Tras la adopción por una amplia mayoría en el Parlamento húngaro de un paquete de leyes punitivas, entre las que se incluye una que criminaliza el trabajo migrante legítimo por parte de activistas y organizaciones no gubernamentales, el director para Europa de Amnistía Internacional, Gauri van Gulik, emitió esta declaración:
«Observamos con amarga ironía que, en el Día Mundial de los Refugiados, Hungría ha aprobado hoy una ley dirigida a las personas y organizaciones de migrantes, solicitantes de asilo y refugiados.»
«Criminalizar el trabajo fundamental y legítimo en materia de derechos humanos es un claro ataque contra las personas que buscan refugio de la persecución y contra aquellos que llevan a cabo actividades admirables para ayudarles. Hoy se ha alcanzado un nuevo punto bajo en la creciente represión contra la sociedad civil.»
«Resistiremos paso a paso, contrarrestando la creciente ola de intolerancia institucional contra los inmigrantes, los solicitantes de asilo y los refugiados y el intento de estigmatizar, intimidar y asustar a las organizaciones de la sociedad civil húngara.»
«La acción indomable de las organizaciones de derechos humanos en Hungría es más vital que nunca y estamos comprometidos a apoyarlas.»
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En la votación de hoy en el Parlamento de Budapest, Amnistía Internacional publicó un documento titulado «Hungría: las nuevas leyes que violan los derechos humanos, amenazan a la sociedad civil y socavan el estado de derecho deben dejarse de lado».
El paquete de leyes adoptado hoy tipifica como delito una serie de actividades legítimas en favor de los inmigrantes, los solicitantes de asilo y los refugiados protegidos por la legislación internacional sobre derechos humanos y la legislación de la UE. Aquellos que rompan las nuevas reglas corren el riesgo de ser encarcelados hasta un año.
Entre las normas adoptadas se encuentra la llamada «VII Enmienda» a la Constitución, que asesta otro golpe a los derechos humanos y al estado de derecho. El texto prohíbe el reasentamiento de poblaciones extranjeras en territorio húngaro, restringe el desarrollo de protestas pacíficas, socava la independencia del poder judicial, introduce el delito de las personas sin hogar y hace un llamamiento a las autoridades estatales para que protejan la «cultura cristiana» de Hungría.
En conjunto, estos cambios en la legislación húngara suponen una grave amenaza para el derecho a solicitar asilo, la libertad de circulación, la libertad de expresión y manifestación y el derecho a no ser discriminado.
