El acoso a la organización barrial Tupac Amaru, en la provincia argentina de Jujuy, sigue sumando capítulos de arbitrariedades. A las detenciones ilegales de varios integrantes de la organización, ahora se suma el allanamiento y usurpación de la sede central tupaquera en el centro de la capital jujeña, San Salvador.
La dirigente Milagro Sala, desde su detención domiciliaria repudió el accionar policial y de la justicia provincial, además de denunciar que el operativo policial se realizó sin orden judicial y por un emisario del gobernador, Gerardo Morales.
“Se quieren apropiar de todo lo que tiene la Tupac. José Luis Estrada es el hombre que designó Morales para actuar con su patota policial y amedrentar a todos los compañeros”, dijo vía telefónica con medios de la capital argentina, Sala.
Estrada fue designado como interventor de la Tupac Amaru y además de expulsar a las personas que estaban en el edificio, se llevaron el tomógrafo que compró la institución y que sigue siendo el único de la provincia.
“El tomógrafo funcionaba para todos los afiliados y cualquier persona que lo necesitara por un bono de tres pesos (unos 15 centavos de dólar). Se llevaron todos los equipos para hacer radiografías y ecografías, todo se compró con mucho sacrificio, no hay argumentos para llevárselos. El juez Pullen Llermanos se caracteriza por ser un apropiador, no le importa nada”, sostuvo Sala en declaraciones a la radio La Patriada.
“Nos pueden sacar todo pero lo que no nos pueden sacar es la dignidad y las ganas de trabajar”, aseguró la dirigente y acusó al gobernador Morales de seguir “reinaugurando las obras de la Tupac Amaru”.
La persecución judicial contra la organización social que fuera la más grande de la Argentina, continúa por el control que mantiene del poder judicial el gobierno de la provincia.
