El cierre de ‘IANSA’ Linares y la política del Gobierno de ‘Chile Vamos’

Por MANUEL ACUÑA ASENJO

LA EMPRESA ‘IANSA’i HASTA EL ADVENIMIENTO DE LA DICTADURA

La palabra ‘IANSA’ es el acrónimo del sintagma “Industria Azucarera Nacional Sociedad Anónima”. Hoy, por efectos de la costumbre y por la circunstancia de haberse transformado en un conglomerado de empresas que realizan diversas actividades industriales, la palabra ‘IANSA’ ha adquirido vida propia derivando a nombre y convirtiéndose en una verdadera ‘marca’ por lo que dicho consorcio ha pasado a denominarse ‘Empresas IANSA S.A. Sin lugar a dudas, es una de las principales compañías agroindustriales del país cuya actividad es, fundamentalmente, la producción, comercialización y distribución del azúcar y productos afines de la remolacha.

Su historia no es diferente de otras empresas similares. Fundada como empresa estatal por la Corporación de Fomento de la Producción CORFO, en 1953, instaló su primera planta azucarera en la ciudad de Los Ángeles, experimentando, durante los años siguientes, un desarrollo espectacular: en 1959, instaló la planta de Linares; en 1967, la de Chillán (Cocharcas); en 1970, la de Rapaco (La Unión) y en 1974, en plena dictadura, la de Curicó cuya instalación fue inevitable pues, hasta ese momento, no se proponía el nuevo régimen la entrega de las empresas estatales al sector privado.

LA EMPRESA ‘IANSA’ BAJO LA DICTADURA

Desde la instalación de la planta de Curicó, en 1974, no sucedió nada interesante hasta 1978. Ese año marcó una fase diferente para la evolución de la compañía pues la dictadura aprobó la instalación de una nueva forma de acumular llamada ‘economía social de mercado’; como consecuencia de ello, dictó lo que se dio a llamar ‘Plan Laboral’, estatuto en virtud del cual transformó a los trabajadores y sus familias en una mercancía más sobre la cual se podía transigir. A partir del establecimiento de aquella nueva forma de acumular, se dio inicio a una serie de privatizaciones de empresas públicas, bajo el pretexto de disminuir el tamaño excesivo del Estado. Las empresas públicas, propiedad de todos los chilenos, empezaron a ser vendidas unas tras otras. No fueron transferidas a un precio que pudiese considerarse un valor comercial aceptable sino se entregaron a quienes apoyaban a la dictadura a precios bajísimos y en condiciones extremadamente ventajosas para aquellos. IANSA, a pesar de ser considerada como una de las empresas que cumplía con creces los requisitos impuestos por el modelo económico y ser, por ende, una de aquellas cuyas actividades podían ser consideradas de aquellas que ofrecóan ‘ventajas comparativas’, no fue excluida de esa fiebre privatizadora. De acuerdo con las informaciones entregadas por los ‘delegados de Gobierno’ —pintoresco nombre que adoptaron los interventores designados por la Junta Militar—, IANSA estaba quebrada y el resultado de su actividad arrojaba fuertes pérdidas para el Estado por lo que la autoridad pensó en poner fin a su funcionamiento. La privatización se inició en forma paulatina: en 1980 la planta de Rapaco fue entregada a Indus Lever; ese mismo año se vendieron las plantas de Linares y Los Angeles a la Compañía de Refinería de Azúcar de Viña del Mar CRAV. Fue extraña esta última venta, sin lugar a dudas, pues dicha compañía ya no funcionaba bien: los problemas económicos por los que atravesaba la habían obligado a cerrar su planta en Penco, en 1976. Por lo mismo, es posible suponer que, para sus ejecutivos, la compra de las plantas de IANSA era conveniente pues la ayudaría a evitar la quiebra de la compañía que, de todas maneras, se iba a producir cinco años más tarde (1981). El Banco del Estado, que había sido partícipe de tales operaciones, al momento de declararse la quiebra de CRAV, tomó posesión de las plantas de IANSA y las mantuvo en su poder hasta que sus activos volvieron a revalorizarse. Pinochet, entretanto, entusiasmado con las privatizaciones, quiso poner término definitivo al interrumpido proceso de venta de IANSA y exigió a sus ministros la elaboración de un plan para esos efectos, plan que culminó en 1988. Como sucedió con otras empresas que se privatizaron en esos años, no puede descartarse el hecho que la privatización de IANSA haya sido provocada, es decir, que sus presuntas pérdidas hayan sido previamente preparadas, a pesar de todas las explicaciones dadas en cuanto a destacar que los precios internacionales del azúcar habían caído violentamente en esos meses y era preferible deshacerse de tales empresas.

LA EMPRESA ‘IANSA’ BAJO LOS GOBIERNOS POST DICTATORIALES

Con la democratización del país (1990 en adelante), IANSA no solamente permaneció en manos privadas sino comenzó su período de diversificación de productos. El año1990 marcó su ingreso al negocio de los concentrados de frutas y a la comercialización de insumos agrícolas (fertilizantes, semillas, agroquímicos) para el cultivo de la remolacha. Al año siguiente, acometió la tarea de fabricar productos derivados del tomate; años más tarde, esa nueva actividad fue transferida a la empresa ‘Aconcagua Foods’; no existen antecedentes del por qué de esa cesión. Hoy, los negocios de IANSA se extienden al valle de Ica, en Perú.

Tampoco existen antecedentes públicos acerca de por qué, en 1992, la propiedad de la empresa pasó a poder de ‘Anagra’ S.A. que, a su vez, organizó otra empresa dedicada a la comercialización de productos agrícolas bajo el nombre de IANSAGRO. Es posible que hayan sido operaciones especulativas tan propias del sector privado, lo cierto es que Anagra SA se presentó, de ahí en adelante, como la mayor distribuidora de fertilizantes con un 23,5% de participación accionaria. A esas alturas, la producción de azúcar no era ya la actividad prioritaria del consorcio IANSA.

