“Un federalista que asume un contrato desigual o de sumisión no es tal. Por el contrario, debe contemplar la opción de la independencia o secesión cuando no es posible un pacto federal en condiciones de libertad e igualdad.” (Miquel Caminal, 1952-2014)
Cuando los barones autonómicos y buena parte del aparato del partido aliados a los viejos gurús totémicos fueron doblegados por la dirección del PSOE para que aceptaran que “delincuentes independentistas” y “prófugos de la ley” pudieran hacer que Pedro Sánchez fuera presidente del gobierno, hay quien en Cataluña tuvo alguna esperanza de que las aspiraciones del 80% de la población catalana (encuesta tras encuesta) fueran como mínimo tenidas en cuenta: el derecho a la autodeterminación y la república. El balance del gobierno del PP no podía ser más catastrófico para cualquier persona que en Cataluña o en el resto del Reino de España considerase que la defensa de la libertad y de la democracia merecen defenderse. Un gobierno de corrupción, de degradación de las condiciones de existencia material de la mayoría de la población no rica, de represión policial y judicial contra las libertades que hasta asombró a más de uno en la biempensante Europa, un gobierno de un partido que era la esencia del putrílago. De ahí que para mucha gente la posibilidad de que aquel gobierno nefasto del PP desapareciera era algo que ya merecía la pena por sí solo. También había mucha otra gente que no lo consideraba así, principalmente muchos votantes del PP y de Ciudadanos, pero también los sectores del mismo PSOE mencionados. Y, claro está, la esperanza volvió a brotar entre muchas personas que habían sufrido de distintas maneras las políticas del gobierno del PP: la gran mayoría de la población no rica, la que quiere hacer aún justicia con la herencia franquista, la defensora de las libertades civiles, la que quiere poner a los excesos monárquicos (si es que la monarquía ya no es un exceso irracional en sí) en el banquillo a raíz del llamado “caso Corinna”[1]… Y también en Cataluña, una parte de la población que aspira a la autodeterminación nacional miró con cierta esperanza al nuevo gobierno. Era una esperanza débil, pero esperanza al fin y al cabo.
PP, Ciudadanos, PSOE
PP y Ciudadanos han reaccionado a la pérdida del gobierno del primer partido, siempre apoyado por Ciudadanos en lo importante y hasta en mucho de lo secundario, abriendo y ensanchando una competición para ver quien es más derechista y más defensor de las esencias patrias españolas. En pocas palabras se resume su política: monarquía, régimen del 78, unidad de España, apoyo a los ricos (iniciativa privada es la expresión elegante), tapar los crímenes del franquismo y olvidar cualquier reparación a las víctimas de aquel régimen asesino, (re)aplicación inmediata del artículo 155 de nuevo en Cataluña, ataque a las libertades (con otro nombres que puede recibir distintos rótulos como “defensa de la Constitución” y similares)… Todas se pueden resumir en una: Constitución. Versión ultra, si se quiere. Hay quien prefiere utilizar la expresión “recentralización de la Constitución”, pero eso es como decir “fuerza fuerte”, “blandura blanda” o “debilidad débil”: la Constitución es centralista. Solamente un despistado podría interpretar de otra manera el comienzo del artículo 2 que no rezuma ambigüedad precisamente: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles…”. Vengan los matices que vengan después, el artículo 2 es el que vale. Y en versión ultra, ya sabemos hasta donde puede llegar. Esta Constitución es el producto de muchos pactos dos de cuyos principales protagonistas fueron el ejército franquista y el poder judicial también franquista. Franquista porque no fueron depurados nunca. Y 40 años después el franquismo vive pimpantemente en el ejército y en el poder judicial. El PP y Ciudadanos son sus principales valedores prácticos, otra cosa es la retórica que desdibuja el contenido. Ahora, además, con el gobierno conseguido por el PSOE a estos viejos objetivos neofranquistas y ultraespañolistas, PP y Ciudadanos suman el rencor y las ganas de revancha.
