La reciente condena de algunos jóvenes vascos a altas penas de prisión y las acusaciones contra políticos catalanes demuestran el carácter político de la justicia en España. El enemigo está a la izquierda.
La madrugada del 15 de octubre de 2016, en un bar de Alsasua (vasco: Altsasu), en el País Vasco, en el norte de España, se produjo una riña entre varios adolescentes y una pareja de la Guardia Civil. Balance de daños: un labio hinchado y un tobillo roto. Hasta aquí en absoluto inusual en un país como España, en el que sólo en el año 2016 se produjeron 9.571 riñas entre policías y ciudadanos, que se suelen calificar de resistencia contra el poder público. En el caso vasco, se presentó también denuncia ante las autoridades locales.
Pero entonces sucedió algo inesperado: «Empezamos a asustarnos cuando vimos cómo determinados diarios españoles, así como la televisión, trataban el caso en el que nuestros hijos estaban involucrados. Decían que nuestro pueblo de Alsasua está dividido, que los funcionarios de la Guardia Civil no se pueden mover libremente sin ser insultados por la gente. Hablaban de una situación de extrema violencia que no tiene nada que ver con la realidad del lugar. La prensa preparó el terreno para lo que vino después», aclara Bel Bozueta, madre de Adur ―que mientras tanto ya ha cumplido los 23 años―, uno de los ocho condenados en este caso. La abogada de Adur, Jaione Karrera, describe el curso de los hechos: «Pocas semanas después de la pelea, una organización para las víctimas del terrorismo presentó denuncia ante la Audiencia Nacional en Madrid. Este tribunal nacional sólo es competente para crímenes especialmente graves como el terrorismo y sus sentencias imponen siempre penas elevadas.» En realidad, se intenta crear una relación de los adolescentes vascos con un movimiento que pide la retirada de la Guardia Civil del País Vasco y así indirectamente también con ETA.
Un caso de terrorismo
«Hemos declarado varias veces que no ha habido ninguna prueba de que ninguno de estos chicos formara parte de un movimiento así. Peleas de este tipo las hay cada fin de semana en todo el país, algunas con armas como palos de béisbol, resultando a menudo con heridas más graves. Ninguno de estos casos ha sido llevado ante un tribunal especial», dice la abogada. Los tribunales competentes del País Vasco también confirman en sus atestados que no hay ningún indicio de terrorismo y que el caso debe ser juzgado por los tribunales locales. Pero Madrid insiste. El conflicto de competencias es llevado ante el Tribunal Supremo. Este no excluye que se pueda tratar de terrorismo y pasa el caso a Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional, la misma jueza que un año después dicta prisión preventiva, acusándolos de «rebelión», al candidato a la presidencia del Gobierno catalán, Jordi Sánchez, y al presidente de la organización catalana Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
Las familias de Alsasua observan los acontecimientos con incredulidad y con miedo. «La Guardia Civil tiene mucho peso y una historia muy oscura. Hemos vivido esta policía militar en el País Vasco en el tiempo de ETA; fue muy duro. Y desde el comienzo vimos que había un interés político en hacer de nuestro caso un asunto muy gordo», dice la madre de Adur. Lo que más les asustó fue un tuit del entonces jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy, en el que aseguraba que ese ataque a la Guardia Civil no quedaría impune. Por la mañana del 14 de noviembre, se presentan agentes a su casa y se llevan a su hijo. También son detenidos otros siete amigos.
La acusación es de terrorismo. El fiscal general pide penas de prisión de entre 50 y 61 años para siete de los acusados y doce años para una chica. «Hubo una fase de instrucción muy corta. En la Audiencia Nacional, se tomó la declaración de nuestros mandantes y, por aparente peligro de fuga, se les encarceló cerca de Madrid. Tres de ellos siguieron en prisión hasta que se dictó sentencia, 19 meses más tarde, y en las condiciones especiales que se usan para los terroristas», explica Jaione Karrera. La madre de Adur describe qué significó aquello para el estudiante de magisterio y música que entonces tenía 21 años: «Cada comunicación estaba controlada. No podían participar en actividades dentro del recinto de la prisión. Eran sometidos a severos controles por parte del personal de seguridad. Solicitamos una conversación con un psicólogo porque los primeros meses fueron muy duros para nuestro hijo. Esto era en agosto del 2017; el psicólogo no lo pudo ver hasta junio de 2018.»