En 1994, la Compañía ingresó al mercado de Alimento para Mascotas, tras la firma de un acuerdo de licencia exclusivo con la compañía europea Spillers Foods International, pero esa actividad terminó cinco años más tarde para volver a ser retomada tiempo después.

En 1996, la empresa dio un paso decisivo hacia su transformación en consorcio (‘holding’) estructurándose con las siguientes empresas filiales:

• IANSAGRO

• IANSA

• IANSAfrut (vendida a Aconcagua Foods en 2004)

• Patagonia Chile S.A.

• Agromás

• Cannes Alimentos para animales

• Icatom (filial en Perú)

Tal cual se señaló anteriormente, la producción de alimentos para las mascotas llegó a su fin en 1999.

Un año más tarde, en 2000, las filiales del consorcio ‘Patagonia Chile’ S.A., ‘Empresas IANSA’ y la empresa ‘Cargill’ fusionaron sus negocios de jugos concentrados de fruta en Chile, para dar vida y nacimiento a otra empresa que, bajo el nombre de la primera de aquellas (‘Patagonia Chile’ S.A.) comenzó a realizar el negocio social. Las proporciones de participación en la propiedad de la empresa fueron del 60% y 40%, respectivamente. No hubo mayores innovaciones en los años posteriores, a decir de los informes que la empresa misma publicara.

IANSA fue dirigida entre 2001 y 2006 por el ex Secretario General del MAPU Oscar Guillermo Garretón, ya convertido en un próspero empresario. Tal gestión, al parecer de un analista, no fue exitosa pues desde el último año indicado en adelante no pudo continuar en el cargoii.

En 2007, los dueños del consorcio decidieron el reingreso al mercado de alimentos para mascotas. A mediados de ese año, en junio, ‘Empresas IANSA’ adquirió ‘Industrial Punto Futuro’, compañía dedicada a la elaboración de alimento para mascotas, tanto con marcas propias (destacándose las marcas Cannes, Minninos, Bobicann y Dino’s) como con aquellas marcas de los principales supermercados y distribuidores del país.

En 2008 una nueva fusión entre ‘Patagonia Chile’ y ‘Jucosa’ dió como resultado la aparición de una nueva empresa que bajo el nombre de ‘Patagonia Fresh’ S.A. se convirtió en la mayor exportadora de jugos concentrados no cítricos del hemisferio sur.

Simultáneamente, ese año lanzó el consorcio al mercado el producto “Iansa Cero K”, un edulcorante sin calorías, fabricado en base a sucralosa. Pero no todo terminó allí pues, de inmediato, se constituyó, también, la empresa ‘Agrícola Terrandes’ S.A. que sería la empresa a cuyo cuidado había de quedar la introducción en el mercado del producto ‘IANSA Cero K’.

El lanzamiento de “Iansa Azúcar Light” se realizó en 2009. Fue la primera azúcar suave (light) del mercado, compuesta por azúcar y sucralosa. Este producto permitió endulzar con el mismo sabor del azúcar y con la mitad de las calorías.

En abril de 2010, se materializó exitosamente la adquisición de la empresa ‘ED&F Man Chile’ Limitada. De acuerdo a la información proporcionada por el consorcio, la compra

“[…] se tradujo en importantes sinergias para Empresas Iansa, por cuanto incorporó a su operación el know how del negocio industrial y mayores conocimientos de los mercados internacionales, además de agregar una importante base de clientes industriales y servicios asociados”iii.

Ese mismo año, el consorcio lanzó al mercado un nuevo producto al que puso por nombre “Iansa Cero K Stevia”, un endulzante natural y libre de calorías.

Dos años más tarde (2012), puso IANSA en marcha la nueva refinería de azúcar cruda en la planta de Chillán, complementaria a la fábrica tradicional de azúcar blanca granulada a partir de remolacha que operaba (y opera) en período de otoño-invierno. Estas nuevas instalaciones permitieron diversificar la matriz de abastecimiento de ‘Empresas IANSA’ y hacer más eficientes sus actividades, al operar en período de primavera-verano, cuando la fábrica de azúcar de remolacha se encuentra detenida, permitiendo duplicar la capacidad de producción de azúcar blanca granulada en Chillán, de 150.000 a 300.000 toneladas.

También en 2012, el consorcio hizo una nueva adquisición al materializar la compra de la totalidad de las acciones de propiedad de ‘Jugos Concentrados’ S.A. en ‘Patagoniafresh’ S.A. (100%), y la compra de las acciones de propiedad de ‘Cargill’ en ‘Patagonia Investment’.

La actividad del consorcio IANSA no se detuvo allí. Por el contrario, en 2013 registró niveles récord de rendimiento agrícola a nivel mundial, los que promediaron en 104 toneladas de remolacha por hectárea, posicionando a la empresa, por tercera vez, como líder mundial en rendimiento.

Tales logros permitieron que, en 2014, apenas un año después, inaugurara la empresa no sólo su Planta Cero K, sino ampliara la Planta Mascotas, en tanto ICATOM mostraba un rendimiento histórico en la actividad del cultivo y procesamiento de tomates por hectárea. El consorcio parecía fortalecerse con el paso de los años.

En 2015, no obstante, sucedieron algunos hechos curiosos: por una parte, ‘Man Chile Holdings’ SpA. adquirió el 49,21% de las acciones de Empresas IANSA S.A. Simultáneamente, la cartera de clientes del consorcio se amplío en virtud de un convenio suscrito con la fábrica Nestlé Panamá. A la vez, el consorcio experimentó un nuevo crecimiento al adquirir la Planta de Fertilizantes ‘Iansafert’ en Concepción y volvió a lanzar al mercado la línea de sus endulzantes Cero K. En septiembre del mismo año, sin embargo, la firma inglesa ED&F Man compró, sorpresiva e inexplicablemente, el 100% de Iansa.