El gobierno del PSOE ha mostrado un indudable interés en revitalizar la llamada memoria histórica. No hay duda que lo que ha despertado más la atención mediática es la exhumación del dictador del Valle de los Caídos. Si bien la citación a un cabo del ejército por firmar un manifiesto en el que se calificaba de “genocida” al dictador genocida vuelve a ser un gran paso atrás. Se le quiere aplicar el artículo 7.1 del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, en donde se estipula como delito grave “emitir manifiesta y públicamente expresiones contrarias, realizar actos irrespetuosos o adoptar actitud de menosprecio hacia la Constitución, la Corona y demás órganos, instituciones o poderes del Estado”. Es decir, que llamar genocida al dictador genocida es menospreciar la Constitución, la Corona… Pues debe tenerse en cuenta. Tampoco hay duda que en los gestos con Cataluña el gobierno español se ha mostrado con un talante más abierto. Como el traslado de los presos políticos a tierras catalanas. Quizás “más abierto” es redundante porque el PP fue en todo lo relacionado con la reivindicación popular del derecho de autodeterminación catalana cualquier cosa, pero no abierto. Si no tiene sentido “madera de hierro” o “hierro de madera”, no lo tiene tampoco “PP abierto” con la reivindicación nacional del derecho de autodeterminación que reclama el 80% de la población de Cataluña. Pero aquí se ha acabado la tenue luz de esperanza con el nuevo gobierno. Ha habido contactos entre el presidente español y el catalán, hay previstos otros de distintas delegaciones, pero la posición del gobierno del PSOE desde que Pedro Sánchez es presidente el 2 de junio de 2018 ahora hace poco más de tres meses, sobre el derecho de autodeterminación no ofrece dudas: no a este derecho. Esto se ha reflejado de distintos modos. Con la amenaza de volver a aplicar el 155 (recuérdese que el PSOE, como buen partido dinástico, apoyó su imposición por el PP), cuyos desastres de la primera aplicación se supone que pronto estarán cuantificados, y con alguna declaración del propio Pedro Sánchez sobre que no habrá referéndum por la autodeterminación. Añadía que la mayoría de la población catalana no quiere la independencia, afirmación que puede ser cierta o falsa, pero solamente se puede comprobar si se pregunta a la población catalana si quiere o no la independencia.
Puede pensarse que el PSOE pretende utilizar todas las palancas que supone disponer del gobierno, si bien con las compromisos que impone el no tener mayoría, para realizar una política económica que beneficie a la mayoría de la población no rica aunque sea para compensar la caída de las condiciones de existencia material de esta gran parte de la llamada “ciudadanía”. Al fin y al cabo, gran parte de las diferentes izquierdas españolas, las tradicionales y las que ya empiezan a serlo, parecen confluir en esta idea que puede resumirse así: “lo importante no es el derecho a la autodeterminación sino la cuestión social”. Puede ser una opción. Pues no parece que eso sea así. Que los años transcurridos desde el inicio de la crisis, estemos ahora al final de la misma o a punto de empezar otra, no han sido para todos igual de catastróficos es evidente. Las políticas económicas puestas en funcionamiento a partir de mayo de 2010 (entonces, por cierto, con otro gobierno del PSOE) han favorecido a los más ricos como evidencia entre otros informes los datos de la Agencia Tributaria con datos que van del 2007 al 2016. Pueden resumirse así: en el Reino de España declararon en 2016 exactamente 579 personas que tenían más de 30 millones de euros de patrimonio, un 150% que en 2007, cuando entonces eran 233. Como también evidencia el último informe de Capgemini según el cual, desde 2008 al 2017, el número de ricos en el Reino de España creció más que en el resto de Europa e incluso que en el resto del mundo. Más concretamente, el 0,48% de la población o 224.000 personas, acumulaban en 2017 560.000 millones de euros (el gasto en pensiones es de 139.647 millones y el de prestaciones por desempleo 17.400 millones, para situar las cifras en su adecuada proporción). Antes de la crisis acumulaban algo más de la mitad. Y esta realidad es un problema para la libertad de la mayoría, la acumulación creciente de grandes riquezas en muy pocas manos es una amenaza para la libertad de la mayoría, “y no prestarle la atención adecuada más allá de los mítines de los domingos y fiestas de guardar, es una muestra más de las digamos insuficiencias de las políticas de las izquierdas realmente existentes.” Pues bien, ante estos datos, entre muchos otros de similares, ¿qué propone el gobierno del PSOE para hacer frente a esta situación? Decir que “nada” puede parecer exagerado ante las propuestas realizadas para intentar ganar alianzas que permitan aprobar los Presupuestos de 2019. Para evitar la acusación de exageración, mejor será apuntar que “casi nada”. Se apuntaba en un editorial de Sin Permiso que el gobierno del PSOE para hacer frente a esta situación no propone por arriba “casi nada” y por abajo “casi nada”. Por arriba medidas fiscales ridículas y por abajo subsidios condicionados anémicos para pobres. No ya una renta máxima y una renta básica incondicional fundamentadas republicanamente (al fin y al cabo no es de justicia pedir a fieles monárquicos que asuman perspectivas republicanas), sino nada que rompa con lo que ya está probadamente mostrado que es un fracaso: “mínimos vitales”, rentas condicionadas para pobres y pocos impuestos a los ricos. O sea que por este lado tampoco puede observarse una clara política del gobierno del PSOE para beneficiar a la población que más ha perdido con la crisis económica y las políticas económicas puestas en pie desde entonces. Y las pobres propuestas de su posible aliado en los presupuestos de 2019, Podemos, tampoco ayudan demasiado.