Xabier Perez
Proceso injusto
La abogada de Adur está convencida de que la justicia está predispuesta en contra de sus mandantes. «No habría llegado a esta acusación desproporcionada ni en prisión preventiva si los acusados no hubieran sido del País Vasco. Todo el proceso daba la impresión de ser un anacronismo.» ETA abandonó las armas en 2011 y, en aquel momento, los acusados aún eran menores de edad. «Todos nuestros argumentos fueron recusados. Sólo valió el informe de los agentes de la Guardia Civil afectados. No pudimos presentar ningún documento, ni vídeos, ni siquiera pruebas objetivas como un plano del bar, para exponer al menos otra versión que la de la acusación.» Tampoco fueron admitidas ninguna de las pruebas de la defensa que se referían a la situación política en el pueblo, aunque una parte de la acusación precisamente se basaba en ello.
Pero todo empeoró todavía más. En febrero de 2017, la defensa se enteró de que una de las juezas es la mujer de un oficial de la Guardia Civil y tiene una medalla de la policía militar. A pesar de ello, el recurso de parcialidad fue denegado.
Las sentencias dictadas el 1 de junio son consecuentemente muy duras. La Audiencia Nacional, temiendo que el veredicto pueda ser después anulado, retira la acusación de terrorismo. Son condenados, aún así, por lesión corporal, alteración del orden público y ataque al poder público. Tres de los acusados reciben la condena máxima de 13 años, los demás 9 años y la chica 2 años. La defensa pide revisión. Sin embargo, pocos días después de la sentencia, son encarcelados por la Guardia Civil.
Las familias protestan por las condenas desmesuradas y por las muchas irregularidades. Miles de personas de todas partes de España van al País Vasco para manifestarse junto a ellas. «No hubo ninguna presunción de inocencia. Desde el primer momento, sólo hubo la versión de la acusación y no la de la defensa», resume la abogada Karrera. Además, ya durante la prisión preventiva, fueron ingresados a casi 400 kilómetros de su pueblo. Esa táctica de dispersión ya es practicada desde hace décadas con los presos vascos; y, desde el pasado otoño, también con los separatistas catalanes encarcelados. Bel Bozueta, la madre de Adur, sobre todo ve motivos políticos detrás de la sentencia: «La Guardia Civil es un elemento importante de la unidad de España, es considerada como una columna de apoyo de la nación española. Y, aunque la acusación de terrorismo no pudiera ser mantenida, seguimos viendo por televisión cómo se sigue argumentando en esta dirección por lo que el ciudadano normal se cree que nuestros hijos deben ser de alguna manera terroristas. Hay un motivo muy claro detrás de las sentencias y es la venganza.» Aquí Bel ve un paralelismo con los activistas y políticos catalanes encarcelados. Y en ambos casos ella ve una clara muestra de que en España no funciona ningún tipo de separación de poderes.
Larga prisión preventiva
Los familiares y los abogados catalanes se quejan de irregularidades tanto en lo que se refiere a la prisión preventiva como a los defectos procesales. El ex-ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno Puigdemont, Raül Romeva, en el transcurso de pocos meses ya ha sido encarcelado por segunda vez. A mediados de junio, el Tribunal Supremo confirmó la acusación contra él y catorce políticos catalanes más por rebelión y sedición. Las penas correspondientes son de 30 y 12 años, respectivamente. «Rebelión en España significa uso de la violencia, pero mi marido no ha tenido ni siquiera una piedra en la mano», dice Diana Riba, la mujer de Romeva. Reprocha que los miembros del Gobierno catalán acusados casi no han tenido tiempo de hablar adecuadamente con sus abogados. Txell Bonet, compañera de Jordi Cuixart, que lleva nueve meses en la cárcel, está convencida de que no habrá proceso justo. «Es como el caso de Alsasua: piden las penas máximas para encarcelarlos. Al final, puede que no los condenen por rebelión, la condena puede que sea menor que la de los chicos vascos. Pero se les condenará a pesar de que no hubo ninguna violencia.»
