando de mera legalidad, aquí estamos hablando de Justicia. Eso es lo que se le ha exigido al poder judicial desde el inicio de la transición, Justicia, nada más pero nada menos.
Además, no deja de ser curioso que muchos de quienes hoy levantan la voz en defensa del Estado de Derecho y la Democracia sean justamente quienes la destruyeron y participaron de las mayores atrocidades cometidas en nuestra historia moderna. Son los mismos que aplaudían cuando La Moneda era bombardeada, los mismos que miraron para el lado mientras se lanzaban cuerpos desde helicópteros o se violaban mujeres detenidas. Vaya mi condena a todos aquellos que, sabiendo las atrocidades cometidas durante los 17 años de la dictadura, no hicieron nada y sobre todo callaron hasta ahora, escudándose en cargos muchas veces llenos de pompa democrática después de haber sido cómplices activos y pasivos de los peores crímenes que recuerde nuestra historia.
Como reflexión final, me gustaría plantear que aún tenemos una deuda como sociedad. El imperativo ético que hemos mencionado en estas semanas no se agota con esta acusación constitucional. Este imperativo ético nos hace el llamado a legislar para que los Derechos Humanos no sean nuevamente vulnerados por la impunidad de sus violadores. Este imperativo ético nos llama a no fallar nuevamente como Estado y avanzar a una sociedad en donde los Derechos Humanos sean respetados para todos y todas.
Por todo lo anterior, señora Presidenta, anuncio mi voto favorable a esta acusación constitucional, para que nunca más en Chile veamos manchada nuestra historia y nuestra memoria pues tales manchas también ensucian nuestro futuro. Integrar y sanar las heridas del pasado significa hacer justicia, conocer la verdad y reparar a las víctimas, solo así podremos construir un futuro limpio y luminoso para todos nuestros hijos e hijas.»
