En Diciembre de 2010, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, instituyó el 30 de Agosto, el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada.
En Chile, cada año se conmemora este Día, para recordar a los más de tres mil detenidos desaparecidos que dejó como secuela la dictadura cívico militar, la que utilizó este método represivo para perseguir y aniquilar a sus oponentes políticos, cuya finalidad principal no sólo es provocar la angustia y desesperación de la familia directa sino que principalmente lo que busca es sembrar el terror en el conjunto de la sociedad neutralizando así todo intento de oposición a los designios del dictador.
Hoy, a 28 años del término del régimen dictatorial, más de un millar de chilenos y chilenas siguen en la condición de detenidos desaparecidos, sin que se conozca su actual paradero.
La Comisión Chilena de Derechos Humanos ha señalado reiteradamente que la noble tarea emprendida por la Agrupación de Familiares Detenidos Desaparecidos (AFDD) de exigir Verdad y Justicia respecto de sus seres queridos, constituye una demanda legítima que debe ser satisfecha por el Estado de Chile y sus respectivos Poderes, por tratarse de una obligación contenida en los distintos instrumentos internacionales de derechos humanos que Chile ha suscrito y ratificado, y que por mandato constitucional del inciso segundo del art. 5 º de la Carta Fundamental, es ley interna vigente que debe ser cumplida irrestrictamente.
Esta deuda pendiente derivada de una obligación incumplida, como lo es conocer la Verdad de los detenidos desaparecidos y sancionar a los responsables, ha sido permanentemente representada por los organismos especializados de Naciones Unidas al Estado de Chile, a través de la supervisión periódica que realiza el Comité contra la Desaparición Forzada.
A nuestro entender, este grave incumplimiento por parte del Estado de Chile es grave, y pone en cuestionamiento su real compromiso y adhesión con los fines y propósitos de la comunidad internacional organizada de la cual forma parte, entre los que se cuenta el imperativo ético y jurídico de establecer la Verdad y Justicia en materia de crímenes contra Humanidad, como lo es la Desaparición Forzada de Personas.
Pero a este grave incumplimiento del Estado de Chile se suma hoy, la actitud permisiva e indolente del actual Poder Ejecutivo respecto de las numerosas expresiones públicas de Negacionismo, que persiguen borrar y negar la Memoria, ocultando o relativizando la barbarie ocurrida, con su secuela de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, torturados y presos políticos.
Al reciente nombramiento de un Ministro de Cultura que calificó el Museo de la Memoria como un montaje, se suma hoy la inaceptable agresión sufrida por el Sitio de Memoria Villa Grimaldi -lugar que recuerda el paso de cientos de chilenos y chilenas por ese centro de detención, tortura, desaparición y muerte-, cuya agresión realizada por el denominado Movimiento Social Patriota, cuyas acciones recuerdan la prácticas del régimen nazi que asoló la Humanidad en el siglo pasado, y que sirvió de inspiración a los represores chilenos.
Estas prácticas y acciones deben terminar, y le corresponde al Poder Ejecutivo instar por la debida investigación y sanción a los responsables, no sólo porque constituyen una violación flagrante a las obligaciones internacionales contraídas por el Estado de Chile, sino porque su Impunidad pone a Chile al margen de la comunidad internacional y de las exigencias propias de una sociedad civilizada.
Por último, junto con saludar y valorar en este Día, a la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, por su infatigable y valiente lucha por encontrar a sus seres queridos, y recordando a la señera figura de Sola Sierra, su primera Presidenta, demandamos del actual Gobierno de Chile, en su calidad de representante del Estado de Chile, dar fiel cumplimiento a sus obligaciones internacionales, implementando todas las acciones necesarias y suficientes exigidas por los organismos fiscalizadores de Naciones Unidas que permitan dar con el paradero de los detenidos desaparecidos, y cumplir así con el imperativo ético y normativo de establecer la Verdad y Justicia , tanto respecto de ellos como de las miles de otras víctimas de la política de exterminio aplicada por el Estado y sus agentes, a partir del 11 de septiembre de 1973.
COMISION CHILENA DE DERECHOS HUMANOS
Santiago, 30 de Agosto de 2018.-
