Por Redacción Superficie
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El 11 de julio de 2012, en la localidad de Puerto Esperanza, en un descampado del barrio El Progreso, se encuentra el cadáver de Lieni “Taty” Piñeiro, estudiante de 18 años.
Las primeras personas en llegar al lugar, son el intendente del pueblo Alfredo Gruber, su hermano el diputado Gilberto Gruber, el comisario Ruben García, un grupo de policías de la comisaría de Puerto Esperanza y el juez Fernandez Rissi.
El cadáver de Taty tenía signos de violación sexual.
A Rosa González, la madre de Taty Piñeyro, no le dejaron acercarse. Cuenta Rosa que el intendente y su esposa, le negaron poder ver el cadáver, pero además aprovechando su desconcierto, la trasladaron en un móvil policial hacia la comisaría y el hospital, donde fue medicada por vía inyectable contra su voluntad. Perdió el conocimiento.
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Las “labores investigativas” de la policía, que acabaron con la detención de un perejil, Hernán Céspedes, compañero de escuela de Taty, incluyeron el secuestro, golpiza y amenazas, incluso con exhibición de armas, por parte de la policía a un grupo no menor de diez alumnos del bachillerato al que acudía Taty Piñeyro. Los alumnos incluso en algunos casos fueron detenidos durante horas, en los que recibieron violentos interrogatorios. Todo esto consta en testimoniales que no han trascendido públicamente, pero que generaron un absoluto terror en la población escolar. Carlos Duarte, maestro del curso donde asistían Taty Piñeiro y Hernán, resumió:
“Previo a la detención de Hernán, se llevaron a varios jóvenes de condición humilde de nuestra escuela, que luego manifestaron que hubieron apremios ilegales; a muchos chicos se les hizo pasar la noche en la comisaría sin ningún cargo. Según manifiestan hubo golpizas, exhibición de armas, intimidación, siempre con la amenaza de que no hablen de lo que se les hacía, hubo amenazas de muerte y les decían que buscaban un culpable. Hasta los llevaron a la zona del río. En ese momento el comisario era García. Una persona que siempre estuvo muy allegada a los Gruber y que luego misteriosamente fue trasladado”
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Desde hace al menos quince años, “Los Gruber”, como les dicen por aquí, ostentan máximo poder político y control de las principales instituciones en Puerto Esperanza.
Un artículo del diario Clarín, titulado “Un crimen bajo la sombra de los hijos del poder”, describe lo siguiente: “La ciudad es manejada desde hace más de una década por los hermanos Gilberto y Alfredo Gruber. El primero, más conocido como “Pato”, estuvo dos períodos como intendente y luego accedió a una banca en la Legislatura provincial. El otro es el intendente actual. Los hombres de “Pato” manejan la Cooperativa de Servicios Públicos, propietaria del único canal de cable de la localidad. Curiosamente, ese canal nunca entrevistó a la mamá de “Tati” y casi no difundió información sobre el crimen que sacudió a toda la provincia”.
Un hijo del diputado provincial, Gilberto “Pato” Gruber , llamado Fabián, está indicado en una de las hipótesis judiciales del caso, como un posible autor del hecho que ahora está en manos del Juzgado de Instrucción Nº1 de Eldorado, a cargo del juez Roberto Saldaña.
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Horas posteriores a la aparición del cadáver de Taty, a instancias del juez Fernandez Rizzi, es detenido Hernán Céspedes y trasladado a la comisaría de Puerto Esperanza. Luego es enviado a Puerto Iguazú. Allí Céspedes recibe la visita de su madre, a quien informa acerca de las torturas y amenazas de muerte a la que estaba siendo sometido en la Unidad Regional 5 de Puerto Iguazú. Horas antes de declarar, el 22 de julio de 2012, Céspedes aparece muerto en su celda. La policía reporta un inverosímil suicidio. En apenas diez días en un radio de apenas 60 kilómetros, dos jóvenes habían sido asesinados. Ambos casos, a julio de 2018, permanecen impunes.
Entonces el comisario de Puerto Esperanza era Ruben García, quien fue trasladado pero hace un tiempo volvió. Hoy se encuentra sancionado, separado de su cargo y siendo investigado por un resonante caso de torturas contra un joven del pueblo en la comisaría a su cargo.
