Barcelona Energía, un proyecto de energía pública y generada a través de fuentes renovables, ya es realidad. Soberanía energética y desconexión del oligopolio de las eléctricas ha sido uno de los grandes retos cumplidos del gobierno de Ada Colau. Barcelona consigue tener la eléctrica pública al 100% más grande del Estado. Este era uno de los proyectos más codiciados de los comunes: la lucha por recuperar la gestión pública de los servicios básicos.

“La energía es un bien de primera necesidad, un derecho fundamental, por eso se necesitan administraciones públicas que garanticen el servicio público a toda la población”, puntualiza Ada Colau en un video donde explica de propia voz y por medios directos a los ciudadanos el nuevo paso histórico para la ciudad.

 

El proyecto dará servicio al propio alumbrado de la ciudad, fuentes, semáforos, centros públicos, sumando un total de 3908 puntos más 19 organismos y entidades municipales. Con este cambio, el ahorro calculado será de 710.000 € anuales, que si bien, será bienvenido, no es el principal objetivo, sino que detrás de este logro se trata de ser un ejemplo para estimular la generación energética, local y renovable, así como controlar la gestión energética en detrimento de los oligopolios.

Barcelona Energía, a partir del 2019, podrá ofrecer a los ciudadanos la contratación de la luz a través de esta nueva comercializadora púbica, aunque inicialmente sólo podrá ofrecer servicio a 20.000 hogares. Con esta oferta, no se pretende rebajar tanto el costo actual de la luz, pero sí poder actuar con total autonomía en situaciones de pobreza energética.

La segunda parte de la iniciativa, busca favorecer la generación de energía renovable por parte de los particulares, facilitando que los clientes con placas fotovoltaicas puedan vender los excedentes de energía sobrante a la comercializadora y beneficiarse así de bonificaciones en la factura. Este gran logro, a nivel de pequeñas instalaciones comercializadoras de energía, es además un salto social y político al sobrepasar la ley que durante el mandato del PP, fue penalizada con el llamado “impuesto al sol”, que penalizaba la venta de energía a los pequeños productores. Esta ley, ahora pretende ser derogada por el reciente partido en el poder español, el PSOE.