Investigación: Vicky Rubio
Esta es la primera de dos entregas que pretenden aportar con claves para entender el problema petrolero de Chevron en el Ecuador tras 25 años de lucha.
La fundación Rosa Luxemburgo acoge testimonios de miembros de la Unidad de Afectados por las Operaciones de Texaco tras 25 años de lucha.
Hace 25 años, llegó a las cortes de justicia de New York, un grupo de ecuatorianos entre amazónicos y colonos, demandando a la multinacional petrolera Texaco, ahora renombrada Chevron, por daños medioambientales en el territorio amazónico de Sucumbíos y Orellana que fueron mina petrolera de extractivismo de la empresa.
La demanda solicitaba a Texaco la restauración y reparación de 162 piscinas petroleras que han causado una serie de daños ambientales, culturales y de salud para la población tanto humana como animal de la zona, debido a la contaminación del agua y aire por derrames del llamado oro negro.
La UDAPT, Unidad de Afectados por las Operaciones Petroleras de Texaco, conformado por las nacionalidades ecuatorianas Siekopai, Siona, Ai’kofan, Kichwa, Waorani, Shuar y colonos, explica todo el proceso histórico, legal y cultural al que se han sometido estos grupos sociales residentes en Sucumbíos a raíz de la explotación petrolera en su territorio, gracias al espacio proporcionado por la fundación Rosa Luxemburgo.
Mariana Jiménez, representante colona de la UDAPT, cuenta que desde 1972 migró de su provincia natal Loja a Sucumbíos, quedando encantada de la diversidad y pureza del oriente ecuatoriano. Marina, indica que los primeros índices de contaminación, se dieron con la muerte de animales como capibaras, tigres o guantas, cuya principal fuente de hidratación era el agua contaminada de los ríos, al igual que la presencia de “lluvia negra” producto de la quema del hidrocarburo y llagas en la piel en personas cercanas a los pozos petroleros. Con estas primeras señales, junto con otras mujeres colonas, deciden visitar el Ministerio de Salud demandando una respuesta que fue negada. A su regreso, emprenden una nueva alternativa y se dirigen hacia comunidades indígenas que les permitan encontrar una cura a las alarmantes llagas en la piel y se entabla una unión entre el pueblo indígena y colonos.
Establecida dicha unión, la población construye pequeños planes de convivencia que prevengan la expansión de la contaminación dentro de los hogares, siendo la recolección del agua de lluvia para la alimentación, aseo y regadío, su principal exponente puesto que todos los poblados adyacentes al territorio petrolero, no contaban con el acceso a agua potable o tuberías y se abastecían de este recurso por medio de ríos y acequias, ahora fuertemente contaminadas.
Por otro lado, Humberto Piocapar, representante del pueblo indígena secoya, explica que para su pueblo la explotación petrolera trajo consigo grandes pérdidas culturales y sociales desde la contaminación de los ríos Sushufindi y Eno, ejes hídricos de las comunidades; muerte de animales, desplazamientos forzosos, reducción de territorios y violencia al cual su pueblo fue sometido, con el máximo exponente de la desaparición de los pueblos Tetete y Sansahuari, desconocido para los ecuatorianos. Al igual que estos datos, se publicaron estadísticas por un equipo de entrevistadores en territorio Cofán, que hacía referencia al total de personas que se desplazaron como consecuencia de la contaminación petrolera siendo un 45,95% de colonos y 54,04% indígenas.
Humberto también indica que, tras dichas circunstancias, su población recurría a las explicaciones dadas por del pueblo blanco, apoyado fervientemente en grupos evangelizadores que habitaban la Amazonía dentro y fuera de las comunidades. Los representantes de dichos grupos, calmaban las inquietudes de la población indígena, sosteniendo que son cambios buenos tanto para el país como para su pueblo, mediante una evidente manipulación psicológica que tiempo después sería revelada gracias a una investigación que esclarecía la relación clandestina que mantenía Texaco/Chevron con misioneros del Instituto Lingüístico de Verano y educadores evangélicos de los pueblos amazónicos, con la finalidad de que los indígenas permanezcan lejos de la problemática. Conjunta a dicha investigación, se publicaron datos sobre violencia de género, discriminación, explotación, femicidio y abuso sexual a pueblos indígenas por parte de miembros de la compañía, en el libro “Las palabras de la Selva” de la bióloga Ana María Varea, visibilizando a un más todas las repercusiones de la problemática del extractivismo petrolero en la zona, más allá de la contaminación.
Gracias a la elaboración de dicho texto, se registraron datos de encuestados colonos e indígenas que determinaban que un 54,8% de personas sufrió las consecuencias de derrame de piscinas; un 50,7% se vio afectado por al menos un derrame de oleoducto; un 39,5% fueron afectados por las sísmicas, conocidas como un impacto de las explosiones en las personas, tierra o casas; un 35,1% fueron afectados por mecheros como contaminación del aire o del agua por precipitación del humo.
En el año 1985 el río Quinchayacu y Napo ya mostraban grandes índices de contaminación por lo que sus pobladores “tenían que apartar el crudo con las manos para agarrar el agua de consumo y para bañarse”, y según una encuesta a kichwas elaborada por El Descanso, “señala que cada vez que llovía se regaba el crudo de las piscinas y, a causa de la combustión de los mecheros, el agua de lluvia que recogían para tomar tenía una capa de hollín”.
Los testimonios recogidos tanto por la UDAPT, como por grupos de investigadores, aseveraron que los trabajadores o directivos de la empresa indicaban a colonos e indígenas que el petróleo y los demás residuos tóxicos derramados en su territorio poseían elementos de efectos beneficiosos en la salud, por lo que varios pobladores digerían directamente petróleo con la creencia de que este era curativo.
En grupos focales Cofán y Secoya se recogieron varios relatos de episodios de inducción al consumo de alcohol, al que se sumaron varias mujeres colonas, señalando que los diagnósticos de médicos y ginecólogos sobre problemas de embarazo, amenazas de aborto o malformaciones, fueron atribuidas por riesgo de la contaminación petrolera y contacto con el agua contaminada.
De igual forma, se registraron 306 casos de cáncer en 227 familias encuestadas, tomando en cuenta que la mayor parte de aparición de casos de cáncer se efectúo después de varios años y décadas de convivencia y exposición a contaminación petrolera. De dichos datos se determinó que el cáncer de estómago se encontraba presente en un 20,27%, de útero 19,6% y leucemia con 9,3%, con un índice de fallecimiento por cáncer en un 10,2% en menores de 15 años.
También se entabló un apartado referente a la violencia sexual sufrida por mujeres ecuatorianas a causa de miembros de Texaco, revelando gracias a encuestas en poblados indígenas y colonos que “La gente de Texaco trataba, todo el tiempo de abusar sexualmente de las mujeres. Les decían que se acuesten con ellos a cambio de que les lleven en el auto”. En Sushunfindi los se explicaba a los grupos encuestadores que los miembros de la multinacional “cambiaban comida por el cuerpo de las mujeres, porque no cargaban dinero y por eso violaban”.
Tras 25 años de lucha, los sobrevivientes al extractivismo petrolero, solicitan la ayuda y el apoyo del pueblo ecuatoriano para que se continúe con la justicia de la Amazonía y se efectúe un proceso de remediación efectivo. La UDPAT, muestra pesar al difundir la información y datos sobre lo ocurrido en su territorio, sobre todo al expresar que gran parte de los testimonios que se recogieron en su momento, pertenecen a personas que ya han fallecido a causa de la contaminación petrolera.
En la siguiente entrega, desglosaremos la historia del proceso legal del caso.