¿Hasta qué punto las políticas migratorias europeas son dictadas por la presión de las empresas privadas de las armas y de la seguridad?
Autores: Jérôme Duval , Benoit Coumont , Ludivine Faniel / Traducción: Griselda Piñero
Las migraciones forman parte de la historia de la humanidad, pero las fronteras nunca estuvieron tan cerradas como ahora. Las convenciones, surgidas de las políticas migratorias actuales, dividieron a los migrantes en diversas categorías: políticos, económicos, climáticos…, en función de la supuesta (o no) legitimidad para tener acceso al derecho de asilo o a poder residir en un territorio extranjero. «El migrante económico», que se desplaza huyendo de la miseria engendrada por las políticas ligadas al pago de la deuda, es la categoría que se beneficia menos de los derechos y su acceso a los territorios extranjeros varía en función de las necesidades de mano de obra o de las políticas de cierre de fronteras.
De esa manera, entre los millones de personas que huyen de condiciones de vida indecentes, ¿aquellas que migran por cuestiones económicas serían los migrantes ilegítimos? ¿Igual que a quienes no se les concede el estatus de refugiado político, poniendo sus vidas en peligro? ¿Estamos confrontados a una crisis migratoria o a una crisis de acogida? Esos flujos migratorios, ligados a situaciones económicas, son en gran parte el resultado de las políticas de austeridad y de endeudamiento insostenible, impuestas por las instituciones financieras internacionales y los países industrializados del Norte a los países empobrecidos del Sur, y por los países del Centro, o sea de Europa, a los países periféricos. Esas políticas tuvieron como efecto amplificar el problema de la pobreza, generalizar la precariedad y, por consiguiente, las situaciones de exilio. Los contextos que alientan el éxodo de poblaciones pobres son consecuencia de intereses geoestratégicos ligados a los recursos y, por lo tanto, a las riquezas, o son provocados por la hemorragia de capitales que sirve para honrar el servicio de la deuda, con mucha frecuencia, tachada de ilegítima.
Agotados por la guerra o la miseria, los candidatos al exilio se encuentran con rutas cada vez más peligrosas, debido a las políticas de gestión de la inmigración irregular. Esas políticas son criminales, costosas e ineficaces, ya que obligan a los migrantes a tomar vías, aún más inseguras, como la travesía por mar en frágiles embarcaciones después de tener que ponerse en manos de las mafias de traficantes. Y esa es una cuestión extremadamente onerosa para las poblaciones de origen que soportan esos costes. Los muros nunca resolvieron conflictos y solo benefician a las compañías que los conciben, los construyen y los controlan.
Lejos de adoptar una política de acogida a los refugiados, conforme al derecho internacional como lo estipula la convención de Ginebra, los Estados adoptan políticas de seguridad que violan el derecho fundamental de libertad de circulación inscripto en el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos [1]. Mientras que los nuevos tratados de libre comercio no dejan de propugnar la libre circulación de las mercancías y de los capitales, los candidatos al exilio hacen frente a las “agencias de seguridad”, fuertemente armadas y equipadas por los grandes industriales que frenan el derecho de circulación de los “olvidados”. El fondo del Mediterráneo se ha transformado en una verdadera fosa común, [2] las fronteras se cierran y se erigen muros por doquier en el planeta. Una vez pasada la frontera, si no son deportados hacia sus países de origen, los migrantes se hacinan en campos inhumanos o son encerrados en centros de internación, [3] especiales para ellos, como son los 260 que se contaban, en 2015, en el seno de la UE. [4] Solamente un bajo porcentaje de todos los demandantes, siguiendo un fastidioso recorrido burocrático, logra obtener el derecho de asilo, distribuido con parsimonia.
¿Hasta qué punto las políticas migratorias europeas son dictadas por la presión de las empresas privadas de las armas y de la seguridad? Con esas políticas de seguridad, los migrantes ya no son considerados como personas, sino como números que llenan las cuotas arbitrarias para cumplir con las irracionales curvas estadísticas, que satisfacen más a la cotización de la Bolsa que al bienestar colectivo, y a los valores de solidaridad y de apoyo mutuo.
