Parece que el sol no está resplandeciendo para la industria minera, ya que el gobierno, encabezado por el propio presidente, despotrica contra las compañías mineras que las obligan a plantar árboles. Posteriormente, el secretario del Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales emitió una orden administrativa que exigía la rehabilitación progresiva y los límites mineros para que los sitios mineros no parecieran ser destructivos para el público. Parece que estos son indicios de que la prohibición de las minas a cielo abierto y la moratoria sobre la apertura de nuevas minas se levantarán pronto.

Obligar a las empresas mineras a plantar árboles forma parte del proceso de rehabilitación requerido para al menos compensar los daños ambientales proyectados asociados a sus actividades mineras. Pero plantar árboles y reverdecer el sitio de la mina no pondrá fin a estos diversos problemas relacionados con la minería. En cambio, es una respuesta que pasa por alto las violaciones de los derechos humanos cometidas por las empresas mineras, incluidos los desplazamientos, los conflictos internos en las comunidades, la pérdida de los medios de subsistencia, así como el ecosistema alterado, si no dañado, que nunca será restaurado.

Por otra parte, una orden administrativa que exige la rehabilitación progresiva con la imposición de límites mineros es una medida positiva. Pero la intención de la política plantea interrogantes, ya que la consulta sobre el tema se limitó a la industria minera y sin compromiso con las comunidades afectadas.

Además, la imposición de nuevos límites mineros parece positiva a primera vista, pero el quid de la cuestión está en el Acuerdo de Distribución de la Producción Minera (MPSA, por sus siglas en inglés) aprobado, que sigue siendo efectivo sin ningún cambio. Requerir a las compañías mineras que extraigan áreas específicas y luego requerir la plantación inmediata de árboles sólo les da a los mineros una hendidura de flecha en la pared.  La ecologización de las minas es una buena proyección para minimizar la indignación pública contra los sitios de tierras áridas marrones debido a la minería. Pero al final del día, esto todavía no abordará el hecho de que las comunidades son afectadas negativamente, sus medios de vida perdidos, sus fuentes de agua contaminadas, y la composición topográfica y de biodiversidad de su área es alterada para siempre.

¿Por qué no imponer una moratoria total a la minería hasta que se formule una política minera más humana y sólida? El Proyecto de Ley de Manejo de Minerales Alternativos (AMMB) es una buena opción. Prohibir totalmente la minería y declarar zonas específicas como zonas prohibidas para la minería es un milagro por el que las comunidades afectadas y los defensores del medio ambiente han estado rezando durante muchos años.

¿Es probable que esto suceda? ¿Escucharán nuestra oración nuestro presidente y el secretario de la DENR? Comunidades socias y otros defensores del medio ambiente, preparémonos y oremos para que sean sinceros y fieles a sus palabras. Pero estemos preparados y roguemos que no se nos engañe para que se convierta en una estratagema. Miremos más allá de la campaña «¡Verdeciendo las Minas! Presionamos por la Rehabilitación Genuina”, donde la gente es parte de la elaboración del plan y donde las compañías mineras dan reparaciones y pagan por los daños que han hecho a la naturaleza y a la gente de la comunidad.

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