El Comité de Defensa de los Derechos Humanos y Sindicales CODEHS, a la opinión pública nacional e internacional, declara:
En dos sucesivas sentencias dictadas en las últimas semanas de este mes, la Corte Suprema chilena ha concedido el indulto a siete (7) personas condenadas por graves violaciones a los Derechos Humanos y recluidas en la cárcel Punta Peuco. Esas personas, autores de ‘delitos de lesa humanidad’, fueron, en un primer momento, Gamaliel Soto Segura, Manuel Pérez Santillán, José Quintanilla Fernández, Hernán Portillo Aranda y Felipe González Astorga; posteriormente, Emilio de la Mahotiere González y Moisés Retamal Bustos.
No puede considerarse a la Corte Suprema —y al resto de los tribunales chilenos— como entes neutrales. Desde los albores de la República han estado permanentemente al servicio de las clases dominantes. No está de más recordar algunos casos al respecto.
En pleno régimen de la Unidad Popular dio, el presidente de la Corte Suprema de ese entonces, Enrique Urrutia Manzano, orden a los jueces de acoger todos los recursos de amparo que interponían en su favor los enemigos de ese régimen. Fue aquel mismo sujeto quien, en compañía de los magistrados José María Eyzaguirre y Juan Pomés, concurrió a saludar al recién instalado gobierno militar en septiembre de 1973 y, posteriormente, terció la banda presidencial sobre el pecho de de Pinochet reconociéndolo como legítimo gobernante. Cuando, en 1974, viajó a Europa una comisión gubernamental, encabezada por el presidente del Colegio de Abogados de ese entonces Alejandro Silva Bascuñán y el ex político Julio Durán Neumann, a explicar las razones y fundamentos del golpe militar, se sumó a ellos el magistrado José María Eyzaguirre quien asumiría, un año más tarde, la presidencia de la Corte Suprema en reemplazo de Urrutia. ¿Y qué decir de Israel Bórquez, hombre cercano a Pinochet, que ironizaba con los recursos de amparo a favor de los detenidos desaparecidos alegando que lo tenían ‘curco’?
La idea de dejar en libertad a los presos de Punta Peuco no es nueva. Ha sido la constante de los grupos pinochetistas que aún perduran y aprovechan la instancia gubernamental que hoy detentan. Porque esta situación no es nueva y tiene manifiestos ribetes políticos. El presidente Piñera no es, en modo alguno, ajeno a ella. Si bien ha querido aparecer libre de toda sospecha otorgando indulto presidencial —junto a un caso de Temuco y otro de Colina II—, a una persona que falleció sin haber gozado de aquel (el ex coronel René Cardemil, enfermo de cáncer terminal), dicha acción sólo se enmarca dentro de una política que aprovecha el retiro de otros magistrados para reemplazarlos por quienes se inclinan por liberar a los genocidas. La decisión de la Corte Suprema, por consiguiente, no ha tenido carácter neutro sino eminentemente político.
Que este fallo crea jurisprudencia no cabe la menor duda. Lo ha reconocido el propio magistrado integrante de la respectiva sala, Hugo Dolmestch, cuando, refiriéndose a lo que puede acontecer respecto de otros casos, ha dicho a los medios de comunicación que “lo más probable es que se aplique la misma decisión”.
El CODEHS eleva su enérgica voz para protestar por estos actos que no sólo son atentatorios contra el ordenamiento jurídico vigente y los convenios internacionales suscritos por Chile sino contra la moral de toda una sociedad, y justifican de sobremanera recurrir a los organismos internacionales en demanda de garantías jurídicas que no parecen existir en este país.
