El juez administrativo declaró ayer, 4 de mayo de 2018, la legitimidad activa de ASGI, que desde hace más de 28 años protege los derechos de los refugiados, migrantes y solicitantes de asilo ante los tribunales italianos y extranjeros, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Por primera vez la asociación se declara legítima para defender y proteger las peticiones de ciudadanos extranjeros en el marco de los procedimientos administrativos, como en el caso en cuestión, en el que el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional y el Ministerio del Interior acordaron el desvío de 2,5 millones de euros del Fondo Africano para la nueva puesta en servicio de 4 patrulleras a las autoridades libias.
Por lo tanto, la ASGI solicitará en breve al TAR, como ha indicado el Consejo de Estado, que decida sobre la legitimidad de utilizar los recursos del Fondo Africano para respaldar y apoyar a las autoridades libias en el bloqueo de la fuga de migrantes de Libia, donde son sistemáticamente sometidos a detención indiscriminada, tortura y violencia. Trato inhumano que también afectó a los que fueron devueltos a Libia el 6 de noviembre de 2017, como se explicará en la rueda de prensa del martes 8 de mayo de 2018.
