Hungría, gobernada por la derecha racista de Viktor Orban, siempre se ha distinguido por su política antiinmigrante (basta pensar en la barrera de alambre de púas construida en 2015 en la frontera con Serbia), y ahora también están siendo duramente castigados quienes se oponen a ella. De hecho, el gobierno ha presentado un proyecto de ley que prevé hasta un año de prisión para quienes ofrezcan alimentos, asesoramiento jurídico y asistencia a los inmigrantes irregulares que solicitan asilo en el país y amenaza con prohibir a las ONG activas en este campo, tachándolas de «agentes extranjeros». El proyecto de ley también incluye una enmienda a la Constitución para impedir que los países europeos devuelvan al país a los migrantes y solicitantes de asilo.
A pesar de su dureza, la iniciativa del Gobierno húngaro no está aislada y podría incluso servir de modelo para sus admiradores locales, Salvini a la cabeza. Otros países «fronterizos», como Italia, Grecia, España y Francia, se han comprometido desde hace mucho tiempo a una verdadera criminalización de la solidaridad, a pesar de que los métodos utilizados hasta ahora son menos llamativos y «vergonzosos» que los previstos en el proyecto de ley húngaro.
Las detenciones y los callejones de los activistas, las campañas de denigración contra las ONG e incluso los secuestros de barcos están ahora a la orden del día en el Mediterráneo central, en las islas griegas y en las fronteras entre Italia, Francia y Austria. El plan es claro: criminalizar a los que practican la solidaridad y ayudan incluso con grandes riesgos personales, disuadir a otros de seguir su ejemplo, eliminar a los testigos incómodos y hacer su trabajo cada vez más difícil. Todo esto para defender las fronteras de la Fortaleza Europa de una supuesta invasión, pisoteando los derechos consagrados, al menos en teoría, en constituciones, convenciones y tratados.
Mientras reitera constantemente su distancia de la Unión Europea, La Hungría de Orban simplemente marca un paso adelante en una política despiadada hacia aquellos que huyen de la guerra y la pobreza (basta con mencionar los acuerdos con Turquía y Libia, que han reducido los desembarcos en Italia y Grecia, creando unas condiciones de retraso aterradoras y más allá de cualquier control humanitario).
Sólo cabe esperar que también en Hungría haya asociaciones e individuos decididos a seguir defendiendo los derechos humanos contra todas las tendencias represivas y racistas.
