El Tribunal Supremo condena al gobierno español a cumplir sus compromisos de tramitar las solicitudes de asilo de 19.449 personas desde Grecia e Italia, que asumió en decisiones europeas en septiembre de 2015, a pesar de que el término haya finalizado.
Stop Mare Mortum, un movimiento social que vela por el cambio de políticas migratorias que permitan el desarrollo de un mundo basado en el respeto por los derechos humanos, considera que es una sentencia histórica y sin precedentes al ser la primera vez que un tribunal nacional condena a su gobierno.
Hace tan solo siete días, el rescate de 60 personas por Open Arms, fue un acto denunciado por Stop Mare Mortum por su uso político y mediático. La plataforma exigía un cambio de políticas migratorias estatales y europeas desde un enfoque de derechos humanos y no desde la amenaza de la externalización de las fronteras; reclamaban vías legales y seguras de acceso al territorio para que la gente no tenga que arriesgar su vida por el camino y por tanto ser rescatada en alta mar; así mismo se pedía la misma atención en otros puntos de llegada como la frontera sur.
En abril del 2017 Stop Mare Mortum puso un recurso para exigir la acogida de 19.449 personas. A día de hoy sólo se han acogido 1.349, menos del 7% de lo pactado. Esta sentencia pone de manifiesto que el cumplimiento de los derechos humanos es una obligación de los Estados. El derecho de asilo no es discrecional, es exigible. Stop Mare Mortum declara que es un buen momento para recordar que existen otras vías legales y seguras que pueden facilitar la llegada de las personas que han quedado atrapadas en la irregularidad, víctimas de los traficantes de seres humanos de Gracia e Italia.
La sentencia además muestra una dimensión internacional al apelar al principio de solidaridad poniendo de manifiesto que la responsabilidad de acogida no ha sido compartida. Muestra de ello los resultados de Italia donde triunfan soluciones populistas cuando no se ha dado respuesta solidaria.
Stop Mare Mortum considera que esta victoria evidencia que la sociedad civil organizada puede ejercer control sobre la acción política de sus gobiernos y considera una oportunidad “clave” para que el Gobierno de Pedro Sánchez haga cambios en las políticas migratorias, asumiendo como propia la sentencia, a pesar de tratarse de incumplimiento durante el mandato de Mariano Rajoy.
