El Movimiento Internacional de Pueblos Indígenas para la Autoidentificación y Liberación (IPMSDL) condena enérgicamente al gobierno de Bangladesh por la guerra contra las drogas. Más de 130 presuntos «delincuentes de la droga» han sido asesinados y al menos 13.000 fueron arrestados por las fuerzas de seguridad de Bangladesh en operaciones nacionales de drogas, como parte de la política de cero tolerancia del gobierno contra las drogas ilícitas recién en mayo de 2018.
Este escenario es similar a lo que está sucediendo en otros países de la región, particularmente en Filipinas, Camboya e Indonesia. La insistencia de estos gobiernos en la guerra contra las drogas ha costado miles de vidas inocentes, mientras que muchas más personas todavía están en riesgo, especialmente los defensores y activistas de derechos humanos / trenzado. Esta supuesta guerra contra las drogas también se utiliza para cubrir los asesinatos políticos y extrajudiciales dirigidas a activistas que son agricultores, trabajadores e indígenas que defienden sus derechos.
La guerra contra las drogas no es un intento real de abordar el problema de las drogas. Promueve la violación desenfrenada de los derechos humanos a través de exterminio y detenciones arbitrarias unilaterales, en lugar de invertir en los servicios de salud públicos y la rehabilitación o, mejor aún, en lugar de abordar las raíces de la adicción a las drogas y el malestar social, la mejora de la calidad y la accesibilidad de factores sociales servicios y permitir el desarrollo del bienestar general de los pueblos.
El IPMSDL pide justicia para todas las víctimas de homicidios sistemáticos y exige que los autores de estas atrocidades sean llevados ante la justicia. También expresamos el llamado de las organizaciones de la sociedad civil en una declaración lanzada por el IDPC y la Red Asiática de Personas que Utilizan Sustancias: «Permanezcamos atentos en otros países que nos muestran señales de adoptar tales políticas represivas y comenzar un diálogo constructivo e inclusivo en una etapa temprana para prevenir nuevas violaciones de los derechos humanos en nombre del control de drogas».
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Fuente: Consorcio Internacional de Política de Drogas
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