Algo sucedió en ese intertanto pues, al año siguiente (2016), junto con lograr el mayor rendimiento a nivel mundial en remolacha azucarera y en la historia misma de IANSA, se vio que la empresa estaba en crisis, pues generó, según estimaciones,

«[…] apenas 51 millones […]»

de dólares estadounidenses,

«[…] frente a una utilidad de más de US$4.000 millones del año anterior»iv.

De nada sirvió que introdujera nuevos productos tanto en productos como Cero K y Cannes, que abriera una nueva planta de fertilizantes en Puerto Montt, que trazara un nuevo plan estratégico de negocios, que los productos Cero K y Cannes aumentan su market share y que CETIUC entrega a IANSA dos importantes premios en innovación y eficiencia. Para los dueños del consorcio, la crisis comenzaba y debía recaer, como ha sido proverbial en la historia de la humanidad, sobre las espaldas de sus trabajadores.

De ahí que la empresa inglesa ‘ED & F Man’ anunciara, en 2017, un plan quinquenal para reordenar y reestructurar sus negocios. Lo que no impidió que ese año IANSA pasara de utilidades a pérdidas.v

UNA DEDUCCIÓN NECESARIA

A pesar de la crisis detectada en 2015 y sus secuelas en 2016, no puede deducirse que, dos años más tarde, en 2018, estuviese la compañía necesitada de adoptar una decisión que pondría en la calle a una cifra más o menos cercana a los cuatro mil trabajadores. Por el contrario, como ella misma lo expresa hoy en su página webb, se puede afirmar que

“[…] con más de seis décadas de existencia, cuenta también con una consolidada posición en los mercados de alimentos para Nutrición Animal y Alimento para Mascotas, siendo el principal productor de alimento para ganado bovino y equinos del país”.

“Así mismo, Iansa ha logrado una destacada presencia en la comercialización de insumos agrícolas y otorgamiento de crédito a agricultores remolacheros, además de participar en los negocios de venta de pasta de tomates y jugos concentrados a través de sus filiales Icatom y Patagoniafresh”.

Así, pues, ‘Empresas IANSA’ S.A., de acuerdo a sus propios informes —contenidos en la respectiva página webb—, se muestra aún en los momentos que se escriben estas líneas como una compañía en pleno proceso de expansión, con buenos negocios y gran futuro. De acuerdo con esos antecedentes, resulta difícil calificar a dicho consorcio como una organización en crisis y que debería cerrar algunas de sus plantas para evitar pérdidas mayores, como lo expresan sus ejecutivos. Lo que no impide que pueda tener dificultades para cumplir con las exigencias de sus accionistas en una u otra área de actividad.

LOS PROBLEMAS DE IANSA

IANSA ya había manifestado atravesar por algunos problemas económicos y esperaba que la nueva administración política contribuiría eficazmente a colaborar en la resolución de aquellos. Bueno es señalar que, cuando una empresa señala estar atravesando por problemas, éstos no siempre constituyen inconvenientes insuperables sino acusan, generalmente, incapacidad de cumplir con las metas de utilidades propuestas por causa de una menor rentabilidad. Queremos decir con ello que, a menudo, las crisis de las empresas se ocasionan al no cumplirse con las expectativas de ganancias que han tenido sus dueños. Lo cual no quiere decir que ese problema sea superfluo: los directorios deciden el cierre de empresas que presentan problema de rentabilidad por temor a ser removidos por los verdaderos dueños de aquellas que, siempre, buscan sacar mayor provecho de la actividad productiva. Sin embargo, esta razón jamás se hace pública, a pesar que algunos medios de comunicación dan a entender su ocurrencia:

“[…], la crisis de Iansa obedece más a un periodo económico difícil que a las medidas para mejorar nuestra alimentación, que en todo caso, sigue la tónica de otras empresas en Chile que anunciaron su cierre recientemente, como Maersk Containes Industry, la constructora CIAL, y Pastas Suazo”vi.

Es sabido que el actual gobierno de Sebastián Piñera representa los intereses del sector hegemónico dentro del Bloque en el Poder. Y ese sector no es otro que la fracción bancaria de la clase de los compradores de fuerza o capacidad de trabajo en estricta alianza con la fracción comercial de ese estamento. Por eso, su labor principal es satisfacer dichos intereses hegemónicos, algo que ya se puede advertir en el nivel empresarial.

“Desde los bancos de inversión explican que, en general, se proyecta un año 2019 con bastante actividad, pues las compañías han querido esperar un poco que el escenario se estabilice, para el próximo año comenzar con una actividad más contundente”vii.

De lo cual puede inferirse que los intereses de la fracción industrial, es decir, los de la Sociedad de Fomento Fabril SOFOFA y la Confederación de la Producción y del Comercio CPC solamente han de satisfacerse en segundo término, provocándose fuertes roces con el Gobierno al extremo que Pablo Echeverría, timonel de una de aquellas entidades, se atrevió a decir, en la reunión de Moneda Asset, del presente mes:

«Chile requiere generar las condiciones para aumentar la tasa de inversión y ahorro. Pero tenemos que hacerlo no mirando las deudas que arrastramos del siglo pasado, sino las demandas que nos plantea el siglo XXI. Está en manos del Gobierno dar señales en este sentido. No olvidemos que el tiempo deprecia no solo el capital físico, sino también el capital político. Urge que aceleremos el paso de las reformas económicas»viii

Estas organizaciones han debido, por ende, prepararse para enfrentar días difíciles. Pero aquello no significa que dejarán de esperar que el nuevo Gobierno modifique las leyes impositivas dictadas por la administración anterior a fin de hacer de Chile un país ‘más competitivo’. De ninguna manera, porque las esperanzas nunca se pierden; especialmente, cuando se trata de medidas que debería adoptar un aliado estratégico. Sin embargo, eso no ha sucedido ni va a suceder. Como lo expresara un analista, en esos días,

“El Ejecutivo hasta ahora no ha mostrado una postura más flexible en el tema y tampoco se ha abierto a negociar la baja de impuestos a la que Piñera le cerró la puerta en su cuenta pública del 1 de junio ante el Congreso Pleno. Por el contrario, han anunciado nuevos tributos que, de paso, inquietan a los trabajadores que se han mantenido en el mercado gracias a los cargos informales en plataformas como Uber y Cabify, justamente parte de las compañías que serán gravadas”ix.

