Investigación: Vicky Rubio
Esta es la segunda de dos entregas que pretenden aportar con claves para entender el problema petrolero de Chevron en el Ecuador tras 25 años de lucha. Aquí desglosaremos la historia del proceso legal del caso.
Desde los años 1964 a 1990, Texaco firma un acuerdo con el Estado ecuatoriano y se convierte en empresa extractivista en el territorio amazónico del país operando en 356 pozos petroleros y construyendo alrededor de 1000 piscinas en la selva, unas legales y otras clandestinas.
Cronología de Chevrón en Ecuador
Texaco/Chevron es una petrolera estadounidense dedicada a la exploración, producción, fabricación, transporte, refinación, almacenamiento y comercialización de petróleo crudo, gas y sus derivados. También, participa en el mercado de carbón, generación eléctrica y energías renovables, poseyendo más de 22.000 puntos de ventas en 6 continentes. Algunos de sus más grandes productos son los petroquímicos, gas natural y licuado, gasolina, parafina, diésel, aditivos y lubricantes.
Chevrón en el mundo
Para la empresa, técnicamente existían tres formas para deshacerse de los residuos tóxicos que emitían, contando con las piscinas, el derrame directo en agua de ríos, y la quema del hidrocarburo. El funcionamiento de una piscina petrolera consiste en ser un espacio perforado de tierra en el cual se puedan arrojar residuos desde crudo, agua, hasta lodo tóxico el cual varias veces fue incendiado y otras únicamente olvidado.
Según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, fruto de dichos procesos más de 2 millones de hectáreas de la Amazonía fueron afectadas durante aproximadamente 30 años al igual que el derrame de “alrededor de 16,8 millones de galones de petróleo 18,5 mil millones de galones de aguas tóxicas (agua de formación), 235 mil millones de pies cúbicos de gas quemados al aire libre, en los territorios que hoy ocupan las provincias de Sucumbíos y Orellana”.
El 13 de noviembre de 1993, los grupos afectados por las actividades de la petrolera, se dirigen hacia las cortes estadounidenses solicitando a la compañía, efectúe un proceso de remediación en el territorio contaminado, ya que temían que el caso se vea invisiblizado por la corrupción e intereses políticos del Estado ecuatoriano con la empresa.
El caso es aceptado y se abre un juicio que permita tanto acusar como defender a las dos partes protagonistas. En este proceso, la multinacional utiliza una serie de argumentos que nieguen su participación dentro de la problemática, como la aseveración de que las piscinas y el derrame no eran fruto de su extractivismo y que, si se construyeron dichas piscinas, fueron de acuerdo a la tecnología de la época y bajo los estatutos de los manuales del extractivismo petrolero.
La multinacional también desacreditó a los demandantes bajo una estrategia que indicaba que la demanda únicamente quería afectar a la empresa y sacar provecho financiero de esta y alegó que dentro de un territorio que posee una mina petrolera no deberían existir asentamientos de personas, ya que este espacio le pertenece únicamente al extractivismo.
El proceso legal continúo hasta que, en el año 1998, bajo el gobierno del presidente Jamil Mahuad, se firma el “Acta Final” que libera a Texaco de todas las obligaciones en el Ecuador siempre y cuando se efectúe un proceso de remediación en el territorio afectado por la contaminación petrolera. Con dicha acta, la compañía procedió remediar el territorio, pero únicamente en un 30%, ya que la estructura de este proceso consistió en acumular capas de tierra sobre las piscinas del hidrocarburo para que estas no sean visibles en su totalidad.
El resultado de la remediación provocó que tanto plantas como animales y seres humanos utilicen estas parcelas de tierra para su diario vivir aún estando contaminadas. La vegetación comenzó a crecer con normalidad, pero escondiendo un alto número de toxicidad en su interior, los animales se alimentaban de las plantas del lugar o circulaban sobre estos espacios, contaminando su piel e interior digestivo, y los seres humanos no podían cultivar sin que la cosecha se eche a perder.
Diez años después, la Corte Federal de New York resuelve, que el proceso debe tratarse ante la justicia ecuatoriana. Los involucrados en el proceso legal se ven envueltos en una serie de juicios y audiencias que acusan y liberan de responsabilidades a la multinacional. Al no encontrar una respuesta y postura firme dentro de la justicia ecuatoriana, y tras varios fallos a favor de Texaco/Chevron, como la ausencia de dinero dentro del Ecuador por no poseer una filial de la empresa en el territorio nacional, puesto que ya retiró los servicios del país, los involucrados deciden presentar la demanda en cortes internacionales.