La situación catalana, fechas y juicios
En otro artículo de Sin Permiso se analiza con detalle la situación catalana por lo que aquí no me extenderé. Además, a lo largo de este otoño, habrá muchas ocasiones para prestar atención a los distintos acontecimientos que habrá en fechas ya fijadas: Diada Nacional (11-9), primer aniversario del referéndum por la autodeterminación (1-O), etc. Un resumen apretado de elementos para tomar en consideración y que van a tener más o menos protagonismo en las próximas semanas y meses se detallan a continuación.
500 antidisturbios de la Policía Nacional española han sido enviados a Cataluña que se añaden a los 100 que ya residían y a los 300 Guardias Civiles que se les ha pospuesto el traslado que tenían previsto y se les ha ordenado que permanezcan en esta nación. Es una clara amenaza por parte del gobierno español, se cubra como se cubra. ¿Para que se refuerza la policía? Para “prevenir la violencia” se contesta de “toda” la ciudadanía. No es ni exacto ni tan solo aproximado. La violencia en Cataluña ha aumentado y no precisamente por parte de las “hordas independentistas”, como se asegura en toda la prensa carpetovetónica. Los grupos fascistas se han podido aliar fácilmente con todas las manifestaciones que se han realizado en Cataluña en defensa de la unidad de España. Los grupos fascistas y afines han realizado agresiones. Y la pasividad policial les ha envalentonado. Hay quien, amigo de evitar los “extremos”, clama que la violencia viene de ambos “lados”. Y tiene razón, como la tiene quien dice que la violencia de género está en ambos lados, siempre que se tenga a bien obviar las proporciones. Es cierto que alguna mujer ha agredido a su pareja sentimental masculina y es noticia, pero hombres que agreden a mujeres es habitual y simple estadística. Entre la violencia de los grupos fascistas y similares y la de los grupos independentistas, la desproporción es manifiesta excepto para la prensa española. Y es algo muy fácil de comprobar por las denuncias habidas, las atenciones médicas recibidas, etc., pero cuando se tiene la sentencia tomada, la justificación viene luego. La policía española y la Guardia Civil fueron los responsables de la violencia contra personas pacíficas que querían votar el pasado 1 de octubre, como absolutamente todo el mundo ha reconocido excepto en buena parte del Reino de España. Cuestión técnicamente peliaguda que estos mismos cuerpos vengan para “prevenir la violencia” de los que actúan violentamente de forma mayoritaria. ¿Es necesario recordar el beso público de la bandera que ondea en la comisaría de Vía Layetana de Barcelona que hizo su jefe ante una manifestación convocada por el PP, PSC, Ciudadanos y grupos fascistas en el otoño pasado?
11 de septiembre: un reto. Para todos. Unos quieren que sea una gran manifestación popular, otros que sea un fracaso. Entre los primeros, soberanistas, independentistas y simplemente gente que sin ser ni soberanista ni independentista quiere mostrar su rechazo a la encarcelación de presos políticos por defender pacíficamente sus propuestas, como será el caso expresado así por él mismo del que fue secretario general de Podemos en Cataluña Dante Fachín. Entre los segundos, la lista es variopinta y las razones diversas e incluso contrapuestas, pero lo que les une es la voluntad de ver derrotado al movimiento por la autodeterminación nacional. Muchos ojos de gran parte del mundo estarán pendientes de lo que suceda en esta Diada Nacional catalana. Será una gran manifestación popular, sin duda. Pero las valoraciones diferirán enormemente.