Podemos nosotros, con todo, señalar que ya en mayo existía conocimiento del deseo del nuevo gobierno no sólo de no innovar en materia impositiva sino de establecer nuevos tributos a las empresas y Apps de tecnología, medida que se había apresurado a informar el ministro de Hacienda Felipe Larraínx.

Por eso, sostenemos nosotros que IANSA todavía esperaba un tratamiento especial en el mes de junio. Ese tratamiento contemplaba, además, cumplimiento exhaustivo de los compromisos contraídos con los empresarios agrícolas, es decir, compromisos relacionados con la producción de remolachas. Por eso, en uno de sus comunicados había expresado la empresa, en cuanto a la posibilidad de adoptar medidas más extremas:

«La planta azucarera de Linares continuará su operación durante el año 2019 si se contratan y siembran al menos 5 mil hectáreas de agricultores de la zona. Cuando concluya el proceso de siembra para la temporada 2019 y, si no se consigue la superficie antes mencionada, la compañía operará solo las plantas de Los Ángeles y San Carlos. De ser así, los agricultores remolacheros de Linares deberán entregar su remolacha en la planta de San Carlos, a su costo»xi.

En el mismo comunicado, la empresa agregaba,

“[…] como es de público conocimiento, desde hace varios años, la industria azucarera nacional está enfrentando una serie de factores que la afectan profundamente, y que ha derivado en una importante reducción en la superficie de remolacha sembrada. Estimamos que para la cosecha 2019, esta disminuirá a alrededor de 14 mil hectáreas, sin duda, un nivel que nos impediría seguir operando 3 plantas. Los factores más relevantes que han gatillado esta situación, son la entrada en vigencia de la Ley de Etiquetado en el país, con la consiguiente disminución en el consumo; la caída en los precios internacionales del azúcar; los mayores costos derivados de la aplicación de los impuestos verdes a algunas de nuestras plantas y la fuerte caída que ha tenido el tipo de cambio»xii.

LA DICTACIÓN DEL DECRETO 181

Sin embargo, mientras la empresa esperaba un pronunciamiento del Gobierno en torno a sus planteamientos, ya el 18 de junio estaba listo el Decreto 181 exento, promulgado el 23 de ese mismo mes, con las firmas del presidente Piñera y de su ministro de Hacienda Felipe Larraín. El referido decreto debía terminar con las protecciones arancelarias establecidas a la producción del azúcar y sus derivados. O, como lo expresa el mismo texto legal, fue dictado para establecer rebajas de derechos aduaneros a la importación de azúcar cruda, azúcar refinada grados 1 y 2, y azúcar refinada grados 3 y 4, y subestándares.

Una rápida mirada al referido cuerpo legal nos permite saber que la política del Gobierno en materia de productos agrícolas básicos tiene por objeto establecer un margen razonable de fluctuación de los precios internos en relación a los precios internacionales de tales productos. Para ello, señala el decreto que es indispensable aplicar rebajas a las sumas que corresponda pagar por derechos ad valórem del Arancel General a la importación de azúcar cruda, azúcar refinada grados 1 y 2, y azúcar refinada grados 3 y 4 y subestándares, desde el 1 de julio de 2018 al 31 de julio de 2018 —de conformidad a lo comunicado por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura, mediante correo electrónico de 18 de junio de 2018—. Para ello, el referido texto legal pasa a establecer una serie de rebajas

“[…] a las sumas que corresponda pagar por derechos ad valórem del Arancel Aduanero a la importación de azúcar refinada de los grados 1 y 2, y azúcar refinada de los grados 3 y 4, y subestándares, por cuanto el precio de referencia se ubica por sobre el techo de la banda vigente”.

De acuerdo con las disposiciones del cuerpo legal —que consta únicamente de tres artículos—, las barreras arancelarias destinadas a proteger la producción de azúcar chilena fueron levantadas en beneficio de la importación de productos externos de menor valor.

El Estado autorizó de esa manera la importación de productos más baratos que el nacional. Por lo que podemos asegurar que el cierre de la planta de IANSA de Linares estaba decidido con antelación.

No parece probable que los problemas derivados del eventual cierre de la planta de IANSA en Linares hayan sido conversados de buen modo entre el Gobierno y los ejecutivos de esa empresa. Por el contrario. Si, como se sabe con certeza, las autoridades del país fueron advertidas oportunamente de lo que podría suceder, ello implica que las conversaciones no fueron en un tono adecuado. Por eso las desoladas palabras del alcalde de Linares,

“En el Gobierno no fueron capaces de anticiparse a un conflicto político y social que se los anuncié hace dos meses”xiii.

Si el Gobierno fue advertido oportunamente de las consecuencias del cierre de la planta y nada hizo por impedirlo, no sería extraño que todos esos sucesos hayan sido la culminación de una lucha de intereses en el sector, resolviéndose el conflicto no en favor del sector industrial del país sino del comercial (aliado estratégico del bancario) y en desmedro, por supuesto, de los trabajadores y sus familias. Queremos decir con estas palabras que, a nuestro juicio, el Gobierno tenía ya decidido reemplazar el consumo interno de azúcar entregando esa misión a las empresas importadoras, que forman parte del sector hegemónico del Bloque en el Poder. Total, como acostumbran a decir los africanos, ‘cuando pelean los elefantes, el pasto sufre las consecuencias ’.

