El pasado viernes, pocas horas después de la firma del acuerdo de apoyo presupuestario con Nueva Canarias, el gobierno Rajoy emitía un comunicado denunciando como una provocación la composición del nuevo govern catalán y anunciaba la continuidad de la aplicación del art. 155 con su veto a los nombramientos. Sobre el independentismo catalán pesa de nuevo la amenaza de nuevas elecciones autonómicas y sobre el gobierno Rajoy que se frustre la aprobación de los presupuestos de 2018 en los debates de esta semana en el Congreso de los Diputados. Sumado al espectáculo de la crisis autonómica madrileña y la pendiente y continuamente aplazada negociación de la financiación autonómica, se hace cada vez más patente no solo el agotamiento de la legislatura sino la dificultad de seguir gobernando un régimen cuyos mecanismos jurídico-administrativos están gripados.
La táctica del “mal menor” y la estrategia de Puigdemont
El PNV parecía haber vendido su lectura de la crisis del régimen del 78 y su táctica del mal menor a la cada vez más enrarecida dirección del independentismo catalán, en manos de Puigdemont. El peligro del espectro engrandecido de Ciudadanos, y el giro político a la derecha que implica, aconsejaban ganar tiempo a falta de una alternativa de izquierdas y la perspectiva de una alternancia hegemonizada por Rivera. Pero es muy fácil predicar moderación desde el concierto vasco y muy difícil cuando hay exiliados y presos políticos catalanes. Más cuando la legitimidad que les sostiene es la defensa de los resultados de muchas movilizaciones a lo largo de la última década, especialmente de la consulta del 1 de octubre con más de dos millones de votantes a pesar de la represión policial.
La decisión de Puigdemont de designar como candidato a Quim Torra, tras los bloqueos judiciales de su propia candidatura y la de Turull, parecía una cesión a las peticiones del PNV y ERC de un “govern viable” capaz de recuperar la autonomía jurídica de las instituciones catalanas intervenidas. Pero como se ha hecho evidente en pocos días, estaba subordinada a su estrategia “legitimista”, en una guerra cultural que debería tener su apogeo en el momento de los juicios contra los exiliados y los presos políticos independentistas. Y forzar la aplicación por segunda vez del art. 155 por el gobierno Rajoy es un elemento decisivo de esta estrategia, en la medida que extiende al conjunto de las instituciones catalanas la situación jurídica de los acusados independentistas. La construcción política de abajo a arriba de un frente soberanista por el derecho a la autodeterminación es sustituida por un llamamiento nacionalista de arriba a abajo frente a la represión.
A pesar de la campaña contra Torra por sus simpatías hacia la derecha nacionalista de Estat Català -una campaña protagonizada, entre otros, por los ministros que cantan sin sonrojo el himno de la Legión extranjera “soy el novio de la muerte” antes de asistir a las procesiones católicas de Semana Santa-, para Rajoy y su portavoz catalán Enric Millo lo importante era que se formase un gobierno catalán y abrir la ventana de oportunidad para la aprobación del presupuesto de 2018. Los supuestos herederos de Estat Català creían haberle pillado el punto a los confesos herederos del franquismo y, dispuestos a demostrar sus tragaderas, han estirado la cuerda en una guerra cultural y jurídica de desgaste que alimenta al principal enemigo electoral de Rajoy, Albert Rivera.
Provocación y represión
Las simpatías ideológicas de Torra, sus desplantes en la toma de posesión sin acatar la Constitución de 1978, su visita a Berlín para ser ungido por el “president legítim” Puigdemont, han ido elevando el coste político de la permisibilidad del gobierno Rajoy, que parecía consolarse con la carta del nuevo president catalán pidiendo diálogo sin condiciones y una entrevista. Pero la designación de su gobierno con dos exiliados y dos presos (a nadie parece importarle que solo tres mujeres…), su prevista entrevista en la cárcel de Estremera para la toma de posesión de los consellers “restituidos” en sus cargos, han acabado por romper la cuerda. El sábado 19 el propio gobierno Rajoy distribuía a los medios de comunicaciones una nueva interpretación de su propio comunicado de veinticuatro horas antes. Lo que era una amenaza se convertía ahora en una decisión: el gobierno Rajoy no levantaría la aplicación del art. 155 -poniendo en peligro la aprobación del presupuesto- si Torra no cambiaba la composición anunciada de su govern y excluía a presos y exiliados.
