Nos enfureció la noticia de la muerte de otro sacerdote, el P. Richmond V. Nilo, párroco de la parroquia de San Vicente Ferrer en Zaragoza, Nueva Écija. Según se informa, dos hombres armados no identificados le dispararon a través de la ventana de la iglesia mientras se preparaba para la misa dominical. El P. Nilo es el tercer sacerdote que muere bajo esta administración en tan sólo 6 meses. Primero fue el P. Marcelito Páez en diciembre de 2017, el P. Mark Ventura en abril de 2018 y este junio de 2018, el P. Richmond Nilo.
Expresamos nuestra indignación por esta serie de muertes de nuestros pastores y líderes eclesiásticos, al igual que condenamos enérgicamente el enorme y cada vez mayor número de asesinatos bajo el gobierno de Duterte. Sus repetidos pronunciamientos públicos que hacen caso omiso del imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos y los recientes ataques contra las enseñanzas de la fe cristiana promueven esta cultura de violencia y fomentan los asesinatos, incluso de religiosos o clérigos.
Este gobierno personificado por el Presidente es, al parecer, cruel y carente de conciencia. Es intolerante con la crítica y silencia el disenso para lograr lo que quiere arbitrariamente y de acuerdo con la voluntad del Presidente en este momento. Ha atacado a personas y a todas las instituciones democráticas que representan la voz de la oposición, que exigen justicia y denuncian la violencia cometida contra el sector más indefenso de la sociedad.
No tiene oídos para escuchar el grito de su gente, y ha optado por ser despiadadamente ciego y sordo a las necesidades de los ciudadanos, evidenciado claramente por el impacto de la ley del TREN, su promesa incumplida de ‘No a Endo’ (End-of-contract), su falta de protección para nuestros pescadores en Scarborough Shoal y su cobardía para defender nuestros derechos soberanos de los intrusos chinos.
Somos una red de cooperantes, defensores del medio ambiente y defensores de los derechos humanos. Lamentamos que nuestros líderes declarados, los que votamos para que nos representen, también sean parte de estos crímenes contra el pueblo filipino. Su apoyo público o su falta de acción y silencio condonan esta situación censurable. Condenamos en el sentido más enérgico todas las formas de asesinato que se están perpetrando bajo este gobierno, su desprecio por el Estado de derecho y el debido proceso, y su falta de respeto por la vida.
Asimismo, como una red de desarrollo basada en la fe, estamos siendo desafiados a hablar en contra de estos ataques contra nuestros pastores y nuestra fe. La declaración universal de los derechos humanos y nuestra constitución filipina han previsto la libertad de creer y practicar la religión. Nunca en la historia reciente hemos tenido un Presidente que ataque el principio de nuestras creencias religiosas en su intento de silenciar a la iglesia para que no diga la verdad a favor de aquellos cuyos derechos son violados por este gobierno.
Exigimos justicia por la muerte de nuestros pastores y de todos los que murieron en la guerra contra las drogas de este gobierno. Su derecho a la vida y al debido proceso son violados. El gobierno y todos los instrumentos involucrados deben rendir cuentas de todas estas violaciones de derechos. Nadie debe estar por encima de la ley, incluido el Presidente de Filipinas.
Traducido del inglés por María Cristina Sánchez