Por CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales
A 16 años del operativo brutal contra la comunidad Nam Qom, el estado sigue sin responder
La policía formoseña sitió a la comunidad Nam Qom el 16 y 17 de agosto de 2002, bajo el pretexto de investigar la muerte de uno de sus agentes. Las torturas, detenciones arbitrarias y otras graves violaciones que cometieron quedaron impunes. Exigimos al Estado una reparación integral a las víctimas.
Hace 16 años, más de 100 efectivos de la policía provincial ingresaron de manera violenta a la comunidad Nam Qom. Detuvieron de forma arbitraria a más de 80 personas, incluyendo niñas y niños, y las golpearon y torturaron, mientras les insultaban por su condición de indígenas. Las víctimas permanecieron incomunicadas, privadas de libertad y sin atención médica. La policía irrumpió en varias casas, destruyó pertenencias, e incluso no permitió a una mujer embarazada buscar asistencia cuando empezó a perder líquido amniótico.
Durante el operativo ilegal estuvieron presentes el juez Héctor Ricardo Suhr y el Procurador General de la provincia Carlos Ontiveros quienes avalaron el accionar de las fuerzas de seguridad y participaron de las graves violaciones a los derechos humanos.
Muchas víctimas quedaron con importantes consecuencias físicas y psicológicas, tal como Mario Vega quien tuvo gravísimas secuelas por los dos balazos a quemarropa que le propinó la policía. No pudo volver a caminar ni usar una mano y no veía bien de un ojo. Mario falleció el pasado 14 de mayo sin tener justicia ni reparación.
Ni una sola persona fue condenada por estos brutales hechos, por lo cual la comunidad recurrió en el 2005 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el acompañamiento del CELS. El Estado argentino nunca contestó los argumentos de fondo.
En diciembre de 2016 la CIDH realizó una audiencia pública sobre el caso, donde se volvió a presentar el testimonio de varias víctimas del operativo policial. Además, se expuso sobre la responsabilidad internacional del Estado argentino.
Ahora se espera que la Comisión dicte su informe de fondo y presente el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El violento operativo y la falta de toda respuesta estatal no son hechos aislados. Son la expresión de un patrón estructural de discriminación, violencia institucional e impunidad contra los pueblos indígenas en Formosa.