La argumentación legal para privar de sus derechos de ciudadanía a los políticos exiliados y presos provisionales es una retorsión adicional de la interpretación del dictamen consultivo del Consejo de Estado Nº 429/2018 sobre la Ley 13/2018 aprobada por el Parlament de Catalunya sobre la presidencia y el gobierno de la Generalitat. Con esta argumentación el Tribunal Constitucional bloqueó la toma de posesión no presencial de Puigdemont como president “ausente” (fuera del territorio de la autonomía de Cataluña). El dictamen del Consejo de Estado especificaba además que el quorum necesario de las reuniones del govern, aunque se realizasen con medios telemáticos, no podía alcanzarse con los consellers que no estuvieran físicamente presentes ni participar en la toma de decisiones aquellos que estuvieran “ausentes” de Cataluña. Esa interpretación es sin duda la que utilizará el Tribunal Constitucional cuando el gobierno Rajoy fundamente su veto del nuevo govern aplicando el art. 155 con un recurso de anticonstitucionalidad.
No parece probable que Torra se avenga a someterse a semejante chantaje. Ni que Rajoy sea capaz de superar la presión de Rivera, que ha venido denunciando sin tregua la aplicación “moderada” del art.155 del gobierno, hasta el punto de declarar la retirada de su apoyo mientras alimentaba una campaña contra la lengua, la escuela y la televisión pública catalanas.
Aún así, Ciudadanos se disponía a apoyar los presupuestos de 2018, para alargar su festín de votos y construir una red municipal y autonómica “regeneracionista” sobre la carroña del caciquismo del PP. El movimiento defensivo del gobierno Rajoy ha consistido en sacar del armario al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, como portavoz del “frente moderado” del 155, para que fuera anunciando su reimposición tras la aprobación de los presupuestos de 2018. ¡Qué carrera la de Sánchez!: de reformar la Constitución ha pasado a la ambiciosa y original propuesta de reformar el código penal para castigar las ideas, anhelos, luchas y políticas independentistas adecuando el delito de “rebelión”. Y con retranca, “adecuarlo al siglo XXI”.
Esa era la estrategia de Rajoy, que ahora se esta viendo desbordada por el ardor españolista de la defensa del art. 155: apoyarse a la vez en la coalición presupuestaria con C’s y el PNV, y en el “frente moderado” del 155 con el PSOE, para seguir siendo el amo de la charca dos años más. Es decir, contar con el aparato del estado para arropar las campañas electorales municipales, autonómicas y europeas del PP en 2019.
Judicialización y hegemonía
En el escenario de confrontación de los próximos días, que sin duda acrecentará la crisis constitucional en Cataluña y puede acabar no solo con nuevas elecciones autonómicas en Cataluña sino con un adelanto de las generales en el Reino, conviene también hacer balance de algunos factores secundarios, pero importantes.
La judicialización de la represión, que ha acompañado y justificado la aplicación del art. 155 en Cataluña resquebraja su legitimidad ante la incompetencia del auto del juez Llarena -cuyos argumentos para la extradición de los exiliados han sido rechazados ya por los jueces en Bélgica y muy probablemente lo sean en Alemania- y la falta de pruebas de malversación de unos fondos públicos intervenidos por Montoro meses antes de la consulta del 1 de octubre. A medida que se erosiona la fuerza del derecho se hace más descarnado el derecho de la fuerza y las limitaciones democráticas del régimen del 78, no solo internamente sino también a nivel europeo. El desplante de Rajoy en el último Consejo europeo por la presencia de Kosovo y el bloqueo de las negociaciones sobre el control fronterizo del aeropuerto de Gibraltar son pruebas de ello.
