Por Luciana Mignoli*

Esta mañana, casi un centenar de policías se presentaron para desalojar a una anciana qom discapacitada y a su hija, pese a la vigencia de la ley que prohíbe el desalojo de las comunidades indígenas. La familia Rojas-Silvestre vive allí hace 34 años y no había recibido ningún aviso previo. La vivienda quedó destrozada y la mujer, internada con hipertensión. Las organizaciones indígenas decidieron permanecer en el predio ante la inminencia de un nuevo operativo.

Antonia Silvestre es una anciana qom. Padece una discapacidad y vive con hija en un predio de Pampa del Indio, a unos 300 km de Resistencia, Chaco. Su vida tranquila se interrumpió en la mañana del miércoles 22 de agosto cuando casi un centenar de efectivos policiales ingresaron intempestivamente a su domicilio para desalojarla sin ningún aviso previo.

La medida fue ordenada por el juez civil, comercial y laboral de General San Martín, Luis Felipe Zabala, que estaría de licencia, y la jueza subrogante, de apellido Alonso, la que estuvo a cargo de la acción; por pedido de la Confederación Evangélica Bautista que reclama el predio, pese a la vigencia de la Ley de Emergencia Territorial 26.160 que prohíbe el desalojo de las comunidades indígenas de los territorios que ocupan.

La comunidad se acercó inmediatamente al lugar y logró frenar momentáneamente el desalojo. La mujer debió ser hospitalizada por un pico de hipertensión y las organizaciones informaron que tomaron la decisión de “permanecer custodiando en el predio y defender el territorio porque la orden judicial está librada y pueden volver a desalojar en cualquier momento”.

El hijo de Antonia Silvestre, Sergio Rojas, relató: “Vinieron temprano aquí, leyeron la orden de desalojo. Se agarraron nuestras cosas y las tiraron al costado de la ruta. Inmediatamente tuvimos la solidaridad de todos nuestros hermanos que vinieron a apoyarnos. Fue un momento muy difícil. Mi madre está internada con tensión arterial muy alta. Ella es discapacitada. Y han dejado un desastre la casa. Vine a encontrar como si fuera una guerra. Y ahora tenemos que arreglar todo”.

La Ley de Emergencia Territorial Indígena -promulgada en 2006- suspende los desalojos por conflictos por la tierra donde estén involucrados pueblos originarios hasta tanto no se realice un relevamiento territorial con la participación estatal e indígena. La prórroga de la Ley 26.160 se terminó de aprobar en noviembre pasado y está en plena vigencia. El estigma y la discriminación hacia los pueblos originarios se hacen más que evidentes cuando la Justicia y las fuerzas policiales organizan un megaoperativo para realizar un desalojo que está prohibido por la Ley.

Al respecto, Rojas consideró que “es increíble que estas cosas puedan seguir pasando. Estamos en el siglo XXI. Hay una ley que también dice que prohíbe el desalojo de las comunidades indígenas. Es una falta de respeto… Sabemos que los grandes intereses económicos priman las tierras. Nosotros como pueblos originarios tenemos una concepción totalmente distinta con lo que tiene que ver con el derecho a nuestras tierras. Ahora estamos acá con toda la comunidad tratando de sobrellevar esta situación. Vamos a seguir resistiendo. Y necesitamos que todos estén alerta y nos acompañen difundiendo”.

El Consejo Qompi de Pampa del Indio –que reúne a catorce comunidades qom de la zona- y un enorme arco de organizaciones indígenas (como la Federación Nacional Campesina, la Comisión Zonal de Tierras, la CCC, entre otras) repudiaron el accionar del juzgado y solicitaron amplia difusión para proteger que en un futuro inminente la familia Rojas-Silvestre vuelva a sufrir lo que consideran un violento atropello a sus derechos humanos.

* Periodista de la Red de Investigadorxs en Genocidio y Política Indígena en Argentina

Contacto Sergio Rojas 3725 15 440019

Video donde Sergio Rojas habla frente a las fuerzas policiales