1 de octubre: se conmemorará el primer aniversario de lo que fue un día que para muchos representó un antes y un después de la lucha por la autodeterminación nacional de Cataluña. Una semana después de aquel referéndum, un editorial de Sin Permiso apuntaba: “El referéndum del 1 de octubre, pase lo que pase en los próximos días y semanas, será recordado, y no sólo en Catalunya, como una de las jornadas más espectaculares de lucha pacífica de la población por el derecho a la autodeterminación, y en contrapartida, también como una de las más contundentes represiones de las fuerzas policiales contra los derechos de reunión, expresión y voto. Incluso en medios políticamente tan moderados como The Economist podía leerse en un reciente editorial: ‘Si el señor Rajoy pensaba que rompiendo cabezas pondrían fin al secesionismo, no podía estar más equivocado’.” Pasado casi un año de aquella fecha, el significado de la movilización y resistencia popular pacífica de una gran parte de la ciudadanía se va agrandando.
Otras fechas que serán motivo de recuerdos y de movilizaciones son el 3 de octubre, con el gran paro que fue llamado “de país”, y el 27 de octubre con la declaración de independencia del Parlamento de Cataluña.
Los juicios que se esperan para dentro de pocas semanas serán políticos, sin la menor duda. Recordemos la situación: miles de ciudadanos y ciudadanas catalanes investigados y procesados; 9 encarcelados desde hace 170 días los que menos, a 330 los que más; 7 en el exilio, entre los que se incluyen el President Carles Puigdemont y en una posición política muy diferente la que fue diputada de la CUP Anna Gabriel, desde 170 días la que menos a 315 los que más. Entre los presos políticos encarcelados están Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, los representantes de las dos organizaciones populares más importantes del movimiento democrático por la soberanía nacional. Son una constatación evidente de que lo que los representantes del régimen del 78 repetían cuando existía ETA, acerca de que todo podía discutirse sin violencia, incluso la independencia, era pura impostura. Sánchez y Cuixart podrán ser condenados por los que les parezca al aparato judicial, pero nunca podrá aportarse la menor prueba de la mínima violencia. Están en la cárcel desde hace casi un año. La composición del tribunal que juzgará el 1-O será el mismo que admitió a trámite la querella por los presuntos delitos de rebelión. Han sido recusados determinados miembros del tribunal que los juzgará por algunos presos políticos, pero como era de esperar la recusación ha sido desestimada. Voilà!
El President Quim Torra, en su reciente conferencia del 3 de septiembre, manifestó que “Sólo podemos imaginar unas sentencias absolutorias de unos juicios que no deberían celebrarse nunca. Si este no fuera el caso, me pondré a disposición del pueblo de Cataluña, a través de sus representantes legítimos en el Parlamento, para tomar las decisiones de país que haya que tomar.” Parece una afirmación muy firme, pero vista con cuidado no lo es tanto. En ningún momento dice que no acatará la sentencia si no es absolutoria o, menos aún, que liberará los presos de las cárceles catalanas. Puede pensarse que sería pedir mucho que hubiera hecho estas afirmaciones, pero precisamente porque no las hizo, su declaración en este aspecto tiene más de declamatorio que de clara actuación. Es lo que acusan los sectores más de izquierda dentro del independentismo, este divorcio entre la radicalidad de los discursos y la gestión autonómica de la legalidad. En los próximos meses si no semanas se despejará la cuestión: o autonomismo con declaraciones rupturistas, o acciones rupturistas con la realidad inmediata de la represión de los aparatos del Estado monárquico. Cuestión de vital importancia para el futuro de todo este proceso es la ineludible necesidad de ensanchar la base a favor de la soberanía nacional. Un gobierno de este tipo lo tiene más que difícil para ensanchar esta base. Su programa social no es precisamente atractivo para los sectores populares que votaron a Ciudadanos y que tienen como prioridad, en estos momentos, la identidad española. Ciudadanos no les ofrece un programa social mejor que el gobierno de la Generalitat, pero les ofrece identidad española. Y la prioridad de estos sectores hoy es esta identidad. Es difícil saber si la estrategia de provocar situaciones para que sectores soberanistas sucumban a la tentación de violencia, y así tener más justificaciones para el incremento de la represión del Estado, logrará sus frutos, pero Ciudadanos ha apostado fuerte por ello[2]. Y también es difícil saber cómo reaccionarán ante la cada vez más clara intención de Ciudadanos estos sectores populares que han prestado de momento su voto a este partido ultranacionalista español. Como siempre, también dependerá de cómo actúen las izquierdas.
