Tomaso Ferrando, University of Bristol para The Conversation

El huracán Irma pasó directamente sobre la pequeña isla del Caribe en septiembre de 2017. Irma fue el quinto huracán más fuerte que se ha registrado en el Atlántico, y alcanzó su máxima intensidad justo antes de llegar a tierra, cuando los vientos de 295 km/h destruyeron todas las construcciones en la isla, arrasando con muchas de ellas.

Apenas unos días después, un huracán relativamente “normal”, José, pasó también por Barbuda. Para ese momento, casi todos los 1 600 habitantes de la isla, así como los turistas habían sido evacuados y llevados a Antigua.

Sin embargo, el primer ministro de Antigua y Barbuda (las dos islas conforman un solo estado soberano), Gaston Browne, reaccionó de forma inusual ante la catástrofe. Su primera respuesta legislativa no fue presentar un plan de reconstrucción o proveer los fondos para viviendas y servicios básicos, sino que se enfocó en la reforma agraria.

La propuesta de Ley de Administración de Tierras de Barbuda (Enmieda), anunciada por el primer ministro inmediatamente después de los huracanes y que aún está siendo debatida en el parlamento, pretende introducir los derechos de propiedad individual en la isla por primera vez desde que fue colonizada por los ingleses en el siglo XVII.

El sistema de propiedad comunal de la tierra de Barbuda ha sido implementado desde la abolición de la esclavitud en 1834. Los ciudadanos no son propietarios de la tierra, pero tienen derecho a usarla después de solicitarla ante un consejo elegido localmente. Como dijo un miembro del consejo: “Un limpiador puede solicitar una propiedad frente a la playa del mismo modo que puede hacerlo un médico, así que no hay mucha desigualdad en Barbuda”. Los contratos de alquiler son posibles con la aprobación del gabinete y el consentimiento de la mayoría de la gente, pero lo más importante es que cada persona de Barbuda tenga derecho a un terreno para una casa, uno para cultivar y otro para una empresa comercial.

Este argumento no ha estado exento de tensiones, pero muchos lo han descrito como igualitario y justo. Sin embargo, el gobierno lo ha visto como un obstáculo para los créditos o la inversión extranjera. Parece que el primer ministro ha asimilado la idea, relacionada con el influyente economista peruano Hernando de Soto, de que la los derechos de propiedad y la inversión extranjera son los factores clave del crecimiento de las economías desarrolladas. De acuerdo con esta visión del mundo, la reconstrucción y el desarrollo de la isla solo puede lograrse con la intervención del mercado, pero los bancos y los inversores no se mostrarán interesados sin la garantía de un título de propiedad claramente identificable.

Por lo tanto, el gobierno quiere imponer un régimen de propiedad estandarizado y uniforme. Ve a los derechos de propiedad, la propiedad individual y la inversión extranjera como oportunidades que no han sido exploradas y que se deben ofrecer a residentes y extranjeros para transformar la tierra de Barbuda en un activo del mercado financiero global. De esta manera, se olvida por completo el dinero público para la reconstrucción, las responsabilidades de los países contaminantes que son responsables del cambio climático y el derecho de las personas a ser compensados por las deudas ecológicas e históricas. Bajo esta concepción, el futuro de la isla depende de las deudas individuales y los turistas ricos.

Huracán Irma.

Aprovechándose de una crisis

En todo el mundo, la idea de despertar el capital dormido a través de la reforma agraria y la privatización ha consolidado la inequidad, y la tierra se ha concentrado cada vez en menos manos, incluso en lugares que no han sido afectados por catástrofes o el cambio climático. Así que el establecimiento de esta medida en una situación como la de Barbuda plantea más problemas.

Por ejemplo, algunas personas en la isla han acusado al gobierno de aprovechar los desastres causados por huracanes para implementar una doctrina del shock para favorecer a las élites locales e internacionales. El sistema actual es igualitario, afirman, mientras que el mercado de la propiedad inevitablemente dará lugar a la gentrificación y separará a la comunidad. Un ejemplo muy conocido serían los patrocinadores de la propuesta de un resort de lujo, incluyendo el actor Robert De Niro, que han sido acusados de explotar el caos posterior al huracán para llevar a cabo un “acaparamiento de tierras”.

Otros lugareños han planteado la cuestión de la legitimidad: la reforma se está implementando sin una consulta adecuada y mientras la mayoría de la gente ni siquiera vive en la isla. Esto puede hacer que sea más difícil para ellos reclamar tierras o incluso un mero reembolso económico.

Barbuda, dos meses después del huracán, con lonas azules cubriendo varios tejados. ¿Momento para una reforma agraria?

Chris Jackson/PA

¿Entonces quiénes se beneficiarán? Para empezar, los bancos. Estudios empíricos de diferentes países han demostrados que la titularización de la tierra no garantiza el acceso a un crédito, la gente puede terminar siendo “dueña” de la tierra solo para descubrir que inmediatamente pasa a ser propiedad de un banco o de autoridades públicas.

Es probable que los propios habitantes de Barbuda sean exprimidos por un creciente apetito por su tierra y privados de un control real. En el mejor de los casos, la reforma seguirá significando una distribución muy desigual, con las élites concentrándose en las mejores playas y barrios marginales surgiendo en otros lugares. En el peor de los casos, la reforma agraria de Barbuda podría tener como consecuencia que la isla sea casi en su totalidad propiedad de los bancos.

Bienes comunes a la mercancía

La situación es lo que por lo general sucede cuando la tierra se transforma de un bien común en propiedad privada. Una vez que la tierra de Barbuda se convierta en una mercancía mundial, de la que puedan disfrutar turistas, pero sobre todo los inversores detrás de los resorts, esos inversores exigirán acceso sin restricciones, barato y formalizado en sus tierras.

¿Y qué hay de los derechos informales, las tradiciones, las consultas obligatorias y el vínculo entre un pueblo y la isla? Algunos los verán como obstáculos para maximizar el rendimiento de sus inversiones. Desafortunadamente, estos mismos obstáculos son exactamente lo que permitió a los Barbudans construir una sociedad única donde el acceso a la tierra para la vivienda y la agricultura es un derecho, no un privilegio.

Tomaso Ferrando, profesor de Derecho de la Universidad de Bristol

 

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Leer el artículo original.

Traducido del inglés por Valeria Torres