LA DECISIÓN DE JULIO RECIÉN PASADO

Así las cosas, no debía sorprender que el día 13 de julio recién pasado informara IANSA sobre su decisión de cerrar la planta de Linares, advirtiendo que

“[…] sólo seguirán funcionando las sucursales ubicadas en San Carlos y Los Ángeles”xiv.

A diferencia de los cierres de la industria Maersk (San Antonio), de CIAL y de Suazo, el cierre de IANSA de Linares no fue sorpresivo. Por el contrario. Puede, incluso, suponerse que obedeció a una determinación adoptada por el Gobierno con varios meses de antelación a los hechos pues, como el propio alcalde RN lo señala, hubo advertencias previas. Y, por supuesto, el ministro de Agricultura Antonio Walker no estuvo ajeno a los hechos. De él dependía, por lo demás, cumplir con las metas de producción de remolacha requeridas por la industria.

Repetimos: no puede, en consecuencia, afirmarse que el anuncio ‘pílló’ de sorpresa al Gobierno. Muy por el contrario, puede suponerse no solamente que aquel sabía lo que se avecinaba sino lo conocía a cabalidad y, a sabiendas de lo que podía suceder, decidió afrontar los riesgos.

Agreguemos otros antecedentes: la empresa es parte importante de esa comuna; hasta ese momento otorgaba empleo directo e indirecto a unas 4.000 personas por lo que el cierre decretado por ella implicaba la “cesantía total” en esa ciudad, según palabras de su alcalde, Mario Meza, militante de Renovación Nacional, el mismo partido al cual también pertenece el presidente Sebastián Piñera. Así lo señaló en declaraciones a Radio Cooperativa:

“Más de cuatro mil personas de manera directa e indirecta (están) sin empleabilidad. Linares, la Provincia, y el Maule Sur dependemos única y exclusivamente de la agricultura, y particularmente de la remolacha»xv.

RAZONES QUE SE HAN DADO PARA EXPLICAR EL CIERRE DE LA PLANTA

La empresa IANSA ha dado solamente cuatro razones para explicar el cierre de la planta de Linares; pero otros analistas van más allá y ensayan otras posibles causas. Aparentemente, todas hacen suponer que la medida adoptada por la empresa era una solución adecuada.

1. La entrada en vigencia de la Ley de Etiquetados con lo cual se limita el consumo del azúcar. La explicación dada por la empresa se refería al cambio de hábitos de los chilenos que ahora se preocupan más de su salud y de los efectos nocivos que ocasionan en su cuerpo ciertas sustancias que consumen, entre ellas, el azúcar. A fin de comprobar este aserto, el 13 de julio recién pasado, la radio Universidad de Chile procedió a entrevistar a uno de los académicos de la Escuela de Salud Pública de esa casa de estudios, el sr. Cristóbal Cuadrado quien, contrariamente a lo que afirmaba IANSA, indicó que

“[…] aún no hay información sólida como para estar seguros de que los chilenos estemos consumiendo, efectivamente, menos azúcar”xvi.

2. Los precios internacionales del azúcar habían caído drásticamente por razones similares a las que se advertían en los hábitos de los chilenos y se esperaba que esa caída no se recuperara en lo inmediato;

3. La producción de azúcar de remolacha es más cara que la producción de azúcar de caña por lo que resulta más difícil competir en los mercados internacionales. Según un analista,

“[…] mundialmente, el azúcar de caña es más barata que la remolacha azucarera. Este es el factor fundamental que juega en contra de la competitividad de la industria nacional, y que no tiene que ver con la existencia de distorsiones en los mercados mundiales del azúcar, que también pueden existir e influir en el margen”xvii.

4. Los costos por la aplicación de impuestos verdes, que inciden en el mayor precio final del producto; y,

5. La fuerte tendencia a la baja que experimentaba el precio del tipo de cambio, hecho que impedía tener ganancias que justificasen la mantención de la planta.

Otros analistas, que vinculan el cierre de la planta IANSA de Linares a lo sucedido con las empresas ‘Maersk’, ‘CIAL’ e Industrias ‘Suazo’ señalan causas de otra índole para explicar el fenómeno y así indican:

“La duración de las empresas se ha reducido producto de los cambios en el entorno. Crisis económicas, mercados regresionales, fusiones e innovaciones tecnológicas han provocado mutaciones en los modelos de gestión”xviii.

Sobre el particular se puede decir mucho. En materia de causas hasta se le puede echar la culpa a la ‘guerra comercial’ que ha iniciado Donald Trump, como lo señala otro analista:

“Como era de esperarse, la “guerra comercial” impulsada por la administración Trump en Estados Unidos está generando secuelas. En particular, sus contrapartes comerciales han reaccionado a estas políticas. Está por verse si las señales de reconciliación con algunas naciones que han ocurrido después del escalamiento arancelario serán efectivas y duraderas”xix.

Sin embargo, no nos parecen las razones esgrimidas lo suficientemente sólidas como para aceptarlas. Por el contrario, la generalidad de aquellas adolece de graves deficiencias, a saber:

1. La caída en el precio del azúcar no era una cuestión nueva al momento de tomarse la decisión de cerrar la planta; la caída en el precio de ese elemento era algo que venía sucediéndose desde hacía ya largo tiempo y que había obligado a las empresas a tomar las medidas del caso; por otra parte, en el caso de IANSA-Linares, su producción bien pudo encauzarse al consumo interno y no a la exportación pues el consorcio había diversificado convenientemente sus actividades, de acuerdo a sus propios informes. Sin embargo, al parecer, nada de eso se hizo.

