“Allá no nos escuchan, nadie nos difunde, estamos escondidos.”

Así explica Jorge Altamarino los motivos que lo trajeron a Buenos Aires junto a otros hermanos wichí con quienes acampa desde mediados de mes, frente al Congreso de la Nación. Llegaron en representación de 17 comunidades de Tartagal, Salta, buscando hacer visibles los reclamos para los que no tienen respuesta en la provincia.

Algunos de esos reclamos responden a necesidades inmediatas y dejan expuesta la corrupción naturalizada en Salta. Por ejemplo la promesa de viviendas que nunca se les entregaron, aunque 150 unidades constan como “terminadas”; por ejemplo las operaciones de desmonte y robo de madera en territorio comunitario, por parte de familias de empresarios y funcionarios locales y nacionales; por ejemplo el desmanejo de fondos en el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas, en proceso de investigación.

Como la mayoría de los conflictos indígenas, estos también tienen por eje central el territorio. Si algunas comunidades no fueron relevadas según la ley vigente (26.160), las que sí lo fueron no consiguen que les entreguen las carpetas correspondientes, quedando otra vez expuestas a la invasión de empresas y particulares amparados por los gobiernos.

“Presentamos notas al INAI el año pasado por las carpetas técnicas, pero no tenemos respuesta. Manifestamos frente a la municipalidad de Tartagal por tres días y nos sacaron violentamente; nos detuvieron, nos golpearon y nos demoraron. Entonces decidimos alejarnos de la ciudad e iniciamos una huelga de hambre en la entrada de la comunidad, cortando solo media calzada, 20 días y 20 noches. No se acercó nadie, sólo un periodista aunque hay muchos medios. Entonces vimos que estábamos en situación de peligro y no nos servía porque nadie sabía nada. Ahora venimos aquí y recién se están enterando…”

Cacique Altamarino en el acampe wichi. Fotos Pressenza

Justamente para enterarlos, se acercaron a la Comisión de pueblos indígenas del Senado y obviamente, al INAI. En la nota que le presentaron el 18 de julio a su presidenta, Jimena Psathakis, piden “…nos brinde información sobre implementación de la ley 26.160 y el estadio de las carpetas técnicas que hace más de tres años no han sido remitidas a nuestras comunidades. Queremos verificar y constatar si los datos de las mismas corresponden a lo que hemos aportado”.

La nota va más allá y solicita “un informe por escrito del papel, posición y aportes que está realizando el Instituto a su cargo” en otros temas centrales para la defensa de los derechos indígenas: la Ley de propiedad de tierra comunitaria indígena; posible derogación del artículo 78 del Código Procesal Penal que atentaría directamente sobre los derechos colectivos de los pueblos; la posición y respuesta del gobierno a la CIDH sobre el caso Lhaka Honhat, y la aplicación de la consulta libre, previa e informada por parte de los poderes del Estado.

Los wichí esperan respuesta a sus demandas en su carpa de avenida Callao. Hasta ahí llegaron funcionarios de Ambiente y Espacio público de la ciudad y policía, a desalojarlos. Los wichí aceptaron desmontar un gazebo pero fueron muy firmes: se quedarían aunque fuera sin nada. Finalmente se quedaron con su carpa.

El cacique reflexiona: “Nosotros vivíamos en la ciudad de Tartagal y ahora ya no estamos ahí. Donde están el banco Nación y la terminal, estaban nuestros cementerios. Esos espacios públicos son nuestros. Somos dueños de los territorios y nos tratan así.

Nosotros buscamos una solución y nos presionan, nos amenazan, nos matan. No tenemos río, no tenemos monte, no tenemos recursos… no tenemos nada y nos siguen presionando. Pedimos que cumplan la ley que pisotean.”