Jaume Alonso-Cuevillas representa a algunos de los políticos catalanes en el exilio, entre ellos a Carles Puigdemont. Alonso-Cuevillas ejerce de abogado desde hace 35 años y es catedrático de derecho procesal en la Universidad de Barcelona. «En España, la prisión preventiva es aplicada inadecuadamente como una especie de castigo previo. En nuestros casos es bien claro que se trata de intimidación. Ningún vasco ni ningún canario debe tener la idea de emular a los catalanes.» Al igual que la abogada vasca Jaione Karrera, Alonso-Cuevillas está convencido de que los derechos fundamentales de sus mandantes han sido vulnerados. Además, se les ha dificultado su defensa: «Se nos avisó con muy escaso tiempo de que los acusados, por una acusación de rebelión que les puede conllevar una condena de 30 años de prisión, ya tenían que presentarse al día siguiente, a las nueve, en Madrid, es decir, a 600 km de distancia. Yo recibí documentos de un grosor de 150 páginas, pero no se había incluido ningún documento de prueba.» El abogado catalán se queja también del uso abusivo del derecho penal: «Se podría decir que se trata de desobediencia, no de rebelión. Naturalmente, la alteración del orden público con violencia armada es un crimen en todas partes. En España, esto ocurrió el 23 de febrero de 1981 con el golpe de estado de la Guardia Civil, o con la sublevación militar de Franco en 1936. Aquí, sin embargo, no hubo ninguna violencia sino un proceso democrático. El problema es que tanto la Fiscalía como el Tribunal Supremo se ven ellos mismos como víctimas. Y por eso no se juzga con objetividad», opina Alonso-Cuevillas.
Jueces conservadores
Joaquín Urías, ex-juez del Tribunal Constitucional español y profesor de derecho constitucional en la Universidad de Sevilla, no cree que estos procesos contra vascos y catalanes sean un problema de falta de separación de poderes. Pero da la razón al abogado catalán en cuanto a la falta de objetividad: «En España, no es que los jueces hagan lo que el Gobierno quiera. Pero el problema es que los mismos jueces representan una ideología determinada. No es ningún problema de la independencia de la justicia, sino de su neutralidad.» Esto afecta sobre todo a los tribunales superiores de España, en los que los jueces son nombrados por el Estado. Aquí predominan las posiciones conservadoras. Para Urías, el caso de Alsasua es un ejemplo típico: «Hay un conflicto entre un policía y un ciudadano. El juez da la razón siempre, siempre, siempre al policía. Da miedo.» En su opinión, en un estado democrático, el juez debe proteger a los ciudadanos ante el Estado pero, en España, los jueces defienden de los ciudadanos al poder público. «Siempre que hay un conflicto entre un ciudadano y un policía, aunque sea el policía el que haya cometido el delito, los jueces sentencian en favor del policía». Precisamente en el caso de una violación en grupo, de la denominada Manada, en julio de 2016 en Pamplona, que provocó protestas en todo el país ya que los jueces reconocieron «abuso sexual», pero no violación, y dejaron en libertad a los acusados durante el desarrollo del proceso, llama la atención que dos de los imputados sean miembros del ejército y de la policía, respectivamente.
Como causa de ello, el constitucionalista ve en primer lugar la «Transición», tal como se llama en España el paso a la democracia a partir de 1978. «Al contrario que en Alemania, tras la dictadura no se realizó ningún cambio en el ámbito de la justicia. Tras la muerte de Franco, votamos una nueva constitución, pero los mismos jueces que hasta 1975 habían aplicado las leyes franquistas, es decir directamente leyes fascistas, son los que tenían que aplicar esta constitución. Por eso se tarda tanto a que los derechos y valores de la constitución puedan enraizar en la justicia española.» Otro problema es la formación. «En otros países, los principiantes de juez dedican tiempo a casos reales, hacen de asistentes, se enfrentan con la vida real. En España, se ha de estudiar al menos cinco años y se ha de poder pagar un tutor muy caro», explica Urías. El trasfondo social de los jueces es muy homogéneo. Esto también contribuye mucho a la tendencia conservadora mayoritaria del cuerpo judicial español.
