En Cuba, el pueblo redacta su constitución eligiendo, según las indicaciones de la Asamblea Nacional (el Parlamento cubano), dos fechas simbólicas para completar esta «edición popular participativa». El proceso comenzó el 13 de agosto de 2018, el día en que Fidel Castro, el histórico líder de la Revolución, debía tener 92 años. Al final, el pueblo cubano tendrá la última palabra sobre la nueva Constitución, con un referéndum vinculante programado para el 24 de febrero de 2019: el día que marcó el inicio, en 1895, de la guerra de independencia contra España, una etapa fundamental en la historia de José Martí. La unidad del pueblo cubano está, por tanto, representada por estos símbolos conmemorativos en un pasaje crucial de la historia más reciente de Cuba, si tan sólo pensamos que el actual proceso de «revisión constitucional» interviene para actualizar un texto que sigue siendo el de 1976, es decir, que se remonta a más de cuarenta años.
Para apoyar este gigantesco proceso participativo, ya se han distribuido un millón de copias de la propuesta constitucional a la población. Habrá más de 130.000 asambleas populares, en las que se discutirá, estudiará, profundizará, integrará y modificará el texto de la nueva Constitución. Cuba se actualiza, por tanto, y lo hace con el rasgo socialista de su dinámica, desencadenando el papel central del Partido Comunista y activando la más amplia participación popular. El mismo proyecto constitucional lo confirma, cuando, en el art. 5, el Partido Comunista lo declara «de acuerdo con José Martí, Fidel Castro y la vanguardia organizada marxista-leninista de la nación cubana… la suprema fuerza gobernante de la sociedad y del Estado».
El enfoque propuesto se basa en una base marxista: establecer un marco legal general (una configuración superestructural) con un marco económico y social renovado por el contexto de intervenciones (el marco estructural) que el socialismo en Cuba ha experimentado en los últimos veinte años. Existe, en general, un marco integral de derechos: la equiparación del matrimonio entre personas del mismo sexo con el matrimonio heterosexual ha sido objeto de titulares de prensa y, por lo tanto, la plena legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, pero es sólo el más sorprendente de un marco que trata de consolidar una perspectiva de «todos los derechos humanos para todos», a saber, el carácter unitario e indivisible de los derechos humanos, tanto civiles como políticos, y de los derechos materiales y culturales.
La confirmación del principio es clara en este nuevo proyecto constitucional: la propuesta del artículo 1, por ejemplo, define a Cuba como «un Estado socialista de derecho, democrático, independiente y soberano, organizado con y para el bien de todos»; el artículo 3 confirma que «el socialismo y el sistema político y social revolucionario, establecido en la presente Constitución, son irrevocables»; mientras que el artículo 27, recordando la planificación socialista, recuerda que «el Estado dirige, regula y controla la actividad económica nacional». La misma disposición final (artículo 224) reafirma que «no es posible revisar los principios relativos a la irrevocabilidad del socialismo y del sistema político y social tal y como se establecen en el artículo 3″.
Luego está la redefinición del orden político e institucional: esbozando el perfil de un Estado socialista como modelo parlamentario basado en el poder popular, el proyecto de Constitución distingue la figura del Presidente de la República de la del Primer Ministro; el Presidente de la República es elegido por la Asamblea Nacional (Art. 121) por un período de cinco años, renovable una sola vez; el Presidente del Consejo lo nombra también la Asamblea Nacional a propuesta del Presidente de la República (art. 136); la Asamblea Nacional, a su vez, sigue siendo «el único órgano con poder constituyente y legislativo» en Cuba (art. 98), consolidando así el papel no sólo de la Asamblea, sino también de todos los demás instrumentos de la asamblea organizada, en los que se forma y expresa la voluntad popular.
Por último, está la redefinición del orden económico y social: Cuba confirma el carácter socialista de su experiencia, se propone desarrollar, profundizar y actualizar el sistema socialista y, en última instancia, articula una actualización del socialismo frente a los grandes desafíos del mundo multipolar y la contradicción interimperialista para el siglo XXI. Reitera (art. 20) «la propiedad socialista de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción como forma principal de propiedad». Confirma el carácter público y estatal de todos los sectores estratégicos o fundamentales de la economía (suelo y subsuelo, energía y recursos naturales, carreteras e infraestructuras de comunicación); reconoce el papel del mercado y limita la propiedad privada a los pequeños sectores, prohibiendo expresamente (artículo 22) «la concentración de la propiedad en personas físicas o jurídicas no estatales, con el fin de garantizar los principios socialistas de igualdad y justicia social». Finalmente, estipula (artículo 26) que «la empresa estatal socialista es el actor principal de la economía nacional». Cambiar el estado y mejorar la economía, con el más amplio apoyo y participación popular, y mantener los principios marxistas y la orientación socialista. Una vez más, por lo tanto, desde Cuba, un mensaje importante e innovador.
