Un contrato que niega derechos y «recompensa» a los más ricos
El «contrato gubernamental» de M5S-Liga sobre el agua es sólo un espejito para las alondras y no respeta en absoluto el referéndum de 2011.
Como Foro Italiano de los Movimientos por el Agua, promotores del referéndum sobre el agua y los servicios públicos en 2011, tenemos la intención de expresar nuestra evaluación, en primer lugar, porque se aborda explícitamente el tema de la gestión de los servicios del agua.
Por otra parte, ya que creemos que el agua y su gestión pública y participativa constituyen un paradigma de otro modelo de sociedad a partir del cual resulta imprescindible para nosotros hablar también sobre la estructura general de las opciones del gobierno.
Debemos señalar cómo la parte relativa al agua es totalmente insuficiente e inadecuada. Por el contrario, se corre el riesgo de obtener como resultado la consolidación de la actual estructura de gestión y gobierno orientada a la máxima mercantilización del bien.
Haciendo referencia explícita a la aplicación de la voluntad popular expresada en el referéndum de 2011 y utilizando el adjetivo «público» se cubre de un significado que intenta ocultar la ausencia total de contenido.
Es muy grave que se intente reducir el resultado del referéndum a la única necesidad de realizar inversiones para la reestructuración y saneamiento de la red de agua, entre otras cosas, sin especificar quiénes deben realizar estas inversiones.
Igualmente grave y peligroso es el hecho de que sea gestionado por una «empresa de servicios local», que es el modelo de empresa privada ya previsto por la legislación vigente. Como pueden ver, el «contrato» sigue servilmente la legislación existente ¡que no respeta el referéndum!
No se tiene en cuenta mínimamente la necesidad de introducir un cambio radical en la legislación sobre los servicios públicos locales y, en particular, en el servicio integrado del agua, con vistas a su reedición. Un giro necesario en las políticas, transversalmente compartidas en los últimos veinte años, que han hecho del agua un bien de consumo y del mercado el punto de referencia para su gestión, causando en todas partes degradación y derroche de recursos, inseguridad laboral, empeoramiento de la calidad del servicio, aumento de tarifas, reducción de la financiación de las inversiones, gestión antieconómica, expropiación del conocimiento colectivo, falta de transparencia y democracia. En otras palabras, el fracaso total de los objetivos prometidos por una fuerte campaña de promoción con respecto a los beneficios de la privatización y de las llamadas asociaciones público-privadas –mayor calidad, mayor economía, mayor inversión – que, en la práctica, han demostrado ser totalmente inconsistentes.
No se hace referencia a la redefinición de un sistema arancelario que excluye definitivamente cualquier partida imputable al beneficio, dado que la prevista por la ARERA contradice claramente el resultado del referéndum al devolver por la ventana lo que fue expulsado por la puerta a través del referéndum.
Por último, no se tiene en cuenta la necesidad de retirar las delegaciones sobre el agua de la ARERA, dada la seriedad de las decisiones tomadas y el enorme conflicto de intereses existente (el controlador está financiado por la entidad fiscalizada), lo que las pone bajo la competencia del Ministerio del Ambiente.
Sin embargo, estos deberían haber sido los hitos, al menos para el M5S, dado que en la última legislatura la gran mayoría de los parlamentarios se habían unido al Intergrupo por el agua, un bien común, firmando y depositando el proyecto de ley «Principios para la protección, gobierno y gestión pública del agua y disposiciones para la reedición del servicio de agua«, que los contiene todos de manera explícita.
Sobre la base de estas consideraciones, no podemos dejar de definir este punto del «contrato» como un verdadero espejo para el cielo.
Por otra parte, el concepto mismo del agua como bien común y derecho humano universal forma parte de una concepción del mundo y de la sociedad basada en valores indispensables como el antifascismo, el antirracismo y la solidaridad entre los pueblos y los individuos. Estos valores son difíciles de encontrar en un «contrato gubernamental» en el que surge con fuerza un rasgo que no podemos dejar de calificar de racista y xenofóbico, que pretende llevar a cabo una serie de acciones contra los más débiles, los migrantes, los gitanos y que declara la guerra a quienes luchan contra la marginación y llevan años batiéndose por el derecho a vivir a través de la ocupación de bienes abandonados al deterioro o, peor aún, a la especulación.
Del mismo modo, no puede haber agua pública sin justicia social apoyada en medidas económicas y fiscales adecuadas, lejos de aquellas que son un retroceso y están presentes en el contrato, como el llamado «flat tax» (impuesto plano) que, por un lado, beneficia a las rentas altas frente a las bajas y que necesariamente implicará un recorte sustancial del gasto público, especialmente en servicios y atención sanitaria, para encontrar recursos que lo cubran.
También en este sentido, el «contrato gubernamental» no cuestiona concretamente las restricciones presupuestarias impuestas por la Unión Europea, y mucho menos el pacto de estabilidad interna, el presupuesto equilibrado, las políticas aplicadas con la trampa de la deuda pública y los recortes previstos por las diversas «spending review» (revisiones del gasto), ese conjunto de políticas de austeridad que alimentaron la crisis y que desde hace mucho tiempo han forzado contra la pared a las autoridades locales poniendo en peligro su función pública y social histórica, por ejemplo, la naturaleza pública del agua y otros servicios colectivos.
Pretendemos denunciar enérgicamente los principios inspiradores de este «contrato» y anunciar ahora mismo que utilizaremos toda nuestra pasión y compromiso para lograr finalmente la aplicación real de la voluntad de la gente y la gestión pública y participativa del agua.
Foro Italiano de los Movimientos por el Agua
Traducido del italiano por María Cristina Sánchez