La demanda se sostuvo en Venezuela, Canadá, Argentina, Países Bajos, Brasil, entre otros, fallando a favor de la multinacional con nuevos argumentos cada vez más difíciles de deslegitimar. Dentro de dichos argumentos, la defensa ecuatoriana encuentra una serie de incoherencias en el sistema de derechos internacionales y su marco jurídico ya que, hasta el día de hoy, este carece de una política pública e internacional o instrumento jurídico que pueda demandar a una corporación multinacional debido a que en problemáticas como las presentadas, la demanda se ejecuta directamente al Estado de cada país, ya que este se hace responsable de manejar sus políticas de protección.
Con dicha medida, surge la necesidad de la creación de un “Tratado Vinculante” que ejecute a dicho instrumento, y se crea un grupo que contó con miembros del gobierno ecuatoriano, que discuta la participación gubernamental frente al involucramiento de una multinacional, y la creación del tratado vinculante y bilateral, para lo cual se recolectaron firmas de apoyo de países africanos, Cuba, Ecuador, entre otros y contó con la oposición de Alemania, Estados Unidos, Japón, Corea, Italia, Argentina, Brasil, entre otros.
Conjunto a los procesos del contexto jurídico, durante los 25 años de lucha del caso Texaco-Ecuador, diversas organizaciones de diferentes se unieron para la creación de el «Día Internacional Anti-Chevron», para visibilizar la protesta mundial contra la transnacional por las malas prácticas y daños causados al ambiente, contando con la participación de Ecuador, Argentina, Inglaterra, Suiza, Francia, España, Alemania, Bélgica, Brasil, Canadá, Nigeria y Rumanía, Buenos Aires, Río de Janeiro, Richmond y Nueva York, Ginebra, entre otras, declarando al 21 de mayo como el Día Internacional Anti-Chevron.
Por otra parte, Texaco/Chevron, continuó con el manejo de sus ingresos, lavándose las manos bajo la excusa de una remediación mal elaborada de la contaminación efectuada en el Ecuador, mientras los demandantes se enfrentan a la desilusión de su pueblo por una remediación inexistente, los problemas de salud, las pérdidas culturales y sociales, pero ¿por qué es tan difícil mantener una demanda y exigir justicia a una multinacional? Porque en el mundo actual en el cual vivimos le responde a la globalización económica neoliberal que concentra enormemente su poder económico en las empresas transnacionales, como se constata en el caso del petróleo, ya que según un informe establecido en 1996 por el investigador Clarke “de las 100 mayores economías del mundo, 47 son empresas multinacionales; el 70% del comercio mundial es controlado por 500 multinacionales; el 1% de estas empresas detenta el 50% de la inversión directa extranjera. Además, cerca del 90% de las 100 empresas multinacionales más grandes está domiciliada en los países desarrollados.” Por lo que incluso la justicia le responde al beneficio económico, olvidándose de la primicia de los derechos humanos, tal como lo manifestó Pablo Fajardo, abogado del caso.
Consumo de combustibles fósiles
Es importante recalcar que, la petrolera multinacional no ha estado involucrada únicamente en el escándalo ecuatoriano, puesto que ha sido desmanteladas otras controversias como la evasión de impuestos, bloqueo de tecnologías de baterías para automóviles, contaminación en Richmond, en California-Estados Unidos, la destrucción de un bosque natural en Bangladesh, derrames de petróleo en la costa de Río de Janeiro, explosión de una plataforma de perforación en Nigeria, entre otras.
La UDAPT también recalca que la participación del gobierno del Estado ecuatoriano ha sido casi nula, destacando al periodo de Rafael Correa, quien con la campaña “La Mano Sucia de Chevron”, manipuló una lucha perteneciente al pueblo amazónico a favor de la explotación del Yasuní para el extrativismo petrolero a cargo del gobierno por Petroamazonas, en el cual se ofrecía a la población dos grandes ejes: la manipulación del territorio con tecnología de punta que evite derrames o problemas medioambientales por extractivismo y el manejo de dicho proceso a cargo de empresas nacionales. Esta intervención, atrajo la atención de diferentes celebridades que denuncien la inexistencia del proceso de remediación en las piscinas petroleras de Texaco, pero desvió la atención del verdadero problema del extractivismo en la Amazonía ecuatoriana y la utilizó como estrategia política. En la actualidad, y tras 25 años de lucha, la UDAPT espera que en este nuevo gobierno se plantee apoyo a la causa y no se entablen vínculos entre el poder ejecutivo y jurídico del Estado y la multinacional.
Los líderes a cargo recuerdan que, es una lucha que han heredado de sus padres pero que no desean transmitir a sus hijos, indicando que la mayor problemática a la cual se enfrentan es la comodidad de la opinión pública del ecuatoriano, que desconoce y se desvincula de todo lo que acontece dentro de su propio país a pesar de que se han dado grandes intentos por preservar y transmitir esta causa a la memoria colectiva de los ecuatorianos, con la elaboraciones de documentales y libros que sirvan de denuncia.
