Gwen Burnyeat, UCL, para The Conversation

En el plebiscito de paz colombiano de 2016, el 50.2% de los votantes rechazó los Acuerdos de La Habana firmados entre el gobierno y el movimiento guerrillero de las FARC. Esto lo hicieron después de una campaña sensacionalista del “No” que explotó la falta de una opinión pública informada, utilizando «hechos» cuestionables para avivar el miedo y el odio, entre ellos «Santos está entregando el país a las FARC» o la idea de que el acuerdo de paz crearía una «ideología de género» que enseñaría la homosexualidad en las escuelas.

En última instancia, el Consejo de Estado de Colombia determinó que muchas de las afirmaciones de la campaña del “No” constituían un «engaño generalizado», a pesar de que al gobierno se le había exigido formalmente que aclarara lo más posible los términos del referéndum.

En el período previo a la votación, la sociedad colombiana, especialmente la sociedad civil organizada, como las organizaciones de derechos humanos, las universidades y las comunidades locales, pidieron urgentemente al Estado que difundiera y explicara los acuerdos para que la gente pudiera votar de manera informada. Esta exigencia fue incluso consagrada por la Corte Constitucional, que dictaminó que el Estado tenía «el deber de informar a los ciudadanos de manera objetiva, imparcial y suficiente sobre la cuestión de la que iban a decidir», con el fin de defender «el derecho a la información».

Educar a un electorado sobre un proceso de paz complejo nunca va a ser fácil. Sin embargo, a partir de 2014, el gobierno comenzó a difundir y explicar los Acuerdos de La Habana. El trabajo fue recogido por organizaciones sociales, académicos, periodistas, organizaciones internacionales y entidades estatales, en particular la  Oficina Presidencial del Alto Comisionado para la Paz (OACP). La OACP creó un llamado «equipo de pedagogía» que recorrió el país explicando el acuerdo. Se reunieron con militares, funcionarios, empresarios, comunidades rurales y organizaciones sociales.

Pero el trabajo del equipo resultó ser en vano. Al final, la participación fue baja, y Colombia votó por el “No”. Después del inesperado resultado, la OACP trató de analizar en qué se había equivocado y, al reflexionar, muchos de sus trabajadores creyeron que lo habían hecho de una manera totalmente equivocada.

Otra manera

En palabras de uno de los miembros de la OACP con el que he estado haciendo trabajo de campo etnográfico durante el último año: «La sociedad necesita sentir seguridad, tranquilidad y confianza», pero «estábamos comunicando cosas técnicas». Como otro señaló, el acuerdo, tal como está escrito, es «como un ladrillo» – un tomo de 310 páginas cuya complejidad técnica lo hace prácticamente ilegible para la mayoría de la gente común.

Para mantener el trabajo en marcha, se crearon después de la votación varios proyectos que buscan comunicar el proceso de paz de una manera que involucre las emociones de las personas. La premisa es que la implementación de los acuerdos (que fueron renegociados después del plebiscito y ratificados por el Congreso) es sólo un punto de partida, y que el proceso de paz no puede tener éxito a menos que la sociedad colombiana lo respalde.

Un proyecto, llamado «In Thou I Trust» (En quien confío), está tratando de crear nuevas narrativas que promuevan mentalidades a favor de la paz para contrarrestar los eslóganes «post-verdad» de la campaña del “No”, muchos de los cuales siguen circulando. Estas narrativas se generan en talleres entre la OACP y grupos regionales de la sociedad civil que representan a personas cuyas voces han sido silenciadas durante mucho tiempo. Como me explicó un miembro del equipo: «Las FARC entregaron sus armas y nadie celebró el fin de 50 años de guerra. Tenemos que cambiar eso, y tenemos que hacerlo con las voces de los ciudadanos de las regiones».

Todo esto suena muy esperanzador, pero hay grandes desafíos que superar. El más obvio es la próxima elección presidencial 2018, donde el futuro del proceso de paz se ha convertido en uno de los temas más polarizantes. Pero a un nivel más profundo, el gobierno de Santos que negoció el acuerdo de paz nunca ha pensado seriamente en las complejas maneras en que los colombianos perciben al Estado. En su lugar, el gobierno ha subestimado la magnitud de la tarea.

Déficit de confianza

El Acuerdo de La Habana incluye 70 mecanismos diferentes diseñados para involucrar a los ciudadanos en la implementación del proceso de paz, lo que necesariamente significaría trabajar con y a través del Estado. Pero eso será casi imposible a menos que el Estado pueda cambiar la forma en que muchos colombianos lo perciben actualmente.

Como varios antropólogos han detallado, varios grupos en Colombia sienten emociones profundamente mezcladas sobre el Estado. Quieren que «esté presente» e implemente promesas de derechos y ciudadanía, pero al mismo tiempo están enfadados por una historia de violencia estatal directa y «abandono». Quieren que el Estado repare sus fechorías pasadas, pero también creen que nunca lo hará.

En muchos sentidos, el proceso de paz tiene menos que ver con las FARC que con un proceso más profundo de construcción del Estado. Colombia está fragmentada por divisiones geográficas y raciales, patrones desiguales de colonización e inversiones irregulares en infraestructura.

El resultado es que los participantes en los proyectos de la OACP son a menudo escépticos acerca de hacer cualquier alianza con el Estado en absoluto. En una reunión a la que asistí, una mujer dijo:

El conflicto tiene un trasfondo político, social y económico. Las estructuras de poder han generado este abandono, un legado cultural en el que se han normalizado la violencia, la pobreza y la exclusión. Estas reuniones, convocadas por aquellos que se supone deben garantizar el cumplimiento del acuerdo, ¿conducirán realmente a cambios profundos? Muchas cosas no se están cumpliendo. No veo ninguna voluntad política.

La OACP está tratando de dar a la gente una nueva oportunidad de expresar estas emociones a los representantes del Estado que sean sensibles. Muchos de los funcionarios que he conocido están profundamente comprometidos a «hacer las cosas de manera diferente». Entre ellos se encuentran personas que antes trabajaban en varias ONG y agencias internacionales, y que ahora esperan transformar el Estado y su relación con la sociedad desde dentro. Tienen que engrosarse la piel rápidamente; no es fácil ser enfrentado frecuentemente a acusaciones sobre «el Estado» que abruman su propia capacidad de asumir responsabilidades.

Pero la prueba final será el comportamiento del próximo gobierno en términos de la continuidad de la política de paz de la administración Santos. Simplemente no es suficiente enviar un pequeño equipo de funcionarios estatales bien intencionados para que sean interlocutores comprensivos. Si el gobierno no cumple con los compromisos adquiridos en los Acuerdos de La Habana y los implementa de manera convincente, sólo reforzará las actitudes profundamente cínicas de muchos colombianos hacia el Estado. Esto hará mucho más difícil que la sociedad reconozca su propio deber de participar en la consolidación de la paz y, a su vez, pondrá el proceso de paz, ganado con tanto esfuerzo, en segundo plano.

Traducido del inglés por María Cristina Sánchez