Hoy los colombianos y colombianas que no sean víctimas del desinterés podrán dar una señal de rechazo a la corrupción sistemática que asola al país desde hace décadas.
Una propuesta de la Alianza Verde y que asumió como compromiso el candidato en segunda vuelta presidencial Gustavo Petro, desde la Colombia Humana, se convirtió en consulta popular que tiene lugar en el día de hoy.
Promovida por la congresista Angélica Lozano y la senadora Claudia López, con la recogida de más de cuatro millones de firmas, que se requería para aspirar a realizar una consulta vinculante, se centra en siete preguntas que deben ser respondidas por sí o por no.
Es necesaria una participación de casi 13 millones de votantes, un tercio del padrón electoral, para que tenga validez la consulta.
La Contraloría General de Colombia hizo una estimación en 2016 para calcular cuánto dinero se dilapidaba en actos de corrupción y se calculó que se trataba de casi 3.400 millones de dólares.
Las preguntas proponen: reducir el salario de congresistas y altos funcionarios del Estado; enviar a la cárcel a corruptos y prohibirles volver a contratar con el Estado; contratación transparente obligatoria en todo el país (es decir licitaciones); presupuestos públicos con participación de la ciudadanía; que los congresistas deban rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión; hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos elegidos y extinguirles el dominio y no más atornillados en el poder: máximo tres periodos en corporaciones públicas.