El pulso por la hegemonía en el bloque independentista, que lo es también por su orientación estratégica, queda una vez más subordinado a la polarización nacionalista que reflejan los discursos de Rajoy y Rivera, por un lado, y de Puigdemont y de Torra, por otro. ERC ve bloqueada su propuesta republicana de acumulación de fuerzas buscando alianzas con Catalunya en Comú en un bloque por el derecho a decidir y contra el régimen del 78. La alternativa que se le ofrece es compartir el govern y enfrentarse en las elecciones municipales a Ada Colau en Barcelona, bloqueando así un giro a la izquierda.
La CUP decidió la abstención, permitiendo la elección sin condiciones de un candidato no solo tan distante de su tradición republicana, sino con posiciones muy derechistas, autor de varios artículos (no un twit, una frase o un párrafo) claramente contrarios a las movilizaciones del 15-M, con críticas generalizadas a los “españoles”… El portavoz del secretariado de la CUP, Lluc Salellas, lo justificó así: «El contexto de limitación de derechos y de auténtica represión de un Estado totalitario nos lleva a no bloquear la investidura». Y, efectivamente, la represión del Estado español ha supuesto 7 personas en el exilio, 13 en prisión, 12 detenidas y 259 cargos de la Generalitat cesados. Hay órdenes de busca y captura a militantes de los Comités de Defensa de la República, la principal fuerza popular de resistencia organizada por territorios. Pero las abismales diferencias ideológicas con Torra, más allá de la defensa genérica del derecho a la autodeterminación y la resistencia a la represión del Estado, no pueden eximir de un análisis concreto del callejón sin salida al que conduce su visión elitista y nacionalista del independentismo. Puestos a hacer analogías históricas, una disyuntiva similar fue la que produjo un giro a la izquierda de sectores mayoritarios que rompieron sucesivamente con Estat Català después del fallido pronunciamiento de 1926 en Prats de Mollo (Balius, Arquer, Compte, Rovira…).
Imperium y dominium
El principal reto para la defensa del derecho a la autodeterminación es ampliar la base social de sectores no independentistas. Eso supone dirigirse también a los movimientos sociales que tiene otras prioridades no estrictamente soberanistas. La concepción de la “república” es muy diversa según las distintas posiciones políticas que dicen defenderla. No puede ser de otra manera cuando son tantas las personas (¿la mitad, un poco más de la población?) que se sienten defensoras de la misma. La república no es únicamente, aunque en una situación como la actual eso ya sea muy importante, ausencia de rey. Eso puede conformar a la derecha independentista. Para las izquierdas la república es (o debería ser) acabar con lo que la vieja tradición de la libertad republicana ha llamado imperium y dominium. Es decir, acabar con las muchas formas de dominación, especialmente los derechos de propiedad como hoy están configurados, que sitúa a la gran mayoría de la población al arbitrio de unos cuantos poderosos, el dominium; y acabar también con la degeneración despótica de las instituciones políticas, el imperium.
Acabar con la degeneración despótica de las instituciones políticas puede posibilitar alguna convergencia entre la derecha y la izquierda soberanista, como así está ocurriendo, pero terminar con el dominium separa a ambas de forma taxativa. Y ahí es donde puede formarse una gran base social en defensa de la república catalana que abrace a la gran mayoría de la población. Esto, claro está, exige el desplazamiento hegemónico de la dirección soberanista catalana de la derecha nacionalista.
Buena parte de la izquierda española, basándose en el carácter evidentemente clasista de lo que hoy representa Torra y sus antecesores (“antiobreros», “lo mismo que Rajoy en política económica”, “no nos sentimos atraídos por este proyecto”…), se ha desentendido, más allá de alguna declamación más o menos episódica, de la legítima lucha por la autodeterminación contra unas instituciones políticas que, por una u otra razón, son vistas en Cataluña como dominadoras y despóticas, el imperium. Ha captado bien una parte, el dominium, ha tenido muchas dificultades para calibrar la otra, el imperium. En términos de su propio horizonte estratégico, le está resultando caro.
