En Chile, una vez más se desata una crisis ambiental en la bahía de Quintero, Puchuncaví y Ventanas, localizadas en la costa norte de la región de Valparaíso. Es la que llaman zona de sacrificio, que se expresa en periódicas intoxicaciones masivas, enfermedades y una tasa de muertes por cáncer encima de la media nacional, mala calidad de vida, como consecuencia de la contaminación generada por las empresas que allí operan. Esta realidad se ha ido repitiendo periódicamente, sin visos de erradicarse y con altos costos en la salud y desarrollo de sus habitantes.
Al igual que frente a otros hechos de similar tenor, como si de un temporal se tratara, las autoridades reaccionan sobre la marcha haciéndose eco de la indignación de los vecinos, anunciando medidas y responsabilidades, sin asumir las suyas propias. Anuncios que desafortunadamente, al menos hasta ahora, no son más que palabras que se lleva el viento. Pasada la emergencia todo vuelve a fojas cero, hasta un próximo episodio crítico.
En la zona afectada la contaminación a la que se hace referencia tiene relación con la emanación de gases tóxicos generados por empresas que allí operan. En otras oportunidades, la contaminación ha sido consecuencia de la evacuación de residuos líquidos al mar o derrames de petróleo, así como contaminación de los suelos por parte de una o más empresas públicas y privadas que trabajan en el sector.
En todos estos casos el gobierno, asociado al neoliberalismo, no ha desperdiciado la ocasión para inculpar, vía la Ministra del Medio Ambiente, desde el primer minuto a la Empresa Nacional de Petróleo (ENAP), empresa autónoma estatal. Desde la oposición, esta temprana acusación ha llamado poderosamente la atención, por cuanto la mayoría de las empresas que se encuentran en ese territorio son privadas, y donde no pocos de sus dueños están fuertemente vinculados con el pinochetismo y el piñerismo.
Si queremos que de verdad estos fenómenos no se repitan, que suelen afectar a los más pobres, es imposible sustraerse a las siguientes razones que explican estos desastres con consecuencias tan nocivas.
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Una legislación ambiental laxa con bajos estándares de exigencias medioambientales en beneficio del crecimiento económico y las fuentes laborales;
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Las presiones de empresarios y políticos, orientadas a obtener altas rentabilidades por la vía de traspasar costos medioambientales a la población en que operan; y
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Un modelo de sociedad –el neoliberal- que invita a la población a mirar los problemas individualmente, y no colectivamente, como si ellos fuesen de los responsables de las situaciones en que se encuentran.
Solo abordando estas razones de frente, sin escabullir el bulto, y teniendo en mente los derechos que nos asisten a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, podremos superar esta crisis socioambiental. Para ello, es indispensable una ciudadanía empoderada, organizada, y plenamente consciente de los derechos que le asisten, capaces de hacer enfrentarse a empresarios y políticos cooptados por ellos.