¿Qué le importan las condiciones de trabajo de los empleados y las condiciones de acogida de los migrantes, en detrimento de sus derechos y de la dignidad humana, a las empresas privadas nacionales o multinacionales? Estas se aprovechan cada vez más de un negocio en plena expansión, a expensas de la justicia social y de los presupuestos de nuestros Estados.
Frontex, una agencia europea costosa, poderosa, opaca y sin control democrático
Europa creó el espacio Schengen en 1985, que entró en vigencia en 1995, y que está en los tratados de la UE desde 2009. El objetivo enunciado era crear un espacio de “libertad, seguridad y justicia” en el seno de la Unión Europea. Pero en los hechos, la circulación dentro de la UE avanzó a dos velocidades en función de los países y, en particular, concernió a las mercaderías. A medida que avanzaba el proyecto, la UE se coordinó para controlar las fronteras exteriores intentando aplicar una política común y un “sostén” a los países que tienen una frontera exterior propicia a la entrada de migrantes como Grecia, España e incluso Italia. Esta agencia es la que tiene mejor financiación de todas las agencias de la UE, cuando, de hecho, el esfuerzo presupuestario se impuso en todos los sectores.
Frontex posee aviones, helicópteros, buques, unidades de radar, detectores móviles de visión nocturna, medios aéreos, detectores de ritmo cardíaco… Además organiza vuelos de deportación, operaciones conjuntas en las fronteras terrestres, marítimas y aéreas, [5] la formación de guardias fronterizos, el intercambio de información y de sistemas de información, especialmente por medio de su sistema EUROSUR, que tiene por objetivo la puesta en común de todos los sistemas de vigilancia y de detección de los países miembros de la UE, etc. Su presupuesto anual no ha dejado de aumentar hasta hoy: ¡de 19 millones de euros en 2006, ha pasado a 238,7 millones en 2016! Los medios militares que le son asignados y su autonomía, con respecto a los Estados miembros, no cesa de crecer.
Evolución del presupuesto de Frontex
Desde fines de 2015, la tendencia hacia una injerencia de la Comisión Europea en los Estados miembros se acentúa: la Comisión Europea amplia el mandato de Frontex, que se transforma en el “cuerpo europeo de guardias de fronteras y de guardacostas”. Esta nueva agencia puede desde ahora actuar en el proceso de adquisición de equipamientos de los Estados miembros. En particular, tiene la posibilidad de intervenir directamente en un Estado miembro sin su consentimiento por simple decisión de la Comisión Europea. Por ejemplo tiene la posibilidad de hacer “operaciones de retorno conjuntas” por su propia iniciativa, [6] siendo el objetivo subcontratar a la agencia de retorno obligado de personas indeseables, al menor coste pero en detrimento del respeto a los derechos humanos.
Migreurop y Statewatch, dos ONG que defienden los derechos de los migrantes, denunciaron una zona gris que rodea a la agencia Frontex, que no permite hacer respetar los derechos humanos fundamentales: una responsabilidad diluida entre la agencia y los Estados, una violación del derecho de asilo y un riesgo de tratamiento inhumano y degradante. La prioridad del rescate en el mar, normalmente reconocido a Frontex, pasa a segundo plano frente al control militarizado. En noviembre de 2014, Italia ilustró dramáticamente esa situación poniendo fin a Mare nostrum, operación de rescate de la marina italiana que salvó decenas de miles de vidas en el mar. Fue reemplazada por la operación Tritón puesta en marcha por Frontex, con un presupuesto tres veces menor, un alcance geográfico más limitado y sobre todo un cambio de perspectiva orientado al refuerzo de las fronteras, en lugar de la misiones de búsqueda y rescate en el mar. [7]
Cuanto más subvenciones tiene Frontex, esta agencia delega más en empresas privadas. Mediante el dinero público que percibe, la agencia se dirige a empresas privadas para la vigilancia aérea y también para la tecnología puntera (drones, aparatos de visión nocturna…). Numerosas multinacionales están dispuestas a asumir los “servicios” que antes eran asumidos por los Estados, y por cuestiones de rentabilidad propia al sector privado, los costes aumentan. El control de las fronteras se ha convertido en un negocio floreciente.
