En un editorial de Sin Permiso redactado muy pocas horas después del 1 de octubre se puede leer:
“Tras el 1 de octubre, la ‘ilegalidad’ declarada por el Tribunal Constitucional sobre la que se asienta la represión vivida, se enfrenta a una nueva legitimidad constituyente surgida de la propia movilización popular en defensa del derecho a decidir. En los próximos días se barajarán distintas propuestas. Pero algo está claro para una proporción muy grande de la población: el 1 de octubre ha constituido un pueblo soberano catalán y ha hecho realidad el surgimiento de una nueva legitimidad en la que asentar las instituciones políticas catalanas”.
Ni la represión, ni el 155, ni el encarcelamiento de algunos de los dirigentes independentistas más visibles ha debilitado el movimiento, aunque se encuentra en un momento de búsqueda sobre cuál debe ser el camino a seguir. Ha pasado un año y siguen pendientes muchos elementos de balance, de reflexión y, sobre todo, de perspectivas políticas de futuro. Todo el mes de octubre transcurrió entre continuas movilizaciones y exigencia de que se aplicara el mandato del 1 de octubre (la independencia en forma de república) frente a las amenazas de aumentar la represión, el encarcelamiento de los “Jordis”, la presencia de la policía nacional y la guardia civil, y la espada de Damocles del 155. También, y es un elemento de balance, las continuas dudas del Govern de Puigdemont y de los dirigentes del movimiento independentista sobre la ruta a seguir. Recordemos que el mismo día 1 algunos de ellos consideraron seriamente suspender la votación, que cuatro consellers de la Generalitat habían dimitido, que el día 10 Puigdemont presentó en el Parlament los resultados de la consulta e inmediatamente suspendió su aplicación y que, finalmente, el 27 de octubre proclamó la república, pero nada se hizo para hacerla efectiva o dar pasos de soberanía. Claro que la represión que amenazaba el gobierno monárquico era muy grande, pero con titubeos o con concesiones se ha comprobado que, cuanto menos, ha envalentonado a todos los enemigos encuadrados detrás de la monarquía borbónica.
Una de las persistentes características de la rebelión catalana es la presión y organización desde abajo que fue obligando, y sigue haciéndolo, a que los dirigentes fueran tomando decisiones que probablemente no se habían imaginado. El 1 y el 3 de octubre desbordó todas las previsiones, tanto a quien gobernaba en Barcelona como a quien lo hacía en Madrid, y ya no fue posible la marcha atrás. El movimiento exigía cumplir lo que se había prometido, pero los dirigentes ni lo habían preparado ni fueron consecuentes con las exigencias populares. No hay otra manera de explicar que durante todo el mes de octubre fueran por detrás de los acontecimientos y que el 27 dejaran la república en el limbo, en lo que se apreció como una retirada no muy organizada.
Se ha intentado explicar que se hizo para evitar una dura represión del Estado —cosa muy previsible visto lo que sucedió el 1 de octubre, y recuérdese que la policía nacional española y la guardia civil seguían ejerciendo de fuerzas de ocupación aún en Barcelona y otras ciudades catalanas — pero, a pesar del encarcelamiento y del exilio, todavía faltan las suficientes explicaciones para sacar el balance correspondiente y aprender de la experiencia.
También se derrumbó en pocas horas lo que de forma irresponsable muchos dirigentes e “ideólogos” del nacionalismo de derechas calificaban de independencia “low cost”, que incluía el reconocimiento inmediato de no se sabe cuantos países del mundo y de la UE. Josep Fontana repetía por entonces que “no ha habido independencia sin guerra de independencia”, lo que puede considerarse muy duro, pero en todo caso menos naïf que pensar que la cosa no tendría casi costes una vez el gobierno español comprobase la voluntad de la población catalana. Y quede claro que el gran historiador recientemente fallecido, enemigo implacable de CiU y sus herederos, con aquella declaración quería alertar contra las ligerezas que se decían sobre el “low cost” de la independencia. Y no consideraba que la enorme lucha por la autodeterminación fuera inútil. El enemigo era muy fuerte y, como buen materialista, sabía que podía ser brutal. Insistía en septiembre de 2017, a las puertas del 1 de octubre, a quien quisiera escucharle que “Yo entiendo la ilusión de la gente y lo que me angustia es pensar, si esto acaba en frustración, en qué efectos puede tener sobre la gente y sus aspiraciones. Pero esto no quiere decir que nos tengamos que resignar. Yo creo que hay que seguir luchando”.
