Los paneles solares pronto podrán cubrir millones de tejados en toda Europa, lo que permitirá a los ciudadanos participar activamente en la transición hacia un sistema de energía renovable, gracias al acuerdo alcanzado ayer en la Unión Europea.

Los gobiernos europeos, sin embargo, han frenado los esfuerzos del Parlamento para aumentar el peso de las renovables en el sistema energético europeo mediante la actualización de los objetivos de crecimiento de las fuentes limpias en 2023 y el rechazo de importantes salvaguardias contra los efectos nocivos de las bionergías y los biocombustibles.

«Este acuerdo reconoce por primera vez el derecho de los ciudadanos a participar en la revolución energética en Europa y rompe algunas de las principales barreras que frenan la lucha contra el cambio climático. Esto da a las personas y a las comunidades un mayor control sobre la energía que utilizan, permitiéndoles participar en el crecimiento de las energías renovables y desafiar a los gigantes de la energía en todo el continente. Sin embargo, el objetivo de crecimiento de las energías renovables del 32% es demasiado bajo y permite que las grandes empresas energéticas permanezcan ancladas en los combustibles fósiles o en tecnologías que han demostrado ser falsas soluciones al cambio climático», afirma Sebastian Mang, consultor de energía de Greenpeace UE.

El acuerdo entre el Parlamento Europeo y los gobiernos europeos garantiza a los ciudadanos de la UE, las autoridades locales, los pequeños empresarios y las cooperativas el derecho a producir, consumir, almacenar y vender energía renovable de producción propia, sin estar sujeto a sanciones fiscales ni a cargas burocráticas excesivas. El acuerdo prohíbe las sanciones que algunos países han introducido para impedir que sus ciudadanos participen en la transición energética. En Rumanía, por ejemplo, a los ciudadanos que quieren vender su energía en Internet se les exige que creen una empresa y cumplan unos requisitos fiscales específicos. En España, el «impuesto solar» impide la producción generalizada de energía renovable a través de un sistema de tarifas onerosas y obstáculos burocráticos. El fin de estas medidas vejatorias fue una de las exigencias centrales del Parlamento Europeo en las negociaciones con los Estados miembros.

Por primera vez, la legislación europea reconoce el papel de las cooperativas energéticas en la transición energética, facilitando a los ciudadanos la realización de sus proyectos de energías renovables y garantizándoles la protección contra el dominio de los mercados por parte de las grandes empresas. Como mostró un estudio reciente, los proyectos dirigidos por cooperativas de energía proporcionan a las economías locales ocho veces más ingresos que proyectos similares dirigidos por una gran empresa de servicios públicos.

Para Greenpeace, el objetivo de crecimiento mínimo del 32 % de energía renovable para 2030 es inadecuado para prevenir los efectos perjudiciales del cambio climático. El acuerdo de ayer también permitirá que los países y las compañías continúen clasificando una parte de la bioenergía insostenible como renovable, allanando el camino para la tala de otros árboles y la deforestación de los bosques tropicales para la producción de biocombustibles que alimentarán las centrales eléctricas, las plantas industriales y los automóviles. Los negociadores acordaron congelar a los niveles actuales el uso de biocarburantes que causan el mayor daño a la biodiversidad, como el aceite de palma, y eliminar gradualmente su uso para 2030, poniendo fin a la actual obligación de los Estados miembros de la UE de incluir los biocarburantes obtenidos a partir de cultivos en su combinación energética para el sector del transporte.