El presidente Piñera se equivoca en un tema muy sensible para la ciudadanía: los derechos humanos. Nombró ministro de las Culturas al converso Mauricio Rojas, cuyas descalificaciones al Museo de la Memoria le significaron un rechazo generalizado de la ciudadanía, con excepción de la derecha pinochetista. Obligado a despedir a Rojas, Piñera anunció la construcción de un “museo de la democracia”, cuyo propósito sería explicar “el contexto” del golpe de estado contra Salvador Allende. Y, para liderar este proyecto, nombró a la historiadora Lucía Santa Cruz.

Igual que Rojas, Lucia Santa Cruz se siente incomoda con el Museo de la Memoria. Es que la violación de los derechos humanos duele. Por ello insiste en que falta el contexto explicativo anterior a los crímenes de lesa humanidad, o sea el cuadro político que explicaría el golpe de Pinochet y sus crímenes.

Sus afirmaciones, difíciles de sostener, empeoraron mucho más cuando defendió la tesis que Pinochet no era un tirano. Prefería el calificativo de dictador, y que había cometido algunos errores. Curiosas expresiones para una persona que se autocalifica de liberal.

Santa Cruz se olvidaba de la historia, que es precisamente su profesión. Porque tirano es la persona que obtiene el gobierno de forma ilegítima y que abusa de su poder sin atenerse a justicia ni razón. Definición que se ajusta con precisión al general Pinochet.

El salvavidas a Pinochet no resulta convincente. Difícilmente puede calificarse de error la destrucción del palacio de gobierno, con Allende fallecido en medio de los escombros. No fueron errores los asesinados, desaparecidos, torturados y exiliados, ni tampoco lo fueron la disolución de los partidos políticos, el fin de la libertad de prensa o la eliminación del derecho a huelga.

Las apreciaciones de Santa Cruz son cínicas. Ella sabe lo que sucedió en Chile a partir de septiembre de 1973. El golpe de estado de Pinochet no fue una casualidad ni estuvo plagado de errores. Fue un plan concebido e implementado sistemáticamente por la derecha política y empresarial, quienes utilizaron a las fuerzas armadas para recuperar el poder político que habían perdido con Salvador Allende.

La clase dominante se propuso arrasar con todo lo existente. Liquidar el modelo económico industrial, así como el régimen político democrático, los derechos sindicales y las libertades públicas. Necesitaba poder de fuego, fuerza material, para erradicar completamente lo existente. Para terminar con el poder que habían alcanzado los trabajadores con Salvador Allende era preciso un régimen tiránico. El gobierno de Pinochet fue una tiranía.

La clase dominante sacó las castañas con la mano del gato. Utilizó a Pinochet y a las Fuerzas Armadas. La derecha conservadora y los militares aniquilaron todos los derechos sociales conquistados por el mundo popular a lo largo del siglo XX y construyeron el modelo económico promotor de desigualdades y el régimen político que lo sustenta.

La Constitución de 1980 sería principal garante de los intereses de la minoría dominante. Su redactor, Jaime Guzmán, aclara el propósito de la nueva carta fundamental “…si llegan a gobernar los adversarios, se deben ver constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque el margen de alternativas posibles que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella sea lo suficientemente reducido para hacer extremadamente difícil lo contrario”.

Lucía Santa Cruz, al esforzarse por salvar a Pinochet de su condición de tirano, endosándole sólo algunos errores, busca salvar su propia responsabilidad y la de su clase por los crímenes de lesa humanidad. Ello le permite desconocer la naturaleza totalizadora del régimen de Pinochet, y su carácter civil-militar.

En consecuencia, no hay errores, sino horrores (como dijo Mónica Rincón) en la planificación del golpe de Estado y luego en su implementación. Y fueron esos horrores los que permitieron instalar un nuevo orden económico, político e institucional.

Es cierto que Pinochet manejó las palancas de la represión y muerte, que además derivó en corrupción y robo. Su familia carga con la vergüenza de llevar un apellido que simboliza el crimen y la deshonestidad. Sin embargo, es ineludible la responsabilidad de las familias de la clase dominante en los crímenes, que sirvieron para la acumulación de sus ganancias.

El presidente Piñera vive una contradicción insalvable en el ámbito de los derechos humanos. En su primer gobierno no cerró Punta Peuco y fue capaz de referirse a “los cómplices pasivos” de la dictadura. Pero, ahora, apretado por la derecha pinochetista, ha sostenido incluso que Salvador Allende habría promovido la violencia durante su gobierno. Esta falsedad sólo se explica como una concesión a la extrema derecha en su justificación de la dictadura de Pinochet.

Lucía Santa Cruz, al implementar el “museo de la democracia”, intentará eludir las responsabilidades de la derecha política y del empresariado en el golpe de estado del 11 de septiembre. Seguramente insistirá en su tesis que los crímenes de lesa humanidad cometido durante el régimen de Pinochet son sólo errores.