Otro problema lo ve Urías en la propia legislación. El derecho penal español es cada vez más ideológico. «Es imposible aplicar ciertas leyes sin que el juez las deba interpretar él mismo políticamente; no hay una base fáctica», avisa. Un ejemplo es la Ley de Seguridad Ciudadana, por ejemplo en el caso de «delitos de odio»: «Hace poco, hubo un proceso porque el periodista Antonio Maestre había sido amenazado de muerte por un policía a través de Twitter. Este policía tuvo que pagar 200 euros de multa. Al mismo tiempo, el rapero Valtònyc, que en una de sus canciones había amenazado a un empresario de Mallorca, fue condenado a dos años de prisión, en base a la misma ley. Aquí se ve bien claro: si un policía amenaza a una persona de izquierdas, el juez dice: ‘Bueno, no es tan grave …’ pero si una persona de izquierdas amenaza a un empresario de derechas, hay penas de prisión», explica Urías.
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Un fascista como víctima
Otro ejemplo es el caso de Luis Carrero Blanco, a quien Francisco Franco había previsto como su sucesor, que fue asesinado por ETA en un atentado en 1973. Tras publicar, la estudiante Cassandra Vera, un tuit con un chiste sobre la muerte de Carrero Blanco, fue condenada a un año de prisión. «El juez decidió sobre la base del artículo 579 del Código Penal («glorificación del terrorismo») que Carrero Blanco fue una víctima del terrorismo. Esto es como si en Alemania alguien hubiera matado en un atentado a Hermann Göring y éste hubiera sido reconocido más tarde como víctima del terrorismo», opina el jurista. Seguramente por el temor de que el «caso Cassandra» tuviera consistencia ante el Tribunal Europeo, el Tribunal Supremo revocó la sentencia en marzo de este año.
En opinión de Alonso-Cuevillas, los casos citados demuestran que la justicia española es imprevisible, lo que hace perder la confianza en las sentencias judiciales: «La justicia debe ser previsible hasta un cierto grado. Pero en España, por casos absolutamente idénticos, las sentencias pueden ser completamente diferentes.» Aquí ve un problema en el mismo Código penal. «La definición vaga de algunos tipos de delito permite hacer de casos pequeños uno grande, por ejemplo en el caso de la sedición.»
Paralelismo con el caso de ETA
Alonso-Cuevillas pone en guardia ante una situación en la que los ciudadanos están indefensos frente al Estado. Si los políticos catalanes que están acusados por haber llevado a cabo un referéndum de independencia son condenados, habría un caso de precedencia y en el futuro cualquier manifestación contra un desalojo en el que la policía no pueda hacer su trabajo se podrá interpretar como sedición. También le parece muy preocupante que Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial, el máximo órgano de la judicatura, diga que el mantenimiento de la unidad territorial del Estado es una de las tareas más importantes de la justicia española. «Con ello, se ha intentado justificar la vulneración que estamos viviendo de muchos derechos fundamentales. La falta de garantías, el abuso de la prisión preventiva, la aplicación desproporcionada del derecho penal. Aquí se ve un esquema similar al seguido en el País Vasco en cuanto al tratamiento de ETA en el pasado. Entonces decían los jueces que contra ETA valía todo, incluida la vulneración de derechos fundamentales. Pero, en nuestro caso, no ha habido ninguna víctima mortal», explica el abogado catalán.
Joaquín Urías lo resume con mucha claridad: «Los tribunales españoles defienden siempre al poder contra los ciudadanos, en lugar de defender a los ciudadanos. Ningún juez en activo lo reconocerá públicamente. Los jueces deberían defender el derecho y a las personas, no el poder del Estado. Pero en España lo hacemos exactamente al revés.»
Autor:
Krystyna Schreiber (@KommunikaCat)
Traducción: Marta Albertí