El programa social
En torno al 1 de octubre hubo muestras de solidaridad con Cataluña en el Reino de España. Especialmente en el País Vasco y en Galicia se produjeron importantes manifestaciones y variadas formas de expresar el rechazo a la represión y el apoyo al derecho a decidir. En Madrid, Sevilla, Valencia y en otros lugares, sin que las acciones fueran muy masivas, se creó un ambiente de interés por lo que pasaba y de preocupación por lo que podría significar para el conjunto del Reino. Sin embargo, conforme iban pasando las semanas la mentira y la propaganda de una prensa que algún día será motivo prioritario de los estudios sobre la infamia, lograron aposentar la opinión pública, alguna parte importante ya muy predispuesta a ello, a favor de la derecha y de los partidos constitucionalistas dinásticos. El nacionalismo español ganó de momento la partida y aisló la rebelión catalana de la mayoría de la población del Reino.
También hay sectores de la izquierda que se opusieron al 1 de octubre, como se siguen oponiendo a la lucha por la república catalana y han querido desvirtuar el movimiento por la presencia de la burguesía catalana. Cuando el 80%, punto arriba punto abajo, de la población, en repetidas encuestas, es favorable a un referéndum de autodeterminación, es inevitable que haya posiciones políticas de derechas y de izquierdas. Y tan o más inevitable es que haya una composición social de clase muy diversa. ¿Es que, por poner un ejemplo, solo un mero ejemplo, en la lucha por el derecho al divorcio o al aborto libre solo deberían estar las personas y las organizaciones de izquierdas o de una clase determinada? ¡A nadie se le ocurriría! Otra cosa, bien diferente, es que los derechos democráticos, el divorcio, el aborto o la emancipación nacional, tienen argumentaciones y motivaciones diferentes si se hacen desde sectores de la derecha que desde la izquierda.
Como todo movimiento democrático nacional, la rebelión catalana representa la suma de intereses sociales diferenciados y en algunos casos opuestos, desde los que defiende la burguesía nacionalista catalana (PDeCat) hasta los sectores anticapitalistas de la CUP o soberanistas de distintas opciones políticas y sindicales. El común denominador es la confluencia en el derecho a decidir, el veterano y venerable derecho democrático a la autodeterminación, que el pueblo decida si quiere seguir en el Reino de España o proclamar una república para decidir qué tipo de relación quiere tener con el resto de pueblos de la península.
Se echó en falta, especialmente tras las jornadas de octubre, una posición inequívoca de defensa de los derechos democráticos en el conjunto del Estado y una política desde Cataluña de búsqueda de alianzas e intereses comunes contra el régimen monárquico.
Las izquierdas españolas tienen básicamente dos grandes opciones, con los matices que se quieran, en el tema catalán, descartando, claro está, a los sectores que son claramente contrarios a potenciar la solidaridad y la defensa del derecho de autodeterminación de Cataluña porque todo se reduce a las maniobras de la burguesía y de las élites catalanas –diga lo que diga la evidencia empírica-:
1) optar por el acomodo al sentimiento nacionalista español no favorable –o directamente hostil– a la autodeterminación catalana de gran parte de la población española y limitarse a pasar de puntillas a la espera que se desinfle –y lleva ya diez años hinchado–, o
2) ejercer una defensa decidida del derecho a la autodeterminación y aliarlo a la lucha por la república española –en Cataluña una gran mayoría de la población considera que “no tiene rey” – y, lo que va de consuno, acabar con el régimen monárquico del 78.