La peligrosidad creciente de los recorridos beneficia a los “pasadores” y a las redes criminales a las que los migrantes se ven obligados de contactar, mientras que esas mismas políticas de flujos migratorios hablan de combatirlas. Aunque hay otros sectores de actividades menos mediatizados que obtienen un provecho financiero mucho más importante de la inmigración irregular, ¡y es tan importante que uno se puede preguntar si no hacen todo para alentarla! Para los que llevan la gestión de los centros de detención para migrantes; las sociedades que aseguran el reparto de las comidas, la seguridad y la limpieza; las empresas que proveen guardias y escoltas a aquellas y aquellos que se expulsa; los fabricantes de armas y la industria aeronáutica; la tecnología puntera para la vigilancia de las fronteras o los subcontratistas para la concesión de visados, la crisis de los migrantes constituye una verdadera ganga, incluso un filón de oro.
Esa proporción nada despreciable de servicios, que antes correspondía exclusivamente al Estado, ahora está gestionada por grandes grupos privados que—principalmente por razones de imagen— se esconden por detrás de innumerables subcontratistas. Esa privatización rampante grava todavía más a las cajas de los poderes públicos, favorece la opacidad y diluye las responsabilidades en caso de incidentes durante las intervenciones, poniendo a los Estados al abrigo de violaciones de la ley que, sin embargo, son frecuentes. [1]
Instrumentalización de la ayuda oficial al desarrollo
La Unión Europea utiliza la financiación de la ayuda oficial al desarrollo (AOD) para controlar los flujos migratorios, como es el caso del Centro de Información y Gestión de Migraciones (CIGEM) inaugurado en Bamako, Mali, en 2008. Es así como el Décimo Fondo Europeo de Desarrollo (FED) financia, en Mauritania, la formación de la policía de fronteras. Para alcanzar los objetivos que ellos mismos se fijaron (destinar el 0,7% del ingreso nacional bruto a la AOD), algunos Estados miembros de la UE contabilizan dentro de esta AOD los gastos que, evidentemente, no lo son. [2] A pesar de las reticencias de los Estados miembros para armonizar sus políticas migratorias internas, logran coordinar su gestión exterior.
¿“Crisis migratoria” o “crisis de acogida”?
En la encrucijada de las rutas entre Europa y Asia, Turquía y Grecia son países de tránsito para numerosos migrantes y refugiados que huyen de los conflictos crónicos y de inestabilidad política y económica del Oriente Próximo. Después de haber abierto sus fronteras en 2015, en un contexto de crisis, la UE se retracta, desprovista de una reflexión a largo plazo sobre su política de acogida.
Y es así como la UE firma con el Gobierno turco, sin una gran oposición por parte del Gobierno de Tsipras, un acuerdo con el objetivo de controlar y filtrar la inmigración. El acuerdo que entró en vigor el 20 de marzo de 2016, prevé retornar a Turquía cualquier nuevo migrante, incluidos refugiados sirios, que llegue a Grecia. Y por cada sirio retornado, la UE reinstalará en Europa otro sirio refugiado en territorio turco. Se podría creer que solo es un mero arreglo contable. Pero no lo es. La relación es claramente desequilibrada. La UE especificó una cuota máxima de 72.000 sirios aceptados en Europa mientras más de un millón han sido expulsados del territorio europeo.
Por esos intercambios deshumanizados, la UE se concede la libertad de elegir sus inmigrantes en función de sus intereses económicos. A cambio, la UE promete a Turquía 6.000 millones de euros, le dice que quiere relanzar las negociaciones sobre la adhesión del país a la Unión y acelera el proceso de liberalización de los visados para los ciudadanos turcos. Además, Ankara se compromete a controlar el flujo migratorio hacia Europa. Como consecuencia, el dinero sirve muchos más a erigir muros que a acoger. Y ya se instalaron los muros, los alambres de púas y los militares en la frontera turco-siria para consolidar la Europa fortaleza.
Aunque se habían concluido otros acuerdos en ese sentido, ninguno había alcanzado esas sumas, ni comportaba esos riesgos. El hecho de que haya sido firmado directamente por la UE marca, también, el comienzo de una nueva era. La institución burócrata negocia ahora en nombre y por encima de sus Estados miembros, sustituyendo a las políticas nacionales en términos de relaciones exteriores.