Volviendo a los juicios políticos de este otoño, se espera que tengan una gran repercusión también fuera del Reino, puesto que está prevista la presencia de muchos observadores internacionales y de distintos organismos defensores de los derechos humanos.
La izquierda en Cataluña y en el Reino
En Cataluña, la dimisión de Xavier Domènech de sus cargos políticos y partidarios ha dejado a Podemos Cataluña muy descompuesto. Y ha descolocado también a Catalunya en Comú. Ya se encontrarán soluciones como siempre se hace en casos como este. De momento ha desembarcado una delegación de la secretaría de organización central de Podemos para (intentar) arreglar el desaguisado. En cualquier caso, este no es el problema más grave ni de Podemos Cataluña ni de Catalunya en Comú. Tendrán que resolver como problema más importante la tensión interna, no solucionada, entre los abiertamente soberanistas, y los no tan abiertamente autonomistas, que quizás se llaman federalistas (el federalismo históricamente siempre ha sido el reconocimiento de naciones soberanas iguales que libremente se federan[3]). Las palabras pueden y en realidad son diferentes en los debates, pero la tensión real es esta. En una situación como la catalana no es un problema menor.
La CUP no vive tampoco momentos muy boyantes. También coexisten sectores distintos: unos más partidarios de la desobediencia y la ruptura o de “hacer efectiva la república”, otros más partidarios de apoyo crítico del hegemonismo independentista. Las palabras, claro está, no necesariamente son exactamente estas en los debates y en las propuestas políticas.
En el resto del Reino las izquierdas, las tradicionales y las que están a punto de serlo, tienen otros problemas relacionados con Cataluña mucho más graves. Lo hemos dicho varias veces en Sin Permiso de una u otra forma, pero hay motivos para insistir. Resulta preocupante el recelo de la izquierda ante una movilización popular sin apenas precedentes en la Unión Europea y no digamos en el Reino. Una izquierda que está paralizada, muda, más allá de alguna tímida declaración de compromiso. Hasta el secretario general de la UGT de Cataluña, alguien que difícilmente puede ser acusado de independentista, declaró recientemente: “Con todas las izquierdas del Estado, la política, la sindical, la intelectual, me gustaría que encontráramos consensos similares a los que se forjaron con el ‘no a la guerra’. Hay un elemento que no es sólo catalán, que es un tema democrático y que afecta a los tuiteros, los cantantes, los titiriteros y también a los dirigentes soberanistas presos, y que se ha de trabajar. Difícilmente gente de la izquierda española se convertirá en independentista, pero la izquierda española ha estado demasiado callada”.
Que millones de personas se movilicen año tras año, que defiendan las instituciones de autogobierno, que consideren de forma abrumadoramente mayoritaria que no quieren monarquía y quieren una república, que quieran iniciar un proceso constituyente, que hagan frente a la represión y a la intimidación del Estado… sean vistas por buena parte de la izquierda como algo distante, con “muchos problemas”, con “demasiadas contradicciones” cuando no ya como víctimas o marionetas de un “invento de las élites y la burguesía catalanas”, o como “desvío de atención de los problemas que realmente interesan a la gente” es cuanto menos preocupante. O, como dijo refiriéndose a Cataluña el recientemente fallecido Samir Amin: “La ideología dominante ha logrado así su objetivo: substituir la prioridad de la conciencia social por el primado de otras identidades, en este caso la nacional.” Puede entenderse la desconfianza hacia un proceso que ha hegemonizado la derecha o el centro derecha, puede entenderse que el pasado de CiU (recuérdese que una de las gratas consecuencias de todo este proceso ha sido la desaparición de la beata y reaccionaria Unió y de su ultrabeato y ultrareaccionario dirigente) sea nefasto para cualquier persona de izquierda, puede entenderse que no merezcan la mínima confianza, pero surgen por lo pronto tres importantes cuestiones. Primera, alguna responsabilidad debe tener la izquierda por no haber conseguido hegemonizar este proceso de lucha por la soberanía, quizás es que es muy deficiente para lograrlo, sea dicho como simple hipótesis; segunda, en el “otro lado” no está precisamente un modelo de sociedad libre, igualitaria y fraterna, están el Rey, la derecha más corrupta heredera del franquismo, la nueva derecha aupada por el IBEX 35, una prensa incendiaria, un sistema judicial postfranquista, la patronal española (y la catalana, por cierto), entre otras maravillas; tercera, ¿es o no un derecho democrático la defensa de la autodeterminación nacional? Lo defienda alguien de derechas, de centro o de izquierdas. La verdad es verdad la defienda X, Y o Z.