El actual gobierno del PSOE que, aunque indiscutiblemente tiene gestos menos antidemocráticos que el anterior gobierno del PP, lo ha dejado muy claro: “se puede discutir de todo menos de la autodeterminación” (es extraordinario: se puede discutir de todo excepto de lo que motiva las mayores movilizaciones consecutivas de toda Europa). Las otras izquierdas parecen, con algunas indiscutibles y casi heroicas excepciones, más por la opción primera que por la segunda. Hay quien ha llegado a decir tan pimpantemente que los “independentistas”, así en conjunto, solo ven a los “españoles”, así también en conjunto, como toreros, guardias civiles y folclóricas, así, con esta profundidad. Y también quien ha declarado que la independencia y ser de izquierdas son incompatibles. No parece que la constatación empírica sea un criterio interesante para determinada gente.
Las izquierdas catalanas soberanistas también disponen de dos grandes opciones:
1) poner por delante los principios, aunque las fuerzas no estén en proporción para sustentarlos, o
2) combinar la presión, la claridad propositiva y una Realpolitik entendida como la capacidad de acercar las propias propuestas a mayores sectores de la población mediante el difícil equilibrio de la firmeza de los objetivos y la flexibilidad táctica.
Y no hay nadie que pueda dar lecciones apriorísticas de cómo debe hacerse, sino que debe resolverse por los propios activistas en cada momento. Pongamos un ejemplo, mero ejemplo: cuando el movimiento nacional es tan amplio y potente como el actual, las izquierdas precisan definir de la manera menos ambigua posible cuál es su programa social, cuáles son sus propuestas para la nueva república, condición necesaria para oponerse al gobierno central, pero, sobre todo, para convencer a las capas trabajadoras, hoy en una parte nada insignificante identificadas nacionalmente con España, de que vale la pena el esfuerzo por la república catalana, tanto desde el punto de vista democrático como desde el social. Que se concrete meridianamente aquello tan prometedor de que la república catalana beneficia a la inmensa mayoría de la población.
Hay otras izquierdas catalanas no independentistas, pero soberanistas sobre el papel, que justamente tienen un problema diferente: no deberían oponer el “programa social” a la lucha por la autodeterminación. Cuando se ha hecho, ha motivado grandes problemas políticos –internos y externos- en estas formaciones. Como se decía en un artículo de Sin Permiso hace medio año: “La [propuesta] de conseguir imponer una agenda social sin ruptura con el régimen monárquico español, pertenece al mundo de la fantasía”.
En la anterior legislatura, el Parlament aprobó una serie de leyes muchas de contenido social y que no tenían que ver stricto sensu con el proceso por la autodeterminación (una lista detallada aquí) que el Tribunal Supremo fue anulando. Pero, después del levantamiento del 155 y la formación del nuevo gobierno, éste sigue paralizado y sin tomar ninguna medida ni definir cual sería el programa social republicano. Y la parálisis no es neutral ni siquiera se debe a las limitaciones financieras que impone el gobierno central, sino que corresponde a que la dirección del Govern sigue estando en manos de los sectores más ligados a una parte de la burguesía catalana –la otra es claramente unionista– y optan por no poner encima de la mesa una serie de medidas de carácter social popular.
Cuando el PDeCat anuncia en el Parlamento de Madrid que no votará el aumento del IRPF para los grandes salarios, y no precisamente por motivos de su extrema insuficiencia, no favorece a la rebelión catalana, pues la identifica con el mantenimiento de privilegios y de desigualdades que la nueva república debiera combatir. Un programa social de la rebelión catalana debiera incorporar las leyes que fueron anuladas por el Tribunal Supremo, pactar con los sindicatos y las asociaciones de pequeños y medianos empresarios medidas para el reconocimiento de derechos laborales, y propuestas para garantizar la existencia material de toda la ciudadanía, como la renta básica incondicional, una vez se ha visto (¿faltaban más evidencias?) el estrepitoso fracaso de la Renta Garantizada de Ciudadanía. Pero la derecha tiene otras intenciones. Ni una situación tan especial como la catalana cambia mucho las intenciones que definen a una derecha política.
El programa social es uno de los elementos más decisivos a situar en el balance de este año, y abre también el debate sobre la necesidad de que las izquierdas, independentistas y soberanistas, luchen por la hegemonía de la rebelión catalana frente a la derecha.
