La denuncia publicada por Amnistía Internacional el 28 de marzo era clara: las actividades de la empresa minera china Haiyu corrían peligro de hundir en el Océano Índico a toda la aldea de Nagonha, en la costa oriental de Madagascar, habitada por más de 1.000 personas.
En 2015, una inundación ya había destruido 48 viviendas y dejado sin hogar a 290 habitantes.
El 30 de mayo, el gobierno malgache decidió suspender las actividades de Haiyu.
Este es un importante paso adelante para los derechos de la población local y contra una empresa irresponsable que nunca había llevado a cabo una evaluación de impacto ambiental de sus actividades, ni lo había hecho -como lo exige el derecho internacional- consultando a las comunidades afectadas.