Constatando la actitud de gran parte de la izquierda española, con algunas excepciones ejemplares más individuales que de partido, las cosas van por otro lado. Una movilización democrática que hace casi diez años que dura no ha hecho mover un adarme el esquema más allá de declaraciones de compromiso. Parece como si la movilización popular por el derecho a la autodeterminación y la independencia sea un obstáculo para crear una propuesta política que merezca el nombre de emancipadora para los más débiles. Preocupante. En un editorial de hace exactamente 5 años decíamos: “En este ambiente general de retroceso, fatiga, desesperanza y resignación populares de la atormentada periferia de la Eurozona hay que ver el acelerado e inopinado surgimiento en Cataluña, no ya de un creciente estado de opinión secesionista respecto del Reino de España, sino del más potente, persistente, esperanzado y bien organizado movimiento político-social popular de masas registrado en la Eurozona en los dos últimos año: de aquí el extraordinario impacto internacional de la multitudinaria cadena humana por la independencia (Via catalana) en la prensa internacional: The New York Times, Le Monde, Financial Times, La Reppublica, Der Spiegel, The Guardian, etc. Esto es un hecho. Quien lo niegue, necesita urgentemente un oculista, o un otorrino, tal vez un psiquiatra.” 5 años después han sucedido muchas cosas más: las movilizaciones han continuado o aumentado, la represión política ha visto sucesos que asombran hasta a la Unión Europea si bien la solidaridad de casta entre los gobiernos ha sido siempre con el gobierno español, hay presos políticos y exiliados de distintos partidos, de izquierdas y de derechas… Esta realidad motiva que la opinión expresada hace 5 años deba ser ahora aún más severa. Pero mejor dejarlo en preocupante para seguir teniendo esperanza en la inagotable y oceánica capacidad que tiene nuestra especie de aprender cuando quiere aprender.
[1] Serviles los partidos del régimen: PP, PSOE y Ciudadanos han anulado las posibilidades de investigación de los posibles actos de corrupción, tráfico de influencias, evasión… de la monarquía. El juez archiva la investigación sobre las declaraciones de Corinna. El Rey emérito puede seguir dedicándose tranquilamente a la juerga y a sus deportes favoritos. El Parlamento sigue sin aceptar las reiteradas solicitudes de ERC para que se sepa cómo se gasta el dinero la Casa Real de todos los contribuyentes. La impunidad es total. El trato dado al Rey emérito por la justicia debe ser debido a la independencia del poder judicial, trato de diferente tenor al dado a los presos políticos catalanes.
[2] El tono chabacano y provocador de Albert Rivera en un programa de TV3 el pasado 7 de septiembre, acusando de mil cosas a los periodistas de esta televisión pública, sin aportar ninguna prueba ni razón cuando se le pedía solo acusaciones, se enmarca con la misma intención. Recuérdese que el programa se emitió unos días después de la agresión que sufrió el periodista de Tele Madrid al ser confundido por uno de TV3 en un acto organizado por este partido.
[3] Miquel Caminal, quizás el estudioso del federalismo más notable que hemos tenido en Cataluña y el Reino de España en las últimas 4 ó 5 décadas, dejó escrito hace 5 años: “cuando el nacionalismo de estado se cierra a cal y canto, el federalismo contempla la opción democrática de la secesión. El pacto federal, para ser válido en sentido democrático y republicano, debe ser igual y conmutativo. Es decir, las partes que pactan lo hacen con reciprocidad y plena libertad, de forma que todos salen beneficiados con la unión federal, sin que nadie tenga que renunciar a su identidad y autogobierno. Un federalista que asume un contrato desigual o de sumisión no es tal. Por el contrario, debe contemplar la opción de la independencia o secesión cuando no es posible un pacto federal en condiciones de libertad e igualdad.”