Con este acuerdo, la UE se jacta de respetar el derecho internacional. Sin embargo, tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos como la Convención de Ginebra sobre los refugiados estipulan que solo puede efectuarse la expulsión hacia un país considerado seguro. Es evidente que no podemos considerar, en conciencia y a pesar de la firma del acuerdo, a Turquía como un país seguro y de buena acogida para los migrantes. El presidente Erdogan comenzó, efectivamente, una purga sin precedentes y se reveló aún más represivo contra sus oponentes políticos, desde que sabe que Europa es dependiente y conciliadora. Y no es suficiente fustigar al Gobierno turco. Dentro de la misma Europa, se erigen muros y las políticas autoritarias y xenófobas vuelven a la superficie.
Privatización de la “gestión” de las migraciones
La gestión que se hace ahora de la inmigración grava a la recaudación del Estado para, en definitiva, beneficiar a las sociedades privadas y a sus accionistas a expensas de la satisfacción de los servicios públicos esenciales de las correspondientes poblaciones. El lobbying de esas sociedades se enmarca en una escalada militarista que beneficia a las grandes empresas de ese sector. En lugar de invertir en una infraestructuras de acogida digna y en la gestión de los conflictos, de los que los países industrializados son en gran parte responsables, la orientación política de nuestros dirigentes propugna el aumento de los presupuestos ligados a la seguridad y a la policía de fronteras.
Los flujos migratorios constituyen no solo una fuente de ingresos para los “pasadores”, sino que también, y en proporciones mucho más importantes, un jugoso negocio para las grandes empresas que recordemos, se organizan para pagar lo menos posible de impuestos sobre sus beneficios pero aumentan los dividendos de sus accionistas. El mercado de la seguridad de las fronteras, calculado en unos 15.000 millones de euros en 2015, está en pleno crecimiento y debería aumentar a más de 29.000 millones de euros por año en 2022. [3]
En un contexto de una crisis migratoria aguda, de controles exacerbados, de detenciones y deportaciones en aumento, una multitud de sociedades privadas se encontraron con un nicho de actividades muy provechoso para amasar grandes beneficios.
En concreto, cada vez más sociedades privadas se benefician de la subcontratación de la expedición de visados (un mercado dominado por las empresas VFS Y TLS Contact), y facturan a las administraciones públicas la recogida de datos personales, la toma de huellas digitales, las fotos digitalizadas… Como podíamos esperar, el recurso a la empresa privada hace aumentar el precio de los visados, y este aumento de coste es soportado por los demandantes. Pero las demandas introducidas para obtener un visado o permiso de residencia no están al alcance de todo el mundo, y muchos se encuentran apátridas o sin papeles, indeseables a la vista de la ley.
La gestión de los centros de detención para migrantes donde se interna a los sin papeles en espera de una expulsión es, también, subcontratada con empresas privadas. Esa transferencia hacia la esfera privada refuerza el monopolio de tres o cuatro multinacionales que, a escala mundial, se reparten el mercado de la detención. Así es como, casi la mitad de los 11 centros para migrantes del Reino Unido son gestionados por grupos privados. Esas empresas tienen todo el interés en aumentar la duración de la encarcelación y hacen lobbying en ese sentido, con buenos resultados. Por lo tanto, las sociedades de seguridad privadas prosperan a medida que el número de migrantes aumenta. [4] Además, el alojamiento de urgencia se convirtió en un sector lucrativo para las sociedades privadas que perciben fondos de algunos Estados como Italia, a expensas de las asociaciones humanitarias que tradicionalmente toman a su cargo los refugiados.
En Bélgica, entre 2008 y 2012, el presupuesto dedicado a las repatriaciones forzadas —los gastos del viaje de retorno, sin contar con el tiempo pasado en un centro cerrado, de casi 8.000 detenidos cada año— pasó de 5,8 millones de euros a 8,07 millones de euros. [5]
La sociedad francesa Sodexo consideró las detenciones de los migrantes como una oportunidad de extensión de sus actividades en las prisiones. El imperio francés del cemento y de los medios de comunicación Bouygues está encargado de la construcción de los centros de detención para migrantes en el marco de los contratos de partenariado público-privado (PPP) [6] y la empresa de limpieza Onet propone sus servicios.