2. Que la producción de azúcar de remolacha sea más cara que la de azúcar de caña no es algo que puede sorprender. Esa es una constante que existía desde el siglo pasado y jamás se empleó como justificativo para el cierre de una planta; menos, para dejar en la calle a cuatro mil trabajadores poniendo en grave riesgo la situación de toda una ciudad.

3. La campaña que existe a nivel internacional en contra del uso excesivo del azúcar tampoco es algo nuevo. Las denuncias a los carteles del azúcar es algo que se venía discutiendo a lo menos hace 30 años en el plano internacional y no se refería en modo alguno a la fabricación del azúcar chilena sino a los negociados que existen a nivel internacional entre los gobiernos y los grandes consorcios azucareros que han logrado, de numerosos gobiernos, la aprobación de convenios que exigen colocar azúcar a todo tipo de productos, aunque no sea necesario hacerlo.

4. La aplicación de impuestos verdes es un asunto que perfectamente pudo discutirse con el gobierno de turno, en este caso, el gobierno de Sebastián Piñera. De hecho, fue una de las primeras medidas que se tuvo presente poco después del anuncio del cierre de la planta:

“Una de las propuestas que evalúan es evitar el pago del impuesto verde, que le significa desembolsar 1.300.000 dólares anuales (alrededor de $860 millones). El Gobierno, que mira atento la situación, también ve con buenos ojos esa medida, para trabajar por mientras en un plan de cierre con plazo de dos años para mitigar el impacto laboral y económico que significaría el término de la planta”xx.

5. Las variaciones del tipo de cambio son frecuentes, existen fluctuaciones propias del comercio cambiario que se caracterizan por ser esencialmente transitorias y existen siempre. Tampoco es una razón nueva que se pueda esgrimir para justificar el cierre de una fuente de trabajo.

6. Echarle la culpa a la presunta ‘guerra’ arancelaria entre USA y China tampoco nos parece un adecuado diagnóstico porque jamás los efectos se dan con antelación a las causas sino se dan con posterioridad a la ocurrencia de éstas.

LAS REACCIONES DEL GOBIERNO

Tal cual se ha señalado en los acápites anteriores, la empresa IANSA no arrojaba utilidades que justificaran la mantención de la planta de Linares y esperaba que la solución de esos problemas llegaría de la mano del gobierno de Sebastián Piñera. Pero eso no había ocurrido. Ni iba a ocurrir. Puede suponerse que las gestiones realizadas a tal efecto por el gerente general de la misma, José Luis Irarrázaval, no habían arrojado los resultados esperados, que es una manera de explicarse la renuncia que éste hiciera a su cargo el 28 de junio pasado y que debía hacer efectiva a contar del 31 del presente. Las expresiones empleadas a propósito de la misma —considerada como ‘el cierre de un ciclo’— hacen suponer aquello, a pesar de indicarse en el respectivo comunicado que la causa era una recuperación lejana aún.

Mención aparte merecen las gestiones realizadas por el diputado DC Manuel Matta en los días en que se anunció el cierre de la planta, quien, sobre lo mismo, había señalado que aquella era una

“[…] muy mala y pésima noticia para Linares y la región del Maule”.

“Durante meses realizamos diversas gestiones y tuvimos varias reuniones tanto con ministros como con los sindicatos de la empresa y los ejecutivos para evitar este cierre; hoy estamos viviendo una triste realidad que representa un duro golpe»xxi.

En esos días, el Gobierno se mostró no sólo impotente para conjurar los despidos y el cierre de la planta sino, además, tremendamente torpe e incoherente, lo cual pareciera confirmar el hecho que poco o nada le importaba el cierre de la planta. Las palabras del ministro del Trabajo refiriéndose al despido de 4 mil trabajadores, parecen ir en esa dirección cuando aseveró que

“[…] la economía hace que trabajos terminen y se creen nuevas oportunidades»xxii.

No fueron aquellos los únicos exabruptos (o ‘deslices’) que se formularon en esos días: el propio presidente culminaría todos aquellos con una intervención a la que nos referiremos más adelante.

A las numerosas protestas de los trabajadores se unieron las de los agricultores —que llegaron a efectuar descargas de remolachas frente a la Gobernación, reclamando por una ayuda del Gobierno—. De acuerdo a lo consignado en el periódico local ‘El Heraldo’, una larga caravana de camiones, tractores y camionetas recorrió la ciudad dando vueltas en torno a la Plaza de Armas. Entrevistado, al respecto, por la prensa, Ricardo Escalona, presidente de los remolacheros y agricultores de Linares, declaró:

«Quisiéramos no tener que estar aquí pero la situación compleja que estamos viviendo nos hace llegar a esta instancia. Pido disculpas a la comunidad si les causamos un mal rato, pero les pido nos entiendan, la situación en la que estamos nos complica a todos, sobre todo, con el alto índice de cesantía que tiene Linares. Nosotros esperamos que quienes tienen que tomar decisiones, las tomen acertadamente y podamos revertir esta situación»xxiii.

El gobierno, pocos días después, por intermedio de su ministro de Agricultura, Antonio Walker, pidió a IANSA el aplazamiento por dos años de esta decisión a lo que ésta indicó que solamente daría respuesta a dicha petición luego que se reuniese su directorio, como lo señaló el propio secretario de Estado:

“Tenemos esta semana una reunión con el presidente de Iansa, hemos hablado en innumerables veces para tratar de darle dos años más a la planta, y vamos a ver cómo nos va. No pierdo la esperanza, ya que hay una ventanita abierta todavía, de que al conseguir las 5.000 hectáreas de siembra que nos pide Iansa para el Maule Sur, podamos definitivamente, ojalá no cerrar la planta […]”xxiv

El día 22 de julio aún esperaba el ministro la resolución del directorio, cuya fecha de encuentro estaba fijada para el día jueves 26 de ese mes; fue por ello que, sorprendiendo a los ortodoxos del mercado con sus expresiones, señaló lo siguiente:

“Nosotros estamos muy esperanzados en que la reunión que vamos a tener mañana con el presidente de Iansa, los directores y el gerente general. Esperamos que Iansa venga con una buena noticia dado que el gobierno está haciendo su parte (revisar los impuestos a azúcares). Le pedimos a la empresa que haga su parte para no cerrar la planta de Linares para esta temporada”xxv.