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En enero de 2013, el periodista de Puerto Esperanza Daniel Ortigoza aportó al juez Fernandez Rissi un conjunto de cinco fotografías que demuestran, entre otras cosas, que Itatí no fue asesinada en el lugar donde apareció el cadáver. Esta prueba fundamental también fue ignorada por el juez que luego, acorralado por los elementos que exhiben la pobreza de su irregular “investigación” en ambos casos —favoreciendo la impunidad de ambas muertes, la de Piñeiro y Céspedes, y protegiendo a hijos de poder y a la policía de Iguazú—, salió a victimizarse y pedir el apartamiento de la causa, que actualmente está en manos del juez Roberto Saldaña.
“Le llevé las fotos al juez, pero nunca las peritó ni las investigó. Las fotos cuentan otra historia que la que contaron los peritos. Porque en una de las fotos se ve claramente que el cuerpo no está en el lugar indicado como el lugar del hecho, porque se ve claramente que es otro tipo de suelo, otro entorno, muy similar al del campo de aviación, que está a unos dos kilómetros de allí. ¿Qué hacía el cuerpo ahí? ¿Cómo llegó hasta el trillo? Es totalmente improbable, que, como se intenta decir, una sola persona y en moto haya trasladado el cuerpo atravesando todo el pueblo de Puerto Esperanza sin ser visto por nadie. Lo que las fotos demuestran, entiendo, es que a Taty no la mataron en ese trillo, y que una sola persona nunca pudo haber llevado a cabo todo ese procedimiento aberrante sola y en moto. Tuvo que haber participado un vehículo, un móvil cerrado, y más personas. Eso es lo que debería determinarse en la Justicia, pero el juez decidió mirar para otro lado” reflejó Ortigoza a Revista Superficie.
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El primer abogado que tuvo la familia Piñeiro en esta causa, Juan Carlos Selva Andrade, denunció que el juez Fernandez Rissi incurrió en “una situación de encubrimiento fenomenal, en esta relación dudosa entre la política y la justicia”. El abogado agregó que “se lo menciona al hijo del diputado ‘Pato’ Gruber. Hay un sector de la comunidad de Puerto Esperanza que considera que el hijo de (Gilberto) ‘Pato’ Gruber podría haber tenido una vinculación con el crimen, y este diputado integra la comisión de Poderes y Reglamento de la Legislatura, que designa a los jueces. Justamente intervino en la designación de (Juan Pablo) Fernández Rissi (como juez de instrucción Nº 3 de Iguazú); con otras causales más, forman el principal argumento para que el juez se aparte de la causa”, explicó el abogado, en defensa del pedido de apartamiento del juez Fernández Rissi de esta causa.
En este sentido, Selva Andrade añadió que “la jurisprudencia establece que cualquier tipo de sospecha que pudiera poner en duda la imparcialidad del juez, es causal suficiente para que el magistrado (se excuse) de intervenir en (el expediente). El juez no solamente no se excusó desde un principio, sino que tampoco pidió autorización a su superior inmediato en la Cámara de Apelaciones, para resolver esta cuestión. Cualquier juez lo hubiera hecho, pero Fernández Rissi no lo hizo”.
Los familiares, tampoco tienen dudas sobre el sospechoso accionar del juez. Rosa Piñeiro, madre de Itatí, señaló que “el juez protegió desde un principio a Fabián Gruber. No investigó nada. Fue muy obvio lo que hizo. Esta causa está impune porque él hizo todo lo posible para que se sepa la verdad”. En tanto, la madre de Hernán Céspedes, señaló que “no nos dejó a los familiares ver los expedientes, cubrió a los policías que asesinaron a mi hijo y a los verdaderos responsables de la muerte de Tati”.
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El domingo 26 de mayo de 2013, a nueves meses del femicidio de Taty Piñeyro, el titular principal en la tapa del diario El Territorio enuncia: “El caso Taty Piñeiro debería estar cerrado”.
Nunca antes en la historia de la prensa gráfica misionera, un periódico había usado en su título principal de tapa, semejante condicional al poder judicial de la provincia.
Los Gruber, eran habituales clientes publicitarios del diario.
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En octubre de 2017, en un acto realizado en el Salón Frondizi del Archivo Nacional de la Memoria en la ex ESMA, Rosa González madre de»Tati» Piñeiro, entregó al Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Germán Garavano un escrito donde se demanda el esclarecimiento del asesinato.
Ante el sexto aniversario del femicidio de Taty, familiares, allegados y distintas organizaciones, volverán a clamar por Justicia. El caso, en una provincia de Misiones con una tasa de % 9,98 de femicidios cada 100 mil habitantes, se presenta como un fiel reflejo de la impunidad, las complicidades políticas, policiales y las perversiones de un poder judicial patriarcal y permeable a las presiones de otros poderes.
