Los problemas geológicos de los terrenos y el alto valor natural de la zona de especial protección de las aves (ZEPA) mostraban el peligro del emplazamiento del sementerio nuclear de Villar de Cañas.
El ATC en Villar de Cañas (Cuenca) era un empeño personal de María Dolores de Cospedal, que se enfrentó a la sociedad y a la Junta de Castilla-La Mancha.
La suspensión de este cementerio nuclear se encamina en la buena dirección del necesario cierre de todas las instalaciones nucleares y la elaboración de un nuevo plan de gestión de los residuos radiactivos.
El Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), del que forma parte Ecologistas en Acción, considera adecuada la decisión de paralizar el ATC de Villar de Cañas (Cuenca). El Gobierno español ha pedido al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que interrumpa los trabajos sobre el Informe del Permiso de construcción, una autorización clave para continuar con el ATC. Desde el inicio del proyecto Ecologistas en Acción ha denunciado el error que suponía ponerlo en marcha. Ecologistas en Acción y el MIA recuerdan que el origen del cementerio fueron las pretensiones del antiguo Gobierno del Partido Popular, y en concreto de María Dolores de Cospedal, para que este cementerio se construyera en la Comunidad Autónoma que ella presidía, Castilla-La Mancha, lo que le otorgaba un control sobre la gestión de los residuos y sobre la política nuclear.
El proyecto de construir un ATC aparece en el 6º Plan General de Residuos de 2006, ya obsoleto. Esta instalación prevista para 2010 aún no posee todos los permisos necesarios para la construcción. Parte de este retraso se debe a las malas condiciones geológicas de los terrenos sobre los que se asentaría el ATC. Un hecho que ha quedado patente en los informes del área de Ciencias de la Tierra del propio CSN y la consultora URS, que trabaja a menudo para el Consejo de Seguridad Nuclear. Los posibles riesgos de hundimiento y otras características geológicas de estos terrenos convertían el ATC en una instalación muy peligrosa que disparaba los costes de construcción.
A pesar de que este era motivo más que suficiente para paralizar el ATC de Villar de Cañas, sucesivos gobiernos y el empeño de Cospedal han mantenido el proyecto acumulando gastos innecesarios. Un emplazamiento que ha bloqueado además la intención de la Junta de Castilla-La Mancha, bajo la presidencia de Emiliano García-Page, que procedió a la ampliación de la ZEPA de la Laguna del Hito, abarcando estos terrenos que, inexplicablemente, no estaban incluidos en la declaración original.
Este enorme retraso ha motivado que todas las centrales nucleares tengan ya Almacenes Temporales Individualizados (ATI) o planes para construirlos ante la ausencia de una política de gestión de residuos nucleares clara. Por ello, la compleja gestión de los residuos de alta actividad no se puede separar de la política nuclear. Una política real debe de pasar por establecer con claridad el cierre de las centrales nucleares al terminar sus permisos actuales, de forma que se pueda conocer la cantidad de residuos altamente radiactivos a gestionar. Una materia pendiente del Gobierno español desde hace décadas, ya que todos los proyectos de gestión de residuos de alta actividad que se han puesto en marcha en el Estado español desde 1986 han naufragado.
Ecologistas en Acción y el Movimiento Ibérico Antinuclear señalan que lo más sensato sería proceder al cierre de centrales nucleares y abrir un debate técnico, ciudadano y político sobre la gestión de los residuos que permanecerán radiactivos durante miles de años.