Sin embargo, nada de ello sucedió: el directorio acordó simplemente el cierre de la planta y las gestiones que el Gobierno había hecho hasta ese momento resultaron del todo infructuosas. No hubo, del mismo modo, respuesta de los empresarios remolacheros ni, mucho menos, tuvieron efecto las advertencias tanto de los trabajadores como de los agricultores en cuanto a seguir con las movilizaciones ‘hasta las últimas consecuencias’.

El 26 de julio, cuando ya era irrevocable la decisión del directorio de IANSA, Piñera —que tiene una capacidad inagotable para elaborar disparates de la más diversa clase—, justificando el cierre de la planta, expresó a la comunidad nacional:

“Para que nazca un árbol nuevo, muchas veces tiene que morir un árbol viejo, esa es la naturaleza humana”xxvi.

Expresiones torpes, escasamente meditadas, que hicieron recordar una poco afortunada transposición de las tesis de Schumpeter acerca de la destrucción creativa de empresas.

“No es de extrañar que se utilicen las teorías o postulados de renombrados autores para construir una argumentación o una justificación sobre decisiones o hechos económicos reales. Otros ejemplos menos afortunados son los de culpar a las improductivas vacas de la escasez láctea. Esto ha marcado la costumbre de algunos políticos de apoyar o rebatir un hecho o una expectativa con citas de dudosa aplicabilidad”xxvii.

Porque la frase del presidente intentaría, en el fondo,

“[…] utilizar aquella schumpeteriana idea que postulaba que aquellas empresas ineficientes serían reemplazadas por nuevas (similar al ciclo biológico), con renovados bríos y alguna ventaja que las haría triunfar. En nuestra cita presidencial, los “árboles nuevos” reemplazaran a aquellos improductivos y senescentes, permitiendo así el funcionamiento de un sistema, donde no caben salvaguardias para mantener “árboles viejos” ineficientes”xxviii.

No fue su única improvisación aquella pues, luego de asegurar que, de todas maneras, su gobierno protegería a los trabajadores reveló, abiertamente, cuáles eran sus reales intenciones:

“[…] nosotros vamos a apoyar a nuestros agricultores, estamos viendo que medidas vamos a tomar pero no vamos a dejarlos solos, los vamos a ayudar a levantarse, los vamos a ayudar a reconvertirse, esto toma un tiempo, todos sabemos que la agricultura es a largo plazo, pero siempre nos vamos a jugar por nuestros agricultores”xxix.

Así, el 8 del presente, se iniciaron las exoneraciones con 51 desvinculaciones y 256 despidos.

POR QUÉ LA DICTACIÓN DEL DECRETO

Para entender la dictación de semejante decreto debemos recordar algunas cosas ya indicadas anteriormente porque es conveniente tenerlas presente.

En primer lugar, en 1978, la Junta Militar determinó imponer una nueva forma de acumular cuya función era desmontar el sector industrial que existía para sustituirlo por la importación de artículos similares que se fabricaban en otros países y cuyo costo era inferior al producido dentro del país; eso implicaba abolir las barreras arancelarias que protegían la industria nacional. En segundo lugar, debía privilegiarse el desarrollo de las actividades económicas solamente en los sectores que ofrecían mayores ventajas comparativas, sectores que fueron definidos como la agricultura, la pesca, la silvicultura, la industria forestal y la minera. La producción azucarera era parte del sector agrícola pues se trataba de un derivado del cultivo de la remolacha. Su explotación no corría peligro, de acuerdo a las directrices que había fijado la dictadura; tampoco debía correrlo en los gobiernos post dictatoriales. Sin embargo, una aplicación rigurosamente dogmática del modelo puede llevar hacia resultados imprevistos: los presupuestos se alteran y lo que se había indicado como posible ya no parece serlo. Especialmente, cuando se quiere abaratar un producto importando uno similar desde el exterior que es más barato. Pero ello no ocurre normalmente; excepcionalmente, sí puede ocurrir cuando las pugnas por defender sus propios intereses ponen en contradicción a las distintas fracciones de la clase dominante en el Bloque en el Poder. Es lo que parece estar ocurriendo en Chile en la actualidad.

La coalición gobernante (‘Chile Vamos’) es una estructura política integrada por varios partidos destacándose, entre ellos, la Unión Demócrata Independiente UDI y Renovación Nacional RN. La primera de esas agrupaciones políticas representa la herencia dictatorial y la defensa irrestricta del legado pinochetista, fundamentalmente, el modelo económico, la familia militar y la Constitución. Por lo mismo, representa la aplicación ortodoxa de un modelo más que de un interés empresarial específico, lo que no quiere decir que, en su interior, no reproduzca intereses empresariales específicos. La segunda representa, más bien, los intereses empresariales mismos, pero más exactamente la protección del sector industrial, lo cual no implica que su labor política sea ignorar los intereses comerciales y bancarios. No. También esas actividades conforman empresas y empresarios cuyos intereses es necesario defender.