En el Reino Unido, las multinacionales de la seguridad tales como G4S (antiguo Grupo 4 Securitor), [7] Serco o Geo, están en auge gracias al boom de las privatizaciones. En Estados Unidos, CCA y GEO son las principales empresas que conciben, construyen, financian y explotan los centros de detención y Sodexho Marrito es el primer proveedor de los servicios de alimentación de esos establecimientos.
Algunas sociedades aprovechan incluso para hacer trabajar a los detenidos en espera de su expulsión. Por ejemplo, en el centro de Yarl’s Word, gestionado por la empresa Serco en el Reino Unido, el servicio de cantina o de limpieza de los locales es efectuado por mujeres detenidas por una remuneración 23 veces menor que el salario en el exterior para ese tipo de tarea (50 peniques la hora en 2011 o sea 58 céntimos de euro). El grupo GEO, que en 2003 obtuvo la gestión del campo de Guantánamo, “ofrece” a sus ocupantes en los centros Harmondsworth, cerca del aeropuerto de Heathrow y de Dungavel en Escocia, “oportunidades de trabajo remunerado” para servicios que van de la pintura a la limpieza. [8] Esas empresas no escatiman la oportunidad de explotar una mano de obra muy barata y sin derechos.
La inmigración da más beneficios que costes
Algunos inmigrantes que finalmente logran llegar a su destino, se tienen que poner a buscar trabajo y el país de acogida aprovecha una mano de obra barata de la que, además, se ahorra los gastos de formación ya asumidos por el país de origen. [9] Esa mano de obra, flexible y explotable a voluntad, llena una necesidad que las economías de los países industrializados no pueden pasar fácilmente.
Lejos de constituir una amenaza y contrariamente a una idea falsa, las migraciones generalmente tienen un efecto positivo sobre las economías del país de acogida. En el plano puramente económico, según la OCDE, un inmigrado aporta, de media, 3.500 euros de ingresos fiscales anuales al país que lo acoge. [10] Los sin papeles que trabajan tienen recibos de pago, con frecuencia a nombre de terceras personas y por lo tanto cotizan a una cobertura social de la que no pueden beneficiarse.
En definitiva, se instala la duda en cuanto a los resultados esperados de semejante estrategia de gestión del flujo de desplazamientos humanos. La política antimigratoria establecida mata, y Europa cuenta los muertos pero continúa levantando sus muros. Sin embargo, las migraciones no son un problema, una plaga contra la que hay que luchar. Las migraciones son la consecuencia de conflictos, persecuciones, catástrofes ambientales, injusticias sociales y económicas en el mundo. Y son esas las causas que hay que combatir, si queremos tener una política migratoria realmente humana y justa.
Notas
[1] El artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: 1. Cualquier persona tiene el derecho de circular libremente y de elegir su residencia en el interior de un Estado. 2. Cualquier persona tiene el derecho de abandonar cualquier país, incluso el propio, y de volver a su país.
[2] En el año 2016, han muerto, de media, 14 personas al día en el Mediterráneo, tratando de alcanzar el continente europeo, según la ONU. « 5.000 muertos en naufragios en 2016, en el Mediterráneo ». El País, 23 de diciembre de 2016.
[3] En efecto, estos centros cerrados no sirven para retener un flujo de inmigrantes («retención») pero son verdaderas prisiones, en las que las condiciones de detención son incluso peores que las de las prisiones de derecho común. Por ello, hemos elegido libremente hablar de centros de detención y no de retención que es el término generalmente empleado. En el Estado español: «Un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) es un establecimiento público de carácter no penitenciario donde se retiene de manera cautelar y preventiva a extranjeros sometidos a expediente de expulsión del territorio nacional.» Wikipedia. Pero de hecho el trato no se corresponde con la definición y las condiciones pueden ser peores que en una cárcel común.