Alianzas republicanas
Algunos sectores del independentismo jugaron con la ilusión de que Europa acabaría apoyando la rebelión catalana, pero los gobiernos europeos en lo que menos pensaban era en un factor de desestabilización en el continente. Los pueblos son los que apoyan a los pueblos. Si alguna vez lo hacen los gobiernos es cuando ya no les queda otra posibilidad debido a la presión de su pueblo. Una vieja lección que vuelve a repetirse y que deberá tenerse bien en cuenta.
Sectores del independentismo declaran el siguiente axioma: como se proclamó la república el 27 de octubre (luego pasó lo que pasó) lo único que se necesita es realizarla o desobedecer para que sea real. A su vez constatan que el Govern de la Generalitat está compaginando declaraciones por la república con una política práctica autonomista. Incluso podría ser una posibilidad a tener en cuenta esta digamos Realpolitik, si se explicitasen claramente los objetivos, los medios, los plazos… No sirve llegados aquí el pretexto de “la ocultación por prudencia” porque lo que puede ocurrir, si es que no está ya constatándose, es que está desorientando a buena parte de la población y con la desorientación puede llegar el desánimo. Este desánimo, por el que apuestan los partidos monárquicos constitucionalistas desde hace tantos años y que, para su desgracia, no llega.
El reciente 11 de Septiembre fue una muestra, y ya van muchas, de que la determinación y la masividad por el derecho a la autodeterminación no va a la baja. Pero para aprender de las experiencias es imprescindible reconocer el punto en el que se está. Y no se tuvo la fuerza suficiente hace un año, ni los dirigentes adecuados, para hacer efectiva la república –para intentarlo al menos– y, por lo tanto, se necesita más fuerza y más apoyos para poder ponerla de forma realista en el horizonte.
Mirar hacia delante exige sumar, tanto en Cataluña como en el conjunto del Reino, y la posibilidad más concreta se expresa en compartir, en generar confianza, en buscar alianzas republicanas en torno a la defensa de los derechos democráticos, de reivindicaciones sociales compartidas como las que ejemplarmente defiende el movimiento feminista y el municipalismo. Una perspectiva republicana y social que reivindique un cambio político que, evidentemente, incluya el derecho a decidir.
En un debate entre Aznar y González sobre la Constitución del 78, se mostraron de acuerdo en que Cataluña está “más cerca de perder la autonomía que de lograr la independencia”. Es la respuesta del putrílago de los defensores del régimen monárquico. Si no calláis os cerraremos la boca anulando la autonomía mostrando las posibilidades del régimen del 78. Todo un programa.
No será posible resolver el conflicto democrático nacional sin una salida democrática y republicana de las distintas naciones bajo el yugo del Reino de España en la que los pueblos puedan decidir su futuro y su relación. Y el primer paso sería la libertad de los presos políticos.
Coda
Este sábado 29 de septiembre tuvo lugar una manifestación de marcado carácter ultraderechista convocada por Jusapol, un sindicato policial, y apoyado por partidos tan poco ambiguos como Vox, para homenajear a sus compañeros de la policía nacional y de la guardia civil, por su actuación el pasado 1 de octubre en el que se registraron más de 1.000 heridos, uno de ellos con la pérdida de un glóbulo ocular. Calificar de provocación a esta manifestación es ser bastante más que prudente. Al conocerse la convocatoria, la respuesta por parte de la Assamblea Nacional de Cataluña, los CDRs y otras organizaciones fue convocar en la emblemática plaza Sant Jaume. La concentración fue masiva, preparación de la manifestación que está convocada para este lunes, en conmemoración del aniversario del 1 de octubre de 2017. La manifestación ultraderechista convocó según distintas fuentes entre 1.800 y 3.000 personas, buena parte llegadas del Reino porque la convocatoria era desde todo el estado. La Guardia Urbana de Barcelona –para que no haya confusiones por parte de lectores o lectoras quizás muy alejados del Reino, se recordará que Barcelona es un ayuntamiento gobernado por Barcelona en Comú, una organización de izquierda no independentista, y Ada Colau es su alcaldesa– cifra en 3.000 los asistentes, la misma fuente que calculó un millón de personas en el 11 de Septiembre de hace casi tres semanas. No tiene más valor que una simple comparación que probablemente no satisfará a todas las partes.
