A través de una carta abierta, la Relatora Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, alertó sobre el hostigamientos que sufren las comunidades que se oponen a proyectos de inversión, por el impacto que causan en los territorios.
En la misiva, comienza señalando que “se está desarrollando una crisis global”, puesto que la rápida expansión de iniciativas en tierras indígenas, sin el consentimiento de quienes viven en los lugares, “está impulsando un drástico aumento de la violencia y el acoso legal contra los pueblos indígenas”.
“He sido alertada sobre cientos de casos de ‘criminalización’ desde casi todos los rincones del mundo. Estos ataques, ya sean físicos o legales, son un intento de silenciar a los pueblos indígenas que se oponen a proyectos que amenazan sus medios de subsistencia y sus culturas”, expone Victoria Tauli-Corpuz.
La lideresa de la comunidad Kankanaey (Filipinas) detecta un “patrón de abuso”, expresado cuando, “a menudo, el sector privado actúa en complicidad con los gobiernos para desplazar a los pueblos indígenas de sus tierras por cualquier medio necesario para dar paso a proyectos de infraestructura, agricultura, minería y de extracción”.
En este sentido, indica que el primer paso contra los activistas indígenas es someterlos a una campaña de difamación. Muchas veces eso se traduce en que sean caracterizados como “terroristas”. Luego vienen órdenes de arresto por cargos inventados, con extensos períodos en prisión a la espera de un juicio. “En muchos de los peores casos, el militarismo, la legislación antiterrorista y los “estados de emergencia” se utilizan para justificar una creciente violencia física”, advierte.
“Yo misma fui puesta en una lista de terroristas del gobierno de las Filipinas en represalia por abogar por los pueblos indígenas de Mindanao, muchos de los cuales han sido desplazados por la creciente militarización”, relata la Relatora Especial de Naciones Unidas.
Por otro lado, denuncia Tauli-Corpuz, los sistemas judiciales propician una “impunidad generalizada” para quienes cometen actos de violencia contra los pueblos indígenas, pese a que los pueblos indígenas y las comunidades locales poseen consuetudinariamente más del 50% de la tierra del mundo, pero solo tienen derechos legalmente reconocidos del 10%, apunta la representante de ONU.
Según Front Line Defenders, el 67 % de los 312 defensores de los derechos humanos asesinados en 2017 estaban defendiendo sus tierras, el medio ambiente o los derechos indígenas, casi siempre en el contexto de proyectos del sector privado. Alrededor del 80 % de los homicidios ocurrieron en solo cuatro países: Brasil, Colombia, México y las Filipinas.