[4] Olivier Petitjean, «La détention des migrants, un business en pleine expansion», multinationales.org, 11 de enero de 2017. http://multinationales.org/La-detention-des-migrants-un-business-en-pleine-expansion
[5] « En el marco del establecimiento de los acuerdos de readmisión, Frontex puede organizar vuelos de retorno conjuntos financiados en parte o en todo por la agencia. Un Estado miembro que desea devolver varios inmigrantes de una misma nacionalidad informa primero a Frontex del número de plazas disponibles en el avión. Frontex se encarga luego de informar a todos los otros países miembros, y de coordinar el vuelo, si se tercia, para que haga etapas en los diferentes países. Esos vuelos se semejan a expulsiones colectivas prohibidas por el artículo 4 del Protocolo 4 de la Convención europea de los derechos humanos ». Manuel de formation-campagne Frontexit. (en francés).
[6] Véase la página 14 del informe de Mark Akkerman, Centre Delàs – Stop Wapenhandel – TNI, Guerras de frontera. Los fabricantes y vendedores de armas que se benefician de la tragedia de los refugiados en Europa, mayo de 2016.
[7] La construcción europea al servicio de los mercados financieros, Fátima Martín y Jérôme Duval, Icaria Editorial, Barcelona, 2016.
[1] En 2008, el informe Medical Justice and the National Coalition of Anti-deportation Campaigns de Birnberg Peirce & Partners hizo publicó la utilización excesiva de la fuerza y los comportamientos racistas durante las devoluciones forzadas de demandantes de asilo en sus países, por escoltas privados a los que el gobierno británico delega la organización de las expulsiones.
[2] Jérôme Duval, «La ayuda oficial al desarrollo en las antípodas de la solidaridad», CADTM, 2017.
[3] Op. Cit., «Guerras de frontera. Los fabricantes y vendedores de armas que se benefician de la tragedia de los refugiados en Europa», mayo 2016.
[4] «Les sociétés de sécurité privées prospèrent à mesure que le nombre de migrants augmente», 12 de marzo de 2014. http://www.irinnews.org/fr/report/99784/les-soci%C3%A9t%C3%A9s-de-s%C3%A9curit%C3%A9-priv%C3%A9es-prosp%C3%A8rent-%C3%A0-mesure-que-le-nombre-de-migrants-augmente
[5] Amnistía Internacional – Bélgica, «Semira Adamu, 15 ans après…», 18 de noviembre de 2013. https://www.amnesty.be/je-veux-m-informer/notre-magazine-le-fil/le-fil-23-novembre-decembre-2013/article/semira-adamu-15-ans-apres-21914?lang=fr
[6] Bouygues también construyó la prisión de Mont-de-Marsan, inaugurada el 20 de noviembre de 2008. Tres semanas después de su apertura, ese centro penitenciario se quedó a oscuras debido a corte general de electricidad, que condujo a evacuar a los 87 detenidos de esa prisión. La cárcel había sido entregada en tiempo récord para evitar fuertes penalizaciones financieras en caso de retraso en la entrega. David Dufresne, «Le juteux business des prisons», 23 de noviembre de 2010. http://owni.fr/2010/11/23/interview-le-juteux-business-des-prisons/
[7] Jérôme Duval, «G4S : cuando la empresa privada vela por tu seguridad», CADTM, 19 de mayo de 2017.
[8] Claire Rodier, Xénophobie business, à quoi servent les contrôles migratoires?, La Découverte, 2012, pp. 25-26.
[9] De la misma manera, los países del centro de Europa como Alemania, por ejemplo, aprovechan la llegada de miles de estudiantes cualificados al mercado de trabajo, que huyen de la crisis de los países de la periferia europea, sin haber invertido en su formación. Y lo mismo pasa con los trabajadores que provienen de los países del Sur.
[10] CNCD 2017, Assises Citoyennes des Migrations: Vers la Justice migratoire. http://www.cncd.be/IMG/pdf/appeljusticemigratoireassisesfinal.pdf
Autor
Jérôme Duval es miembro del CADTM, Comité para la abolición de las deudas ilegítimas (www.cadtm.org) y de la PACD, la Plataforma de Auditoría Ciudadana de la Deuda en el Estado español (http://auditoriaciudadana.net/). Es autor junto con Fátima Martín del libro Construcción europea al servicio de los mercados financieros, Icaria editorial 2016 y es también coautor del libro La Deuda o la vida, (Icaria, 2011), libro colectivo coordinado por Damien Millet y Eric Toussaint, que ha recibido el Premio al libro político en Lieja, Bélgica, en 2011.
