Los niños y las niñas con discapacidad tienen cuatro veces más probabilidades de sufrir episodios violentos, y ellas se llevan la peor parte, alerta el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
“Están entre los sectores más marginados de la sociedad. Y si esta sigue viendo antes la discapacidad que al niño, el riesgo de exclusión y de discriminación permanece”, explicó Georgina Thompson, consultora de Unicef, en diálogo con IPS.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 15 por ciento de la población mundial tiene algún tipo de discapacidad, lo que la convierte en la mayor minoría del mundo, con un elevado número de niñas, niños y mujeres en esa situación.
En julio, más de 700 representantes de organizaciones no gubernamentales, empresas privadas y gobiernos se reunieron para hacer frente a la discriminación sistemática que existe contra ese sector de la población en la Cumbre Mundial sobre Discapacidad, realizada en Londres.
“Es responsabilidad de todos crear un mundo más igualitario, donde los niños con discapacidad tengan las mismas oportunidades que todos los otros niños”, subrayó Thompson.
Más de 300 organizaciones y representantes de gobiernos suscribieron un plan de acción para implementar la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que contiene 170 compromisos de múltiples actores que buscan garantizar la inclusión.
La organización de la cumbre estuvo a cargo de Kenia y de Gran Bretaña, además de la Alianza Internacional para la Discapacidad. Entre los asuntos más importantes se destacan: aprobar leyes para proteger a los ciudadanos con discapacidad y promover su acceso a la tecnología que les facilite la vida.
Las mujeres y los niños son los que sufren mayor discriminación dentro de los discapacitados. Un informe al respecto presentado al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, señala que hay 12 por ciento de hombres sufren una discapacidad, y un poco más de mujeres, 19 por ciento.
Además, las niñas tienen muchas menos probabilidades de terminar la enseñanza primaria que los varones dentro del sector de menores discapacitados, y ellas son más vulnerables a sufrir violencia sexual.
Según el Departamento de Desarrollo Internacional de Gran Bretaña, la mortalidad infantil en niños discapacitados puede llegar a 80 por ciento en países donde ese índice disminuyó de forma significativa.
Hay consenso respecto del riesgo elevado que sufren niños y mujeres.
“Las mujeres con discapacidad son especialmente vulnerables a la discriminación y a la violencia”, pues tienen entre tres y cinco veces más probabilidades de sufrir violencia y abuso que el promedio de la población femenina, explicó André Félix, oficial de comunicaciones externas del Foro Europeo para Discapacidad, en diálogo con IPS.
“La implementación de una estrategia (para hacer frente al problema) requiere de un enfoque ascendente de funcionarios, colegas y socios en el terreno”, puntualizó A.H. Monjurul Jabir, uno de los líderes del Equipo Global de Trabajo sobre Inclusión y Discapacidad de ONU Mujeres.
La estrategia de esa agencia es “apoyar a su personal y a actores clave para facilitar la total inclusión y la participación significativa de mujeres y niñas con discapacidad”, explicó Jabir.
“Eso se hará en todas las áreas prioritarias a través de nuestras respuestas operativas y de accesibilidad interna para lograr la equidad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas con discapacidad”, añadió.
“Debemos aumentar la inversión en el desarrollo y la producción de tecnologías de asistencia”, sugirió Thompson, como estrategia para Unicef.
“Las tecnologías de asistencia incluyen audífonos, sillas de rueda, prótesis y lentes, le dan a los niños con discapacidad la oportunidad de verse como capaces desde temprana edad”, precisó.
Esa estrategia fue uno de los objetivos de la Asociación Mundial de Tecnología de Asistencia, una colaboración lanzada en la cumbre para lograr los objetivos de desarrollo sostenible y ofrecer tecnología a quienes viven con alguna discapacidad.
“Pero en los países de bajos ingresos solo entre cinco y 15 por ciento de quienes necesitan tecnología de asistencia la pueden obtener”, acotó Thomson.
Y como 80 por ciento de las personas con discapacidad viven en países en desarrollo, también es fundamental atender situaciones de emergencia y la falta de educación a la hora de implementar políticas de inclusión.
“Tenemos que hacer que la respuesta humanitaria sea inclusiva. En las situaciones de emergencia, los niños con discapacidad deben hacer frente a una doble desventaja. Sufren los mismos problemas que los niños en conflictos o en desastres naturales: amenazas a su salud y seguridad, malnutrición, desplazamiento, pérdida de clases y el riesgo de abusos”, detalló.
“Pero también tienen que afrontar desafíos únicos, como la falta de movilidad debido a la infraestructura dañada, la dificultad de escapar del peligro y los prejuicios que impiden que accedan a la asistencia de emergencia que necesitan”, explicó Thompson.
Según la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), 90 por ciento de los niños que viven en países en desarrollo y que tienen oportunidades de educación no van a la escuela.
“Tenemos que lograr que la educación sea inclusiva. Alrededor de la mitad de los niños con discapacidad no van a la escuela por prejuicio, estigma o falta de aprendizajes accesibles”, se lamentó Thompson.
“Y de los que van a la escuela, la mitad no reciben una educación de calidad por la escasez de maestros capacitados, instalaciones accesibles o herramientas de aprendizajes especializadas”, añadió.
“La exclusión de niños con discapacidad de la educación le puede costar a un país hasta cinco por ciento del producto interno bruto por la falta de posibles ingresos” que se posiblemente se pierdan, alertó.
¿Quién es responsable?
Como se vio en la cumbre, los estados miembro no son los únicos actores responsables de la inclusión. Las agencias de la ONU, las organizaciones no gubernamentales y las empresas privadas lanzan de forma constante programas para reducir la brecha entre unos y otros y eliminar la discriminación.
“Los estados miembro necesitan garantizar que toda la población esté incluida y se beneficie del desarrollo internacional y de políticas inclusivas. También necesitan asegurarse de consultar a la sociedad civil en ese proceso”, detalló Félix.
El papel de la sociedad civil “es monitorear y asesorar el proyecto, y si bien tienen que participar y ser parte del desarrollo internacional (en especial la sociedad civil local), los recursos deben proceder de los estados miembro”, apuntó.
Su trabajo está intrínsecamente relacionado. “Las estructuras de apoyo para las personas con discapacidad deben basarse en la comunidad, lo que quiere decir nada de apoyo para instituciones que segreguen a las personas con discapacidad”, puntualizó.
Esos actores deben trabajar tan de cerca que será difícil separar esos papeles.
“Es responsabilidad de todos y cada uno de los actores, debemos trabajar juntos, de forma cohesionada, y no separada. Se terminó la época de un enfoque aislado o de una mentalidad de aislamiento”, coincidió Jabir.