Sebastián Piñera no es de la UDI ni de RN aunque perteneció a esta última organización. Es él. Un sujeto que representa el triunfo de los sectores bancarios por sobre el sector industrial. Siempre lo ha sido. Nosotros lo hemos definido como el perfecto agiotista o especulador. Su fortuna nace, precisamente, de la actividad financiera. En su conjunto empresarial solamente existen dos empresas que se dedican a la producción; las demás son todas financieras, especulativas o comerciales. Es, por lo mismo, el hombre ideal para representar los intereses políticos de la UDI. Y el mejor para cautelar el legado pinochetista. Así actuó durante su gestión anterior; no tendría por qué no actuar de manera similar en la segunda. No por algo señalaba, en septiembre del año pasado, el consejero del Museo de la Memoria Daniel Platovsky:

“[…] políticamente el gobierno de Piñera terminó siendo nada. No quedó nada. La Nueva Mayoría arrasó. Y los dos últimos años de gobierno de Piñera fueron UDI, era cosa de ver La Moneda”xxx.

No debe sorprender, por lo mismo, que el sector hegemónico que dirige el Bloque en el Poder dentro del Estado chileno, luego del triunfo electoral del abanderado de la coalición ‘Chile Vamos’, sea la fracción bancaria de la clase de los compradores de fuerza o capacidad de trabajo, en alianza con el sector comercial. Es el sector que se ha impuesto, incluso, dentro de los gobiernos concertacionistas. Las diferencias son, solamente, de matices. Piñera, en este segundo mandato suyo, gobierna con la Unión Demócrata Independiente UDI en desmedro de los otros partidos integrantes del pacto. Como lo hemos señalado, la UDI busca aplicar en forma rigurosa la forma de acumular heredada de la dictadura; en palabras más directas, privilegiar el predominio de la banca (en alianza con la fracción comercial) por sobre el sector industrial de la clase de los compradores de fuerza o capacidad de trabajo.

Por eso dictó el decreto en referencia: se trata de profundizar el modelo económico alentando la labor de las empresas importadoras. Desconocemos si lo hizo luego de conversar con la directiva de IANSA, pero de lo que no cabe la menor duda es que todo ello se hizo a espaldas de la ciudadanía. Y sostenemos, también, que esa es la dirección que lleva la decisión de la Comisión de Acuerdo Nacional por una Salud Digna y Oportuna de destinar una parte de la cotización de salud se destine a un fondo común, pues

“[…] los detalles quedarían a cargo de una comisión mixta de Salud, con apoyo de expertos en seguros para estimar el tipo, modalidad, cobertura y costo de la cobertura”xxxi.

Las compañías de seguro constituyen, también, un aspecto más del interés financiero dominante en el país. No debe extrañar que también ese interés sea protegido por la representación política del sector hegemónico del Bloque en el Poder, aún cuando en la Comisión participen elementos que no lo son. Por lo demás, en el mismo proyecto se contempla lo que se ha dado en denominar ‘modernización’ de FONASA que tendría los objetivos señalados a continuación:

“La modernización de Fonasa incluye transformarlo en un seguro público integral, pasando de financiador a un comprador de soluciones sanitarias. Modificará gradualmente su plan de salud, incorporando coberturas como telemedicina y prevención, para avanzar hacia un plan universal. Con esto se busca homologarlo con seguros privados y hacerlo más competitivo, donde pacientes puedan cotizar una imposición superior el 7%”xxxii.

La dictación del decreto 181, en consecuencia, no ha sido en modo alguno casual. Por el contrario: guarda absoluta correspondencia con la práctica realizada en torno a proteger el legado de la dictadura, mejorado en los gobiernos posteriores a ella.

CONCLUSIONES

Las conclusiones nuestras no pueden ser alentadoras. Estamos frente a una sorda disputa de intereses entre las diversas fracciones que componen la clase de los compradores de fuerza o capacidad de trabajo, una disputa que revela los efectos de la tan negada y aborrecida lucha de clases, en donde la vida y futuro de los vendedores de dicha mercancía no tiene relevancia alguna. Menos aún en una época en donde las organizaciones políticas que han aseverado una y otra vez representar sus intereses, integradas por bribones y rufianes, se han dedicado al pillaje estatal y a copar los cargos gubernamentales con sus familiares e incondicionales. Pocas veces en la historia de la República han estado las clases dominadas tan huérfanas de apoyo político. En esa disputa, y en la actualidad, los sectores dominados no juegan ni desempeñan rol alguno que no sea luchar por su supervivencia constantemente amenazada. Hasta cuándo permanecerán en esa situación es algo que no podemos predecir.

El cierre de la planta de IANSA en Linares, por consiguiente, a nuestro entender, no ha sido sino la confirmación de una política determinada impuesta por el actual Gobierno que busca aplicar de la manera más ortodoxa la forma de acumular implantada por la dictadura, incluso, y si es necesario, desmantelando la industria que se desarrolla en los sectores que, precisamente, poseen ventajas comparativas. No es por otra razón que han cerrado otras industrias productivas como lo han sido MAERSK, Industrias Suazo y CIAL, pues su objetivo es facilitar la especulación bursátil, inmobiliaria y financiera.

Piñera ha sido elegido con una amplia mayoría ciudadana de votos y mientras ese apoyo se mantenga en las encuestas será muy difícil realizar intentos orientados a desbaratar sus planes. Menos, aún, si quienes intentan hacerlo son los mismos que han colocado a las clases dominadas en el estado de postración en que actualmente se encuentran. La comunidad nacional difícilmente apoyará a esos pícaros y bellacos en sus pretensiones por más que aleguen representar los intereses de los trabajadores.

Una nueva organización sindical, una nueva organización social, una nueva organización política, nacidas todas ellas de las propias bases, con auténticos representantes populares, con un ideario claramente delineado, con un proyecto de sociedad aceptado por las grandes mayorías nacionales podrá ser el inicio de una solución a los problemas que enfrentan en el día de hoy los sectores dominados. Lo sucedido con los trabajadores de IANSA Linares es algo que nos obliga a pensar y repensar los idearios. Y a reflexionar acerca de lo que está sucediendo en el país.