Por Manuel Arismendi
En Chile, las garantías al debido proceso estuvieron ausentes en el segundo juicio del caso Luchsinger-Mackay, matrimonio latifundista asesinado por desconocidos en enero de 2013.
Esta es la conclusión a la que llega la defensa de los mapuches que podrían ser condenados, así como sus familiares y funcionarios de derechos humanos en la región de La Araucanía, sur de Chile.
Las presiones y maltratos contra la jueza chilena, Ximena Saldivia, en el segundo juicio por Ley Antiterrorista en el caso Luchsinger-Makcay, ponen en duda la imparcialidad y el debido proceso.
Pero, la situación es mucho más grave. De manera reciente, el juez Germán Varas expresó que nunca tuvo la intención de postular a una notaría, y que fue un error.
El Observatorio Ciudadano presentó la situación de maltrato a Diego García-Sayán, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la independencia de los magistrados y abogados. Desde el ámbito de los derechos humanos provoca preocupación.
El 11 de junio se leerá la sentencia contra los tres mapuches acusados por delito terrorista en este caso, que no estará excento de todos estos elementos. La comunidad internacional sitúa sus ojos en cómo termine.
