Ecuador inicia mañana la firma pública del Pacto con la Niñez y Adolescencia. Este pacto constituye la expresión de compromiso del Estado ecuatoriano con seis millones de conciudadanos menores de 18 años para:
– Profundizar la conciencia y compromiso con la garantía de los derechos humanos de la niñez y adolescencia.
– Expresar la decisión del Gobierno Nacional para la implementación de políticas públicas con estándares de derechos humanos que transformen sus vidas.
– Consolidar los avances y asumir los temas pendientes.
En el marco de esta iniciativa, Pressenza entrevistó a Berenice Cordero, Ministra de Inclusión Económica y Social. Aquí, a entrevista.
Un balance de avances y desafíos
Avances hay muchos y muy importantes. La escolaridad, por ejemplo: hemos subido incluso lo que son la matricula en la educación de bachillerato prácticamente a 75% y la educación básica general que llega al 93-94% en la matricula. Igualmente hay avances en el acceso a la salud, tenemos uno de los cuadros más completos de vacunas, las atenciones han mejorado sustancialmente. Se ha disminuido la pobreza, del 36% al 16% y también la pobreza extrema que al momento está en el 8%, ya una disminución significativa frente cifras de diez años atrás y esperamos, en este gobierno, llegar al 3.2%. El aumento en el gasto social ha sido muy importante. En el año 2000 la inversión en salud era de 180 millones de dólares y hoy, está cercana a los 3 mil millones de dólares.
Sin embargo, persisten y aumentan situaciones muy difíciles. Una de ellas, la violencia física, psicológica, social, que están naturalizadas y son parte del cotidiano de las familias. La cultura patriarcal, las relaciones de poder nocivas siguen predominando en la educación de niños, niñas y adolescentes. Nuestra escuela sigue obedeciendo a un modelo violento y este, sin duda, es un pendiente que tenemos como sociedad y país.
Hay otras áreas importantes como el trabajo infantil que, si bien ha disminuido a prácticamente la mitad, sigue subsistiendo en sus formas de trabajo intrafamiliar, el trabajo agrícola, el trabajo en mineras, por ejemplo. A ello se suman fenómenos emergentes como el bullying, el ciber acoso, etc. En fin, la violencia es un factor de conducta naturalizado. Un estudio de la Universidad San Francisco de Quito con Plan Internacional muestra cómo el 80% de madres de la zona centro del país dicen que sus hijas no pueden distinguir cuándo están siendo violentadas. Es clara entonces la urgencia de un cambio radical.
Finalmente, creo que se requieren ciertas medidas particulares para un grupo de familias que no pueden protegerse a sí mismas, son aquellas familias que están de capital inferiores a $40 mensuales, son ciertas familias que dadas las situaciones económicas del mercado no pueden protegerse a si mismas y requieren una asistencia particular por parte del estado, una solidaridad a través de acompañamiento familiar.
El Pacto
Ecuador presento su último informe al Comité de los Derechos del Niño el año anterior a través del Ministerio de Justicia. El país recibió 30 recomendaciones sobre temas que le preocupan al Comité: la creciente escalada de violencia que hay en el país respecto a los niños, la violencia sexual contra los niños, la temática del embarazo tan temprano en las niñas el trabajo infantil que no se ha logrado erradicar, la trata, el tráfico, el consumo de drogas y alcohol, hay un conjunto de 30 recomendaciones que tienen que ser atendidas.
El Pacto es un instrumento que nos va a permitir dar seguimiento al conjunto de preocupaciones que tiene el Comité mediante acuerdos entre la autoridad pública y las redes contra la violencia a la niñez y adolescencia que se han vuelto a reactivar en el país a propósito del diálogo. El pacto es un producto de estas preocupaciones. Hay organizaciones muy preocupadas por el trabajo infantil, hay organizaciones preocupadas por la situación de acogimiento familiar de los niños; preocupadas por el tema del ciber acoso, pues las cifras muestran que el 10% de los estudiantes menores de los 18 años han sido victimas de ciber acoso o el 30% son víctimas de maltrato extremo: duchazos de agua fría, dejarle sin comer, sacarle de la vivienda en la noche.
Todo esto es intolerable, la sociedad tiene que decidir que nadie puede cruzar un límite. Insisto, hay un enorme deuda social respecto a la violencia y creo que también hacia la mujer y hacia los niños, hacia los adultos mayores también o hacia las personas con discapacidad.
El Pacto es un acuerdo que se firma entre actores de la sociedad civil y actores políticos públicos para garantizar el ejercicio del derecho de los niños y cerrar esas brechas que estoy mencionando que todavía existen. Que nos compromete a todos a trabajar en la política de la protección integral de la niñez y adolescencia, en la especificidad que esto significa.
Es un acuerdo entre actores públicos porque compromete a varias carteras de Estado, es una respuesta estructurada del gobierno ecuatoriano a estas preocupaciones y un compromiso corresponsable con la sociedad civil y con los niños, niñas y adolescentes del país.
El Pacto Nacional tiene unos pactos específicos, algunos se van a firmar el jueves 10 de mayo en Guayaquil, y otros en diferentes ciudades, identificando relevancias temáticas. Por ejemplo, sabemos que en el sector de viajes y de turismo sexual la ciudad de Santo Domingo de los Colorados tiene un peso específico, es necesario entonces un pacto específico con acciones concretas frente a esa temática, en esta ciudad.
Por qué con la niñez y la adolescencia
Porque son más vulnerables. La pobreza afecta particularmente a los niños. Proteger los derechos de la niñez tiene que ver con la protección de la vida, con la posibilidad de contribuir simplemente con el derecho que tienen los niños a vivir, eso es algo que la sociedad tiene que renovar. El Pacto, además, convoca a la sociedad a escuchar a los niños y las niñas.
Berenice Cordero, Ministra del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES, Ecuador
En la frontera
El MIES ha respondido en la primera etapa de la crisis que se presentó en la frontera, con lo que llamaríamos ayuda humanitaria. En el caso de San Lorenzo, tenemos cerca de 139 personas que trabajan y en toda la zona incluyendo Esmeraldas 400 personas trabajando, atienden al adulto mayor, las personas con discapacidad. Lo que hicimos es atender el desplazamiento interno forzoso desde Mataje hacia la zona de San Lorenzo.
Lo que hemos hecho es atender a los niños, atender a las familias, poner atención psicosocial con personas que tienen un entrenamiento especifico para eso y proveer también de abastecimiento: kits higiénicos, alimentación, etc. Por otra parte, con los pueblos Épera, Awá y Chachis de la zona de la frontera, hemos respetado su decisión de permanecer en sus lugares de residencia y hasta el día de hoy seguimos abasteciendo a estos pueblos y nacionalidades.
Por otra parte, es necesario discutir el fortalecimiento de la atención y presencia de las políticas sociales en la zona y superar brechas. En San Lorenzo, por ejemplo, hay uno de los hospitales de traumas más modernos del país y, al mismo tiempo, en Mataje, no hay escuelas completas, no hay bachillerato. Son condiciones que se tienen que corregir y es necesario, además, fortalecer a la propia sociedad civil.
Finalmente, estamos absolutamente claros que este es un problema de corresponsabilidad. Creemos que Colombia y Ecuador somos corresponsables en estas materias y que tenemos que actuar de forma conjunta. Creemos que tiene que haber una acción corresponsable, tiene que haber un plan binacional.
